Contradicciones con el RIGI, ineficacia y una «expresión de deseo»: las críticas del peronismo a la Ley de Desarrollo Local Minero
Salvo los votos de Seva y Herrero, el peronismo aprobó la ley. Pero aprovechó el debate para introducir críticas y ajustes al texto.
Este jueves, la Legislatura de San Juan aprobó por mayoría la Ley de Desarrollo Local Minero -también llamada Ley de Proveedores Mineros-. El proyecto fue presentado mediando junio por el Gobierno y consiguió 33 votos a favor y tan solo 2 en contra: los giojistas Mario Herrero y Graciela Seva. El bloque justicialista votó a favor, pero sus oradores fueron críticos con algunos aspectos débiles de la ley.
La principal crítica apuntó a lo tarde que llegó la ley. Es que el proyecto fue anunciado por primera vez en octubre del 2024 y se pospuso hasta junio, cuando ingresó formalmente en la Legislatura. Esa misma semana, se conoció que Vicuña adjudicó la construcción de un importante campamento minero a PowerChina, pasando por alto la oferta local.
La diputada justicialista, Marisa López, fue la primera en adelantar la aprobación de su bloque y requirió, además, que la ley contemplara las actividades posteriores al cierre de las minas.
Su compañera de bloque, Fernanda Paredes, recordó que, cuando se debatió la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), advirtieron el peligro de algunos artículos que atentaban contra los proveedores y la mano de obra local. La diputada aseguró además que, debido a su laxitud, la ley corre el riesgo de no implementarse efectivamente y resultar una mera expresión de deseos.
«No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan» dijo Paredes. Se refería al apoyo incondicional del gobierno provincial a Javier Milei en contradicción con el impulso de la ley en cuestión. «Acá se reconoce la necesidad de un Estado que regule la minería mientras Milei busca dinamitarlo» concluyó.
En línea con las críticas a la laxitud de la ley se pronunciaron Mario Herrero y Graciela Seva, los únicos dos votos que hubo en contra.
«Si no tenemos una herramienta para hacer exigible el cumplimiento de la ley, todo se reduce a una expresión de deseo» dijo Herrero, aludiendo a que el acatamiento de la ley depende de la buena voluntad de las empresas mineras.
Como adelantó La Mecha, el artículo 15 dispone que las las operadoras mineras deberán agotar sus «mejores esfuerzos» al momento de adjudicar contratos privados a las empresas locales inscriptas en el RE.PRO.MIN.
La cláusula es ambigua y carece de una obligación jurídica vinculante y taxativa. Esto puede permitir que las grandes operadoras justifiquen la contratación de firmas foráneas dejando la protección efectiva del compre sanjuanino supeditada, en última instancia, a la discrecionalidad de la inversión privada.
Por su parte, Graciela Seva calificó la ley como «un parche» que no alcanza a cubrir «los obstáculos reales que enfrenta el sector productivo». La diputada fue tajante: “señores proveedores, esta ley no les soluciona nada. Se les obliga a competir con una mochila impositiva mientras que a las empresas extranjeras gozan de un arancel 0”.
Seva advirtió el límite crítico de la ley: las operadoras mineras deberían priorizar la compra local, siempre y cuando esta sea competitiva en el mercado internacional, tanto en calidad como en precio. «si las pymes sanjuaninas no son competitivas frente a los gigantes extranjeros no se les va a comprar nada. Esta ley no garantiza nada, son meras expresiones de deseo» remató.