Después de más de un año de ser anunciada, Gobierno presentó la Ley de Desarrollo Local Minero

La ley fue anunciada en octubre de 2024 y pospuesta hasta mediados de 2026, cuando fue presentada en la Legislatura. Mientras tanto, Vicuña contrató mano de obra riojana y extranjera.

Luego de más de un año de anuncios, el Gobierno presentó en la Legislatura la Ley de Desarrollo Local Minero. El proyecto fue pospuesto reiteradas veces en el último tiempo generando un cierto escepticismo en empresas proveedoras y mineras.

La ley obliga a las empresas mineras a presentar planes con metas progresivas de empleo, actualizables cada dos años y con reportes periódicos de cumplimiento. También deberán realizar un análisis de brechas de mercado que identifiquen qué necesita la minera y qué hay disponible en la provincia. En principio, esto ofrece previsibilidad a los proveedores locales y les permite planificar a futuro y prepararse para la demanda.

Además, las empresas mineras deberán alcanzar objetivos de empleo y compras locales. De cumplir estos requisitos, se verán beneficiadas con un crédito fiscal transferible que podrán cederse a proveedores para cancelar deudas provinciales.

  • Objetivo del 80% de trabajadores sanjuaninos con prioridad para departamentos de influencia directa del proyecto.
  • Objetivo del 60% de compras locales sobre el monto total anual de adquisiciones de bienes, obras y servicios disponibles en condiciones competitivas de mercado. Las empresas deberán justificar cuando no exista oferta local competitiva.
  • Creación del RE.PRO.MIN, un Registro de Proveedores Mineros de San Juan, público y digital.

Una ley «medianamente consensuada»

Los días anteriores a ser presentado el proyecto, el vicegobernador Fabián Martín declaró: “Es muy importante porque viene medianamente consensuada«. Sin embargo, una fuente directa de Los Azules indicó que, si bien Gobierno los había hecho partícipes en consultas, hasta ser presentado el proyecto no habían tenido acceso al texto de la ley.

Lo mismo decía la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA). Semanas antes de que la ley entrara a Legislatura, circuló un borrador provisorio, pero con el paso de los días se realizaron modificaciones.

Los trabajadores de la Agrupación Minera Cordillera de Los Andes (AMCA) no fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto. La mañana del martes, horas antes de ser presentada la ley, se congregaron frente a la Legislatura para reclamar por la defensa del trabajo local.

Patricio Paez, presidente de AMCA señaló a La Mecha preocupación por lo tarde que resultó la ley. Recordó el despido de 190 trabajadores de una obra de Vicuña y la posterior contratación de mano de obra riojana.

Vicuña y la competencia desigual de los proveedores sanjuaninos con China

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, celebró que la ley fuera efectivamente presentada en la Legislatura -un hecho que se postergó reiteradas veces desde octubre del 2024-. Incluso fue más allá: sugirió el diseño de un RIGI especial para proveedores mineros.

Es que, mientras se postergaba la Ley de Desarrollo Local Minero, Vicuña adjudicó la construcción de un campamento a un consorcio de empresas chinas. La noticia tomó por sorpresa al presidente de CAPRIMSA, cuando se encontraba en San Martín, partido de Buenos Aires, en un encuentro con empresarios.

«Fueron 700 empresarios, muchos quieren invertir en San Juan. No tienen mucha información y te llaman, te convocan, quieren entrar al negocio» cuenta Fernando Godoy.

Godoy agrega: «En Buenos Aires te preguntan, ¿es cierto que no hay recursos humanos, que se llevan toda la ganancia y no queda nada? Yo les expliqué sobre la cadena de valor, los proveedores, los sueldos, la comunidad. Y te enterás de una cosa así».

El consorcio ganador de la licitación es liderado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma RAFA S.A. emplazada en Santa Fe. El campamento minero será construido en China e importado directamente a San Juan, donde sólo se empleará mano de obra local para ensamblar los módulos habitacionales.

La información proviene del catálogo web de Beijing Chengdong. Allí, se detallan las especificaciones de los módulos: «casas contenedor móviles, de diseño modular y prefabricadas en origen. Utilizan armazones de acero especial que pueden ensamblarse con bulones en distintas combinaciones horizontales y apilarse hasta tres pisos, lo que garantiza una instalación exprés en el terreno«.

Están destruyendo la cadena de valor.

– Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA.

La construcción inicial contempla infraestructura básica para unas 2.000 camas -que con los esquemas de trabajo rotativos pueden ser ocupadas hasta por 5.000 personas-. Las proyecciones técnicas de Vicuña estiman que, en un futuro, la demanda laboral pueda alcanzar a 12.000 trabajadores, lo que requerirá escalar el complejo a unas 8.000 camas. De existir una ley que priorice la contratación local y nacional, la ampliación de estos campamentos quedaría en manos de empresas sanjuaninas.

El consorcio chino ofertó 52 millones de dólares y relegó a la empresa argentina Modular Homes que cotizó la obra en 70 millones. Las empresas ganadoras de la licitación obtuvieron una ventajosa diferencia de 18 millones de dólares gracias a que operan con capital estatal, lo que les permite abaratar costos e imponerse en mercados extranjeros.

Además, el grupo asiático accedió a exenciones impositivas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Es lógico que, de haber sido beneficiada con exenciones impositivas similares, la empresa argentina haya podido presentar una oferta más económica.

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