Los cuatro conflictos mineros de 2026 que agrietaron la licencia social y dejaron al Gobierno en offside
La discusión por una línea eléctrica, el conflicto con La Rioja, la contratación de proveedores chinos y proyectos mineros frenados en Ullum dejan entrever el trasfondo del ansiado boom minero en San Juan.
El prometido boom minero en San Juan ha sido, hasta ahora, más parecido a un choque de conflictos que a una explosión de dólares. El Gobierno provincial acompañó al mileismo en medidas como el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de Ley de Glaciares, entre otras, pensadas para darles vía libre a los inversores extranjeros. Pero apostar por esa promesa incierta de desarrollo le trajo más de un dolor de cabeza: una disputa por una línea eléctrica provincial, la molestia por la contratación de proveedores chinos, proyectos mineros frenados en Ullum y una pelea con La Rioja por los límites provinciales.
1° Conflicto: La disputa por una línea eléctrica
Todo arrancó en marzo de este año cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas (ENReGE) otorgó el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial a la minera Vicuña Corp. El organismo le dio a la empresa la posibilidad de ampliar la línea eléctrica y de utilizar el 90% de esa capacidad generada. Esto generó molestia por dos motivos. Primero, porque un ente nacional dispuso de un recurso provincial. Segundo, por el privilegio que le dio a un proyecto minero en particular.
Detrás de esta decisión existió un lobby nacional que dispuso de un recurso provincial y le sacó al Gobierno provincial una de sus cartas de negociación por obras públicas (sin esa línea, Vicuña no podía operar, ya que no existía forma de llevar electricidad a su campamento).
No es un dato menor que José Morea, director de Vicuña en Argentina, fue durante el Gobierno de Macri subsecretario de Participación Público-Privada bajo el Ministerio de Finanzas conducido por Luis Caputo — el mismo Caputo que hoy es ministro de Economía del gobierno de Milei, cartera de la que depende el ENRE. A principios de este año, representantes de Vicuña se reunieron tres veces con el presidente Javier Milei en menos de siete meses, más que cualquier otra empresa del sector. Una mesa chica nacional que pintó al óleo a la gestión provincial.
El conflicto sigue abierto. Hace poco, en una audiencia pública, organismos provinciales, intendentes y proyectos mineros objetaron la resolución del organismo nacional que reservó al proyecto minero el 90% de la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo. La discusión parte de que la resolución no prevé mecanismos que aseguren que usuarios y otras industrias no pagarán el costo de la modificación. Tampoco brinda certezas de que el sistema no quedará expuesto al colapso ante simples fallas.
«Esto no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin justificación”, afirmó Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería de Andes Corporación Minera, del proyecto Los Azules, durante la audiencia. En el mismo sentido, otros proyectos mineros como Barrick, Gualcamayo y Hualilán objetaron la medida.
2° Conflicto: Un fallo riojano con injerencia en San Juan
El segundo conflicto llegó en abril. Otra vez Vicuña: un fallo de la jueza Greta Decker, de La Rioja, decidió suspender la actividad de la minera por 30 días. Un fallo externo con injerencia en la provincia despertó las críticas y puso al Gobierno provincial, nuevamente, en offside.
Decker le prohibió a la empresa usar el camino riojano de Guandacol, por donde los camiones llegaban al campamento ubicado en el extremo norte de San Juan. La razón: Vicuña no presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante las autoridades riojanas. La minera debió reconfigurar la logística y trasladarla al Corredor Norte, un camino que se extiende íntegramente por San Juan.
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Usar este corredor generó cierta preocupación por las malas condiciones de seguridad. Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, confirmó que el sindicato envió una carta documento a la empresa para exigirle responsabilidades penales ante cualquier siniestro. Es que la altura del camino, a más de 4.000 metros, presenta riesgos de desbarrancos.
El conflicto con la provincia vecina trascendió a medios nacionales e incluso llegó a poner en debate los límites interprovinciales. Tras la polémica, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, fue crítico con Vicuña: «Hace rato saben que hay que avanzar con el camino por San Juan«.
No es novedad que la minería es una política de Estado de San Juan desde hace décadas. Es en ese sentido que la actual gestión acompañó y defendió iniciativas nacionales como el RIGI. Sin embargo, hasta el momento el oficialismo viene tropezando a la hora de regular el ansiado boom minero que promete una lluvia de dólares para la provincia.
3° Conflicto: PowerChina
El tercer y más reciente conflicto fue con PowerChina: un conglomerado estatal chino que ganó una licitación para construir el campamento minero de Vicuña, que albergará en principio a 2000 personas. Los módulos se construirán en China y serán trasladados a Iglesia, San Juan, para su ensamblaje. Eso hace que la mano de obra pase, según estimaciones, de 500 empleados a solo 50, dedicados a tareas de ensamblaje. La decisión quedó en el centro del debate ya que se dio en paralelo al tratamiento de la cuestionada Ley de Desarrollo Minero Local en la Legislatura.
¿Por qué fue cuestionada la ley? Hay varias razones. En principio, el tratamiento fue pospuesto varias veces, lo que generó escepticismo en empresas proveedoras. A esto se sumó que la noticia de la contratación de mano de obra china se dio en paralelo al tratamiento en el recinto. Algunos proveedores leyeron esto como una señal de que la ley llegó tarde.
Por otro lado, una fuente directa de Los Azules indicó a La Mecha que, si bien el Gobierno los hizo parte de las consultas, hasta ser presentado el proyecto no tuvieron acceso al texto de la ley. Lo mismo dijo la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), así como trabajadores de la Agrupación Minera Cordillera de Los Andes (AMCA).
El anunció de la contratación de PowerChina también puso en debate al RIGI. La diferencia entre la propuesta de la empresa china y la de la empresa argentina Modular Host fue de US$18 millones (apenas el 0,1% de la inversión total prevista para el proyecto). Está claro que el grupo asiático accedió a exenciones impositivas, por eso se discutió que de haber sido beneficiada con exenciones impositivas similares, la empresa argentina podría haber presentado una oferta más económica.
4° Conflicto: El freno de Hualilán en Ullum
Entre tanto, recientemente fue noticia la paralización de la mina Hualilán, en Ullúm, propiedad del magnate Eduardo Elsztain. En ese marco, el intendente David Domínguez señaló a La Mecha que el municipio no ha recibido el dinero correspondiente a las regalías de la minera.
Además, dijo que en las ferias mineras se promocionó la generación de hasta 900 puestos de trabajo, pero la realidad en el territorio muestra que actualmente solo hay entre 60 y 70 vecinos de Ullum trabajando en el proyecto. Domínguez advirtió que el discurso de «miles de millones de dólares» no coincide con la informalidad laboral que afecta al 80% de su comunidad.
El freno de las operaciones entre Hualilán (Ullum) y Casposo (Calingasta) fue por una estimación errónea de la «ley del mineral» (la concentración de oro y plata por tonelada). Tras una auditoría técnica impulsada por las nuevas autoridades de Challenger Gold se determinó que la concentración de metal en la roca extraída no era lo suficientemente alta como para justificar los elevados costos de transporte del mineral.
Cuatro conflictos distintos que trazan el mapa de lo que ha sido, hasta ahora, el intento de regular promesas. Todos los departamentos mineros y no mineros de San Juan esperan recibir los coletazos de la anunciada lluvia de dólares: empleo y desarrollo local . El boom minero existirá, o al menos eso muestran los informes. Lo que aún no se deja ver es una provincia capaz de manejar sus propias reglas de juego.