Los tiempos de la Fiscalía de Baigorrí: avanza la causa del Acueducto Gran Tulum mientras otras denuncias que rozan al orreguismo tuvieron otro destino
La investigación por el Acueducto Gran Tulum avanza sobre Sergio Uñac y Cristian Andino, dos posibles protagonistas de la pelea por 2027. El contraste aparece con una denuncia por casi $4.800 millones en compras de la gestión Orrego y con otra causa contra un asesor de Deportes que terminó archivada

Tres causas permiten mirar los tiempos de la Justicia sanjuanina. Una investiga presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum e involucra al exgobernador Sergio Uñac y al diputado Cristian Andino. Otra apunta a 465 compras directas por casi $4.800 millones realizadas por el gobierno de Marcelo Orrego a José Nazareno Gazzé, empresario con vínculos históricos con el partido oficialista Producción y Trabajo. La tercera involucró a Héctor “Willy” Lucero, asesor de la Secretaría de Deportes denunciado por el supuesto desvío de un subsidio de $16 millones, que fue archivada.
Si bien los expedientes son diferentes y no pueden equipararse automáticamente, puestos uno al lado del otro permiten observar las respuestas del Ministerio Público Fiscal frente a causas políticamente sensibles. Sobre todo porque desde el año pasado la el puesto de Fiscal General es conducido por Guillermo Baigorrí, exdiputado provincial y expresidente de Producción y Trabajo, el partido del que proviene el gobernador Marcelo Orrego.
El timing del avance de la causa del Acueducto, en la previa de un evento con figuras de peso en el PJ y mientras el oficialismo se endeuda por US600 millones, es por lo menos curioso.

El expediente que más avanzó en los últimos días es el del Acueducto. Este miércoles 30 de septiembre, los fiscales que investigan las presuntas irregularidades pidieron formalizar la investigación. El movimiento vuelve a poner bajo la lupa a Uñac y Andino, dos dirigentes cuyos nombres aparecen en las conversaciones políticas de cara a 2027.
Y el calendario electoral empieza a pesar. Falta poco más de un año para las elecciones provinciales y tanto Uñac como Andino aparecen entre los principales nombres del peronismo para jugar. En sectores de la oposición empiezan a leer los movimientos alrededor del Acueducto en clave electoral y sospechan de una operación de exposición pública de la causa para desgastar la imagen de quienes asoman como posibles candidatos.

El recorrido fue diferente en la causa contra el funcionario Lucero. El asesor de Deportes había sido denunciado por Juan Manuel Segura, el presidente de la Fundación Diez, entidad utilizada para tramitar un subsidio de $16 millones destinado a un evento de ciclismo. El denunciante sostuvo que, una vez acreditado el dinero, recibió presiones para entregarlo en efectivo y sin comprobantes. Incluso hay audios que incriminan al funcionario y a su esposa.

La UFI Delitos Especiales terminó archivando la investigación. Según reconstruyó La Mecha, no fueron citados algunos testigos señalados por el denunciante ni se peritaron comunicaciones que podían aportar información. Para cerrar el expediente se tuvieron en cuenta, entre otros elementos, fotografías del supuesto evento y documentación presentada meses después.
La tercera causa es quizás la más polémica porque alcanza directamente a contrataciones de la gestión de Orrego. Una denuncia penal puso bajo sospecha 465 compras directas por casi $4.800 millones realizadas al empresario José Gazzé. La presentación planteó posibles sobreprecios y un eventual fraccionamiento de pagos para evitar controles. El empresario, además, tiene una relación política de larga data con Producción y Trabajo.

El contraste adquiere otra dimensión cuando se observa lo ocurrido alrededor de la causa del Acueducto durante la última semana. El viernes 25 de septiembre, distintos medios comenzaron a publicar los nombres de las once personas notificadas por la investigación antes de que el Ministerio Público Fiscal comunicara oficialmente la novedad. Habían pasado menos de 24 horas desde la colocación de un bono por 600 millones de dólares por parte del gobierno de Orrego, una operación que puso bajo discusión el costo financiero que deberá afrontar la Provincia, cuando los medios de comunicación se inundaron con la acusación contra el exgobernador.
Menos de una semana después apareció un segundo movimiento. Este miércoles se conoció el pedido de formalización de la investigación, justo en la previa de la llegada de Máximo Kirchner a San Juan junto a una amplia comitiva de dirigentes peronistas. Esa actividad, que será este jueves en el Partido Justicialista, tiene a Uñac como uno de sus protagonistas locales. El exgobernador jugará de local y buscará mostrar vínculos nacionales mientras su nombre vuelve a aparecer en las conversaciones por 2027. Andino, otro de los dirigentes que suena para la próxima elección provincial, también participará del encuentro. Un día antes, ambos volvieron a ocupar los titulares. Un timing, por lo menos, curioso.
