Espacio público en disputa: el avance sobre la economía popular durante la gestión de Orrego
Quien vende en la calle no aparece como alguien a quien el Estado debe atender, sino como alguien que se apropia indebidamente de algo que es de todos. Una política pública implícita que busca «limpiar» la calle.
En dieciocho meses, el Estado sanjuanino desalojó del espacio público a 180 feriantes del Parque de Mayo, desplazó a 70 trabajadores de los carros gastronómicos de calle San Luis e impuso el traslado de 110 feriantes de la Plaza Laprida a la Plaza Di Stefano. Ahora, avanza sobre la Feria de las Pulgas para construir tres restaurantes por $3.223 millones, algo que pondría en jaque a más de 250 familias. La medida quedó en stand by por la presión de los artesanos. La política apunta a la misma dirección: mantener el espacio público «limpio». Mientras, cada vez más familias acuden a la economía popular para resistir el embate de la crisis.
Si bien no hay un plan firmado que unifique esas decisiones, las declaraciones hablan por sí solas y apuntan a una limpieza del espacio público. Quien en medio de la crisis económica solo puede poner una manta, un tablón o un carrito para vender queda del lado de lo que hay que ordenar, reubicar o directamente remover. Lo popular es desalojado porque rompe la visual de una ciudad que intenta ser moderna, al mejor estilo de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando asumió, el secretario de Seguridad Enrique Delgado definió su gestión con una frase breve: «Lo importante es que el ciudadano de bien esté cuidado». Cabe preguntarse si artesanos, pancheros y trabajadores de la economía popular entran dentro de ese concepto. Ese mismo día, el Gobernador Marcelo Orrego dijo que están del lado de las personas que quieren hacer las cosas bien.
Ninguno de los dos hablaba de vendedores ambulantes, pero toda definición de ciudadano de bien produce, en el mismo movimiento, un ciudadano que no lo es. Los hechos muestran cómo ciertos grupos son removidos del espacio público, pese a la necesidad económica.
La intendente de la Capital, Susana Laciar, volvió sobre el tema en junio de este año, cuando anunció que la Plaza Laprida cerrará completamente para la recuperación del arbolado y que hay que reubicar a quienes trabajan ahí. Trazó casi al pasar la línea que organiza su política de Gobierno: en la plaza hay gente que hace «algún tipo de reventa que no está normalizado».
Según un comunicado de la Cámara de Comerciantes Unidos, un año antes y previo al desalojo de la feria del Parque de Mayo, la intendenta ya se había comprometido a reforzar la seguridad municipal en la Peatonal para evitar la presencia de manteros.
En este sentido, hace unas semanas sucedió en la Peatonal un hecho que no tuvo trascendencia en medios pero que acompaña esta política: el 11 de agosto la Policía de San Juan confiscó la mercadería de Nicolás González, un joven que vendía medias en la calle.
Si bien la Provincia intervino en los casos de desalojo del Parque de Mayo y en el llamado a licitación para ocupar el predio de la Feria de las Pulgas, el Gobernador no ha dado declaraciones públicas sobre el tema de los feriantes.
Todo esto ocurre mientras la caída del consumo golpea en cadena, y el último eslabón es el más afectado: cartoneros, feriantes, costureras, repartidores, entre otros.
A eso se suma que el Gobierno nacional habilitó el cierre definitivo del programa «Volver al Trabajo», lo que significó la baja del beneficio para casi 15.000 sanjuaninos. Esta medida eliminó un ingreso mensual de 78.000 pesos por persona, lo que representa unos 100 millones de pesos que dejan de circular mensualmente en los comercios de cercanía de la provincia.
En Argentina, 6 millones de personas tienen deudas: 92,3% de las familias arrastra deudas; y un 62,5% de los consumos con tarjeta de crédito se destina a la subsistencia básica, específicamente a la compra de alimentos.
/LEE TAMBIÉN: Las cinco claves para entender la crisis de endeudamiento en Argentina
Uno por uno, los desalojos del Gobierno de San Juan:
1. 180 familias desalojadas del Parque de Mayo
En marzo de 2025, los feriantes del Parque de Mayo y de la Plaza España llegaron un sábado por la mañana y encontraron entre 48 y 50 efectivos de la Policía de San Juan, según la cifra que dio la Municipalidad a distintos medios, y quince inspectores de comercio de la Capital, con una orden judicial que prohibía la venta ambulante en espacios verdes. A las siete y media dieron la orden de remoción. La zona quedó con vigilancia continua todo el fin de semana y los siguientes.
El coordinador de Gabinete de Capital, César Aguilar, explicó a Diario Huarpe que se trató de un «operativo de disuasión, no de represión», porque llegaron antes de que los puestos se instalaran. Si bien no hubo decomisos, hubo una fuerza policial ocupando anticipadamente el lugar donde 180 familias iban a trabajar, obligándolas a irse.
La decisión que habilitó ese operativo, reconstruida por La Mecha en su momento, tiene cuatro eslabones: la ordenanza fue del Concejo Deliberante de la Capital, luego esa resolución pasó a la Dirección de Espacios Verdes, que depende del Ministerio de Infraestructura provincial, y Espacios Verdes la elevó a la Justicia. Con la orden judicial en la mano, actuó la Policía. Semanas antes del desalojo, esa misma Dirección había habilitado a los feriantes a instalarse con la condición de que usaran tablones y no vendieran directamente sobre el piso.
2. Chau pancheros, 70 familias en vilo
Tres semanas después vino la segunda etapa. Inspectores municipales y policías sacaron a los cafeteros y vendedores que trabajaban en las veredas del Centro Cívico, y a los carros gastronómicos de calle San Luis, entre España y Las Heras.
Los pancheros tienen historia. Primero estaban en Avenida España, fueron sacados cuando se inauguró el Centro Cívico, se corrieron a San Luis y ahí armaron por su cuenta un polo gastronómico popular que funcionaba de noche. La segunda mudanza fue por orden judicial. Finalmente fueron reubicados en calle Alberdi, cerca del Cementerio de la Capital y casi en el borde del eje cívico que incluye el Parque de Mayo, el Centro Cívico y el Parque Belgrano. Un lugar criticado porque no solo es oscuro sino que es muchísimo menos concurrido que la calle 25 de Mayo, donde estaban previamente.
“Están limpiando todo por un arreglo económico con concesiones a confiterías. Quieren sacar a toda la gente de clase baja“, señaló a La Mecha Rubén Tejada, panchero desde hace 25 años en la zona del Parque de Mayo y presidente de la Asociación Propietarios Pancheros Unidos y Afines (APPUA).
3. Un clásico que sostenía a 250 familias
El caso más reciente fue la Feria de las Pulgas. Funciona hace 28 años sobre Avenida Libertador, frente al Parque de Mayo. La Asociación de Artesanos Las Pulgas tiene personería jurídica y reúne a unas 250 familias. Los baños, los depósitos y las instalaciones eléctricas del predio los pagaron los propios feriantes.
En julio de 2026, el Ministerio de Infraestructura llamó a licitación para construir ahí tres restaurantes con capacidad para 340 personas sentadas, dentro del Master Plan del Parque de Mayo. Se presentaron seis empresas sanjuaninas con ofertas de entre $2.700 y $3.000 millones. La obra empezaría en septiembre y el polo gastronómico se inauguraría en el verano de 2027.
Los artesanos se enteraron por los medios. Nunca fueron convocados a una instancia de diálogo, y sostienen que el Gobierno ni siquiera sabía que la asociación tenía personería. La propuesta oficial es trasladarlos al Parque Belgrano, un espacio con capacidad para unos cuarenta puestos. Más de doscientas familias quedarían afuera.
Mientras tanto, la Asociación Hotelera Gastronómica advierte caídas de ventas de entre el 50% y el 75% y anticipa nuevos cierres. Es decir: el Estado construye restaurantes en un mercado que está cayendo en picada, y para hacerlo desplaza a 250 familias que trabajan los fines de semana desde hace décadas.
4. De la Plaza Laprida, 200 familias desalojadas
La feria de Plaza Laprida funcionaba de miércoles a viernes por la mañana y nucleaba a unas cien personas entre artesanos, revendedores y organizaciones sociales, con el Movimiento Evita aportando alrededor de setenta integrantes y Amas de Casa del País unos treinta y cinco, distribuidos en unas treinta carpas sobre las avenidas Libertador y Alem.L a Asociación Amas de Casa del País advierte que el 70% de los feriantes son mujeres que, por falta de empleo y escasas jubilaciones, encontraron en la venta por cuenta propia una manera de mantenerse a flote.
En la Plaza Laprida trabajan de forma permanente entre 80 y 110 feriantes de lunes a viernes, cifra que asciende a más de 200 personas en las ferias ampliadas quincenales. Este espacio no solo es un punto de encuentro social, sino un motor económico que genera ingresos de entre 8 y 10 millones de pesos semanales para la economía circular de la provincia.
En mayo de 2026 Aguilar ratificó que la política de reordenamiento del espacio público seguía vigente y sostuvo ante Diario La Provincia SJ que las ferias están prácticamente prohibidas en ese tipo de espacios porque no pueden funcionar de manera permanente. En junio el municipio anunció el cierre perimetral de la plaza con lonas antes del 15 de agosto para tareas de mantenimiento y «hermoseamiento», y en agosto las obras ya estaban en marcha, con tala de árboles y circulación restringida a las veredas laterales.
Laura Vera, presidenta de Amas de Casa del País, apuntó a que la posibilidad de generar un ingreso propio en la plaza es, en muchos casos, el primer paso hacia la libertad de las mujeres que asisten. «Se logra identificar una de las principales violencias que se padecen dentro de los hogares y que es la violencia económica. Este trabajo dentro de la economía popular persigue eso, buscar independencia económica que también va generando la liberación de la violencia», dijo la dirigente en diálogo con Canal 13 San Juan.
/LEE TAMBIÉN: La Municipalidad de Capital desplazó a los feriantes de la Plaza Laprida
Una receta importada
Nada de esto es una invención sanjuanina. Es la aplicación local de una política urbana que en la Argentina tiene su laboratorio en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño lleva contabilizados multiples procedimientos de «orden público» desde diciembre de 2023, con desalojos de manteros en distintos barrios.
El jefe de Gobierno Jorge Macri fue más explícito sobre el fondo del asunto: dijo que hay que dejar de confundir necesidad con impunidad. El vocabulario que acompaña esa operación es siempre el mismo, y en San Juan también apareció. Cuando los comerciantes formales presionaron por el Parque de Mayo, el argumento publicado fue que el espacio público se estaba volviendo desprolijo y sucio, y que eso afectaba la imagen de la ciudad. Susana Laciar había hecho campaña en 2023 prometiendo gobernar Capital con orden y eficiencia, y diciendo que quería recuperar el orgullo de tener una de las ciudades más bellas y limpias del país.
Quien vende en la calle no aparece como alguien a quien el Estado debe atender, sino como alguien que se apropia indebidamente de algo que es de todos.