Las mineras de San Juan se unieron contra la resolución del ENRE que favoreció a Vicuña
En una audiencia pública, organismos provinciales, intendentes y proyectos mineros objetaron la resolución del organismo nacional que reservó a un proyecto minero el 90% de la capacidad remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. El organismo nacional tiene 30 días para expedirse.
Hace unos meses, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) otorgó el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial a Vicuña Corp. La decisión fue cuestionada, primero, porque un ente nacional dispuso de una línea provincial pagada por los sanjuaninos; segundo, por el privilegio que le otorga a un proyecto minero en específico. Las partes se vieron las caras en una audiencia pública convocada por el ahora ENReGE (Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad) este miércoles 3 de junio. Intendentes, proyectos mineros (Los Azules, Hualillán, Barrick y Gualcamayo) y el ente provincial expusieron sus argumentos antela decisión precipitada que llegó de Nación.
En total, 13 expositores discutieron la validez del otorgamiento de la prioridad de uso a Vicuña Corp sobre una línea eléctrica provincial por 25 años. La decisión no prevé mecanismos que aseguren que usuarios y otras industrias no pagarán el costo de la modificación, y tampoco brinda certezas de que el sistema no quedará expuesto al colapso ante simples fallas.
Distintos proyectos mineros levantaron la mano para señalar no solo los acuerdos previos con la provincia para usar la línea, sino también los aportes realizados (133,8 millones de dólares en total) para construir el corredor. La decisión del ente nacional, en ese sentido, es leída como una torpeza o una alevosa intromisión.
Los Azules, la oposición más contundente
La oposición más contundente a la resolución del ENRE provino de Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta que también necesita energía del corredor provincial para su operación.
Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería de Andes Corporación Minera, sostuvo en la audiencia que la discusión no pasa por el derecho de Vicuña a abastecer su proyecto, sino por la exclusividad que el ENRE le dio sobre una línea ya existente. Gil Pugliese apuntó contra el plazo de 25 años fijado por la resolución. Según sostuvo, “transforma una asignación de prioridad en una exclusividad sobre un corredor estratégico”.
Más que una cuestión de fondo, la empresa cuestiona la forma. El marco regulatorio permite asignar prioridad a quienes financian nuevas obras, pero eso no aplica para infraestructura ya vigente que no forma parte de la inversión.
La preocupación central es que esta prioridad de uso de una línea pública limite el acceso de otros proyectos mineros que también prevén utilizar esa infraestructura.
El cuestionamiento más severo fue a la capacidad reservada por el ENRE. Al momento de emitir la resolución, el ENRE estableció un porcentaje de exclusividad sobre una capacidad hipotética. El cálculo fue obtenido de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Según Los Azules, es una hipótesis simplificadas que no refleja la capacidad real del sistema.
“Asignar el 90% de un número que no ha sido auditado, basado en una hipótesis, por 25 años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin justificación”, afirmó.
La compañía pidió formalmente que el ENReGE revise la Resolución 79/26 antes de que el conflicto avance hacia una instancia judicial. Según la empresa, el objetivo es preservar el principio de acceso abierto a una infraestructura financiada con recursos públicos.
Qué dijeron los intendentes
Jorge Espejo, de Iglesia, y Matías Espejo, de Jáchal, llegaron a la audiencia con el mismo guión inicial: apoyo explícito a la minería y la preocupación por «no quedarse afuera de los beneficios».
Casi al final de sus exposiciones, pidieron garantías técnicas para que la modificación de la red no afecte a usuarios, productores, sistemas de riego y otras industrias. «La prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad del servicio para la comunidad», dijo el intendente de Jáchal.
De nuevo, el foco estuvo puesto no tanto en el otorgamiento al proyecto minero sino en la necesidad de una regulación con certezas que proteja al usuario, algo que en la resolución del ente nacional queda en un gris legal.
Vicuña pidió 30 días
Adriel Rizzato, gerente de energía de Vicuña Corp., inició la audiencia. Sostuvo que la prioridad se refiere únicamente a la capacidad incremental que generarán las obras financiadas por la propia empresa.
Al cierre de su exposición solicitó al ENRE un plazo de 30 días corridos para presentar actualizaciones, en el marco de las negociaciones que la empresa desarrolla junto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Estas reuniones buscan acuerdos de mitigación, como expuso Roberto Ferrero, en representación del EPRE.
Ferrero expuso que la provincia no busca bloquear el proyecto, algo que es política de estado «prioritaria», sino resolver lo que la resolución nacional dejó en gris. Si nadie define quién pagará los costos que derivarán de la modificación de la red, recaerán sobre las tarifas de hogares, comercios e industrias. Además, planteó un riesgo técnico: sin medidas de mitigación, la reconfiguración del sistema dejará la red expuesta a colapsos ante fallas simples.
Otros proyectos mineros reclamaron su parte
Durante la audiencia también expusieron representantes de otros emprendimientos mineros como Barrick, Gualcamayo y Hualillán. Se manifestaron a favor de la ampliación propuesta por Vicuña al considerar que permitirá fortalecer la red de transporte eléctrico. Sin embargo, exigieron que se mantenga la capacidad de la red otorgada previamente a cada proyecto, ya que hicieron aportes (en total, 133,8 millones de dólares) para consolidar esta red.
Permitir el acceso de Vicuña sin que internalice costos equivalentes discrimina a quienes ya invirtieron y vulnera la igualdad ante la ley.
La Rioja, presente
Luego de la polémica con el Gobernador Ricardo Quintela por las regalías mineras y los límites provinciales, Alfredo Predali, secretario de Energía de La Rioja dio el presente en la audiencia pública y reclamó que la situación se analice “no desde las necesidades de un proyecto individual» sino teniendo en cuenta los «aportes económicos de múltiples provincias que hicieron posible que ese corredor exista hoy”.
Es que el corredor fue financiado en un 50% por el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (un fideicomiso de todas las provincias) y un 50% por la provincia, a través de una contribución que los sanjuaninos pagaron durante dos décadas en la boleta de la luz.
Si la capacidad de la estación de Rodeo queda reservada para Josemaría, La Rioja pierde el punto de conexión que necesita para completar su propio corredor eléctrico de alta tensión.
Predali pidió que el ENRE le dé a La Rioja un porcentaje de prioridad de uso sobre la línea Nueva San Juan–Rodeo y que asegure la ampliación de 500 kV en La Rioja. No descartó acudir a instancias judiciales si el ENRE no resuelve a su favor.
Luego de escuchar a todas las partes, el ENRE tiene 30 días para analizar lo expuesto y emitir una resolución. Cualquier acto o novedad que ocurra en ese plazo puede ser incorporado al expediente.