Vicuña: La construcción del campamento con la empresa China habría resignado hasta 500 empleos sanjuaninos
La discusión por el desarrollo económico local trasciende a todo el país. Mientras tanto la ley de proveedores mineros llega tarde.
El proyecto minero Vicuña, emplazado en la cordillera sanjuanina y considerado la mayor inversión minera en desarrollo del país, con un desembolso proyectado de US$18.000 millones, fue el centro de un debate que trascendió a medios nacionales.
La decisión de adjudicar la construcción de parte de su campamento modular a un consorcio encabezado por Power China despertó cuestionamientos por el impacto que tendrá sobre el empleo y la participación de proveedores locales.
La controversia surgió tras conocerse el resultado de la licitación para construir el campamento minero, que en una primera etapa albergará a unas 2.000 personas y que podría ampliarse hasta alcanzar las 8.000 plazas.
La empresa sanjuanina Modular Host presentó una oferta cercana a los US$70 millones, mientras que la propuesta ganadora de Power China fue de US$52 millones. La diferencia entre ambas ofertas, de aproximadamente US$18 millones, representa apenas el 0,1% de la inversión total prevista para el proyecto.
Según estimaciones del sector, si el campamento se hubiera fabricado en el país, la obra habría generado alrededor de 500 puestos de trabajo directos entre San Juan y otras provincias vinculadas a la cadena de producción. En cambio, al importarse los módulos terminados desde China —incluyendo instalaciones eléctricas, sanitarias, equipamiento y mobiliario— la demanda de mano de obra local quedará reducida principalmente a las tareas de montaje, para las que se requerirían cerca de 50 trabajadores.
Uno de los ejes de la discusión gira en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sectores industriales sostienen que el esquema permite importar infraestructura, maquinaria y equipamiento con importantes beneficios fiscales y aduaneros, sin exigir niveles mínimos de integración de proveedores nacionales.
El economista sanjuanino Hugo Berozzi, define el proyecto como un «enclave en la montaña» que es ajeno al resto de las actividades productivas locales. Según él, el RIGI no promueve el desarrollo de proveedores locales ni la transferencia de tecnología, sino que está diseñado para que las empresas transnacionales operen sin «molestias» de la actividad local.
La ley de proveedores mineros llega tarde
Este polémico debate que trascendió la provincia y se posicionó como una discusión sobre el rumbo de la economía en el país, se da en un marco particularmente conflictivo. Es que, según publicaron medios sanjuaninos, el gobierno provincial habría enviado el proyecto de ley de proveedores mineros a la Cámara de Diputados local.
Este proyecto es una promesa que llega tarde: el Gobierno viene anunciando la ley desde octubre de 2024, cuando el ministro de Producción, Gustavo Fernández, declaró al medio Minería y Desarrollo que ese mismo año sería presentado el proyecto en Diputados. Pero no ocurrió.
Recién en diciembre de 2025 el Gobierno Provincial volvió a hablar en público de la Ley. En aquella ocasión, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, comentó que el texto estaba «prácticamente listo» y que sería tratado en 2026. Según explicó, el proyecto se demoró debido al debate por la modificación de la Ley de Glaciares.
Se esperaba que la ley ingresara a la Legislatura los días posteriores a la apertura de sesiones, en abril de este año. Pero se pospuso a los primeros días de mayo, luego a junio. Las reiteradas prórrogas generaron escepticismo entre los actores implicados -mineras y proveedores- que no veían concretarse el proyecto.