El Gobierno llamó a licitación para construir restaurantes en la Feria de las Pulgas sin notificar a los artesanos

La feria funciona hace 28 años sobre la avenida Libertador, frente al Parque de Mayo. El Gobierno provincial impulsa su traslado como parte final del «Master Plan» para modernizar el predio y crear un paseo gastronómico. La Asociación de Artesanos Las Pulgas sostiene que el Gobierno llamó a licitación sin conocer la documentación legal, la capacidad logística ni la infraestructura que los propios feriantes construyeron con fondos propios.

Juan Carlos Navarro, presidente de la asociación, contó a La Mecha que participó en una reunión este lunes 27 de julio con el secretario de Obras, Ariel Villavicencio, el funcionario reconoció desconocer la documentación de los feriantes. Según explicó, el Gobierno no sabía que la agrupación es una asociación civil con personería jurídica al día, y no un grupo de ocupantes precarios.

El terreno que hoy ocupa la feria era originalmente un espacio con escombros. Los artesanos lo limpiaron y urbanizaron por su cuenta: construyeron baños, depósitos, puestos metálicos e instalaciones eléctricas. Estas obras se hicieron con el aporte de los artesanos, que mes a mes pagan una concesión para sostener su feria. 

El proyecto que trascendió en los medios periodísticos aseguraba que la Feria de las Pulgas sería trasladada al Parque Belgrano. Sin embargo, este espacio contempla 40 stands. La feria actual sostiene a 220 familias: 120 artesanos los domingos y 100 los sábados. «Habían pensado seleccionar 40 y los otros, ¿qué hacen? ¿seguimos participando?», cuestionó Navarro.

Los feriantes también objetan la infraestructura prevista en el nuevo predio. Según describieron, los puestos tienen una estructura de casi 4 metros de altura, pero las mesas de exhibición miden apenas 1,20 metros. Los artesanos sostienen que esas dimensiones no alcanzan para el trabajo artesanal y que las estructuras no ofrecen protección contra el sol ni el frío.

Los artesanos calificaron el proceso de «turbio». Afirman que no recibieron una notificación formal del traslado y que se enteraron de la licitación a través de los medios de comunicación. La apertura de sobres está prevista para este miércoles. Denuncian, además, un cruce de responsabilidades entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Capital sobre quién gestionó el proyecto.

Como una alternativa al cuestionado traslado al Parque Belgrano, los artesanos han planteado la posibilidad de ser reubicados en el predio de la Estación Córdoba. Juan Carlos Navarro, presidente de la asociación, destacó que esta ubicación es estratégica debido a su proximidad con el Centro Cívico y el flujo constante de personas por las avenidas España y Córdoba, lo que evitaría que la feria quedara aislada.

No obstante, para que este traslado sea viable, los feriantes exigen que el Gobierno realice una inversión significativa en infraestructura, que incluya la parquización total del terreno (actualmente de ripio), iluminación adecuada, la construcción de dos depósitos para sus materiales y nuevas baterías de baños. Aunque desde el Ministerio de Infraestructura manifestaron disposición para realizar estas obras, los artesanos mantienen su escepticismo sobre la disponibilidad real de fondos para concretar un proyecto de tal magnitud.

El fin de semana del 25 de julio, la Asociación de Artesanos Las Pulgas inició una campaña de recolección de firmas, que cuenta con el respaldo de visitantes y vecinos de la calle Laprida. Los vecinos argumentan que la feria, al ocupar el espacio solo los fines de semana, no interfiere con la dinámica del barrio, a diferencia de lo que ocurriría con construcciones permanentes de locales gastronómicos.

Raúl López es artesano y su situación es representativa de la realidad de muchos feriantes: hace 15 años que trabaja en el lugar y vive exclusivamente de su puesto. Es padre soltero y tiene a cargo la crianza de su hija. Como parte de las 220 familias que integran la feria, López cuenta con el apoyo de sus compañeros y de los vecinos en la recolección de firmas, defendiendo un espacio de trabajo que considera un derecho adquirido y su único sustento económico.