Powerchina, la empresa que construirá el campamento de Vicuña, tiene antecedentes de corrupción, sobornos, negligencias técnicas y daños ambientales irreparables
La compañía estuvo involucrada en investigaciones por presuntos sobornos, reclamos laborales y conflictos socioambientales en varios países de Latinoamérica. Un historial que enciende las alertas en el marco de su llegada a San Juan.
La contratación de una empresa china para construir el campamento del proyecto minero Vicuña generó polémicas en la provincia. El punto cuestionado fue que la diferencia entre la oferta de la empresa sanjuanina Modular Host y la oferta de PowerChina fue de USD 18 millones, apenas un 0,1% de la inversión total del proyecto. Además, fue cuestionada la resignación de 500 puestos de trabajos sanjuaninos en un contexto donde se exige la participación local. Sin embargo, algo que tuvo menos resonancia fueron los antecedentes de la firma china en Latinoamérica. Coimas, corrupción, explotación laboral y delitos ambientales: un repaso por las obras más polémicas de PowerChina en el continente.
PowerChina es un conglomerado estatal dependiente del Estado de la República Popular China. Ganó la licitación para la construcción de un campamento modular que será fabricado en el continente asiático e importado para su ensamblaje en Iglesia, San Juan.
Dentro del conglomerado estatal chino PowerChina operan compañías de alcance global como Sinohydro Corporation, HydroChina y SEPCO, cada una especializada en distintos segmentos vinculados con infraestructura energética, energías renovables, infraestructura vial e hidráulica.
El historial de PowerChina en Latinoamérica es extenso y turbio. En Colombia maniobró para duplicar el presupuesto inicial y generar un perjuicio a las arcas públicas; en Bolivia, sus obreros trabajaban hacinados, con una comida al día y sin el equipamiento requerido. En Ecuador, una posible negligencia dejó 13 muertos y 7.000 trabajadores sin cobrar. Tanto allí como en Venezuela, la firma china es investigada por el pago de coimas millonarias a funcionarios públicos para asegurar contratos. En varios de estos países, además, fue denunciada por incumplir con sus propias declaraciones de impacto ambiental.
Ecuador: 13 muertos y 7000 trabajadores sin cobrar
En Ecuador, Sinohydro construyó la central hidroeléctrica más grande del país: Coca Codo Sinclair. Aporta el 30% de la electricidad al sistema nacional desde 2016. Pese a la millonaria inversión del Estado ecuatoriano, la firma entregó el proyecto con 7000 fisuras dentro de los túneles, aunque informes recientes señalaron más de 17.000. A esto se suma que al día de la fecha más de 7300 trabajadores siguen sin cobrar por el trabajo, según informó Teleamazonas Ecuador.
La empresa argumenta que «todavía no se ha suscripto el acta de entrega del proyecto», ya que debido a las fallas estructurales, el Estado no ha recibido oficialmente el proyecto. Sin embargo, la central está en funcionamiento.
Además, la Fiscalía General del Estado investiga el delito de cohecho tras descubrirse que la empresa estatal china está envuelta en una de las tramas de corrupción más grandes del país.
La Fiscalía sostiene que una red de corrupción movió 76 millones de dólares en sobornos que habrían beneficiado al entorno cercano del exvicepresidente Lenín Moreno.
Otro antecedente se dio en 2014, cuando 13 personas fallecieron en un accidente que tuvo lugar en la central hidroeléctrica. La causa de esta catástrofe, dijeron las fuentes, pudo haber sido fallas en el diseño de la resistencia de la compuerta de retención.
Bolivia: un desmonte salvaje y trabajadores con una comida al día
En Bolivia, diputados realizaron denuncias ambientales por deforestación en lo que calificaron como «un desmonte salvaje». La ONG Cebid denunció que destruyeron más de 280 hectáreas dentro del Parque Nacional Carrasco, afectando a 18 comunidades y destruyendo el hábitat de cientos de especies en peligro de extinción. La firma fue multada por USD 6000.
Otro escándalo llegó ese mismo año cuando una ruta clave, que une Cochabamba con Santa Cruz, sufrió derrumbes y roturas en el cemento a pocas semanas de su inauguración. La diputada Luisa Sosa denunció a la empresa por “irregularidades cambiarias y sobreprecios que causaron un daño económico millonario al país”. En la causa está involucrado el ministro de Obras Públicas y otros funcionarios del Estado boliviano además de, claramente, los representantes de Sinohydro.
De la misma manera que en otros países, se constataron las pésimas condiciones laborales de los trabajadores. En 2015, el medio boliviano EJU! visitó los campamentos para constatar las condiciones en las que trabajaban los obreros. Una sola comida al día, falta de equipamiento de trabajo y jornadas de hasta 13 horas diarias. Además, las viviendas tenían solo colchones para dormir y no tenían luz.
Perú: obras paralizadas y empresas corruptas
En Perú la historia se repitió. No solo resultó sospechoso que Sinohydro tenga un extenso historial de contratos públicos (valuados en un total de USD 1.260.000), sino que la empresa fue investigada por alianzas con otras compañías vinculadas a escándalos de corrupción.
También fue polémica por obras retrasadas y paralizadas e incumplimientos de lo acordado en el estudio de impacto ambiental. Las inspecciones constataron que las obras no tenían personal de seguridad ni de salud. También presentaban instalaciones eléctricas deficientes.
Colombia: el Gobierno pagó el doble
En Colombia, PowerChina quedó envuelta en una controversia por su participación en obras vinculadas al megaproyecto hidroeléctrico Ituango, una de las mayores apuestas energéticas del país. La intervención de organismos de control se produjo tras una fuerte escalada de costos y sucesivas modificaciones contractuales que derivaron en una investigación por un posible perjuicio a las finanzas públicas.
De acuerdo con la documentación analizada por la Contraloría de Antioquia, el valor de las obras pasó de rondar los US$ 100 millones a superar los US$ 260 millones. Los aumentos presupuestarios, las prórrogas y los cambios en la ejecución del proyecto forman parte de los aspectos que actualmente son objeto de revisión por parte de las autoridades colombianas.
Venezuela: coimas millonarias para asegurar contratos
En Venezuela sumaron otro escándalo de corrupción por pago de coimas ilegales a funcionarios públicos. La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional señaló a la firma extranjera por haber cobrado grandes sobreprecios en las negociaciones y adjudicarse contratos directos. La polémica involucra al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien fue detenido a finales del año pasado en Madrid.
Empresas chinas en Argentina
Argentina, por su parte, ya registra antecedentes de conflictividad en proyectos de infraestructura ejecutados por empresas estatales chinas. El caso más emblemático son las represas sobre el río Santa Cruz, encabezadas por China Gezhouba Group, que enfrentaron cuestionamientos ambientales, intervenciones judiciales y controversias contractuales a lo largo de su desarrollo. La UTE concretó el despido masivo de 1800 trabajadores, dejando las plantas con dotaciones mínimas, tras la paralización de las obras.
Hubo debates políticos y económicos vinculados al financiamiento chino. Diversos sectores cuestionaron el nivel de endeudamiento asociado a estos proyectos, las cláusulas que obligaban a contratar empresas y tecnología de origen chino y los reiterados retrasos en la ejecución de algunas obras.