Tras casi dos días enteros de paro de transporte público, el sindicato, el Gobierno y las empresas llegaron a un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo. El servicio volvió a la normalidad.
Choferes de colectivos se movilizaron a la Subsecretaría de Trabajo con el acompañamiento de la Intersindical, mientras el Gobierno, las empresas y la UTA negocian una salida al conflicto. El gremio reclama pagos pendientes que rondarían los $800.000 por trabajador.
El gremio de transporte se pronunció sobre las posibles represalias por parte de la Provincia. Además, indicó que cada vez que se llega a un acuerdo salarial, se repite la falta de pagos.
La retención de servicios comenzó durante la madrugada de este miércoles y dejó sin colectivos a gran parte de San Juan. Los trabajadores aseguran que arrastran pagos pendientes desde abril y reclaman el cumplimiento del último acuerdo salarial. Mientras las empresas señalan problemas con los fondos que reciben del Estado, el Gobierno provincial cuestionó la medida y anticipó posibles sanciones.
El juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo ordenó cumplir la norma y transferir los fondos a las universidades.
A pesar de los trascendidos mediáticos sobre la presentación de una demanda colectiva ante el Juzgado Federal para exigir el dictado de clases, la Universidad Nacional de San Juan y los gremios docentes confirmaron que aún no han sido notificados formalmente. En la comunidad universitaria crecen los interrogantes sobre la viabilidad técnica de la medida y la determinación del sujeto demandado.
La elección será el 3 de noviembre. Patricia Quiroga (UDAP) y Carla Costabile (ASIJEMIN) disputarán la CTA.
Con tres mujeres asesinadas en apenas sesenta días, San Juan alcanzó cifras de violencia letal que no se veían desde 2019.
El matrimonio fue hallado sin vida dentro de su casa cerrada con llave en Chimbas, junto a su mascota.
Un informe de la consultora Ethos indica opiniones diametralmente opuestas en torno al sistema de salud pública dependiendo del nivel de ingresos y de educación.