San Juan se suma al paro docente universitario: qué reclaman y cuándo será
Los dos gremios de docentes universitarios sanjuaninos, ADICUS y SIDUNSJ, convocaron a jornadas de protesta para la próxima semana.
Los docentes universitarios sanjuaninos realizarán protestas los próximos 22 y 23 de abril. ADICUS convocó a paro para ambos días, mientras que SIDUNSJ realizará acciones de visibilización el martes 22 y adherirá al paro el miércoles 23. Ese día, ambos gremios confluirán en una jornada de clases públicas en la Plaza 25 de Mayo, en coincidencia con la tradicional marcha de jubilados de los miércoles.
Las jornadas de protesta coinciden con el aniversario de la masiva marcha nacional universitaria realizada el año pasado, en respuesta al recorte del presupuesto para las universidades. Las medidas de fuerza fueron convocadas a nivel nacional por CONADU y CONADU Histórica.
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El reclamo central es la falta de convocatoria a paritarias docentes, en un contexto de inflación que supera ampliamente el aumento salarial. Según un informe, el poder adquisitivo real de los salarios universitarios cayó un 28 % desde la asunción de Javier Milei como presidente.
En el mismo período, la inflación acumulada alcanzó el 197%, mientras que los sueldos aumentaron apenas un 114%, lo que marca una brecha de 83 puntos porcentuales.
Desde ADICUS señalaron que “las medidas de fuerza se enmarcan en el plan de acción gremial, en reclamo de la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el gobierno nacional”.
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También denunciaron que “la brecha entre salarios e inflación se ubica entre el 100 % y el 118 %, según el cargo; mientras que la variación del poder adquisitivo promedio es del -34 %, lo que equivale a perder un tercio del salario cada mes. En los 15 meses del actual gobierno, la pérdida acumulada equivale a cinco sueldos menos respecto a noviembre de 2023”.
El Congreso, la ley vetada y el ajuste a las universidades
A lo largo de 2024, los sindicatos universitarios impulsaron diversos paros nacionales en demanda de mayor presupuesto y mejoras salariales. En respuesta a esta presión gremial y al contexto de ajuste, el Congreso Nacional aprobó en septiembre la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma contemplaba un aumento significativo en los recursos asignados a las universidades públicas: incrementos en las partidas para su funcionamiento, recomposición salarial para docentes y no docentes, y fondos adicionales para investigación y becas estudiantiles.
El objetivo era revertir el grave deterioro presupuestario que atravesaban las instituciones de educación superior.
Aunque fue aprobada por el Congreso, el presidente Javier Milei vetó la ley pocos días después, argumentando la necesidad de contener el gasto público y cumplir con los objetivos fiscales.
En octubre, la Cámara de Diputados intentó revertir el veto, pero no logró reunir los dos tercios necesarios. La votación arrojó 159 votos a favor de insistir con el proyecto, 85 en contra y 5 abstenciones. Así, el veto se mantuvo, lo que significó un duro revés para el sistema universitario nacional.
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