Orrego logró aprobar su proyecto para endeudar a San Juan a pesar de las críticas de la oposición

La reciente aprobación en la Legislatura de San Juan de la ley que habilita al Poder Ejecutivo a contraer deuda por hasta US$600 millones abrió un fuerte debate político. El gobernador Marcelo Orrego presenta la medida como una herramienta necesaria para impulsar obras e inversiones en un contexto de retracción de los fondos nacionales. Sin embargo, la oposición advierte sobre la falta de información respecto del destino de los recursos y las condiciones financieras de la operación.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la escasa información incluida en el proyecto. Tanto dirigentes opositores como algunos intendentes sostienen que la iniciativa fue aprobada sin un detalle concreto de las obras que se financiarán ni de aspectos centrales como las tasas de interés, los plazos de amortización o el costo final que deberá afrontar la provincia.

El diputado Justicialista, Emilio Escudero expuso: «Estamos a favor de la obra pública, pero necesitamos certeza, previsibilidad, que esté en un plan con programas y objetivos ¿Quién va a determinar la prioridad, si va a ser la Ruta 150 o la Ruta 20 si no hay un programa adjunto?«

La norma obtuvo luz verde mediante un tratamiento sobre tablas, sin pasar previamente por las comisiones legislativas. Para sus críticos, esa decisión limitó la posibilidad de un análisis técnico más profundo y redujo los espacios de debate dentro de la propia Legislatura.

En ese sentido, la exministra de Hacienda y diputada proporcional Marisa López advirtió en el programa Rastrojero Diesel que el monto autorizado equivale aproximadamente al 30% del presupuesto anual de la provincia y que su devolución impactará directamente en ejercicios de gobiernos futuros.

Además, durante su discurso en la Cámara, la legisladora argumento: «No decimos no al endeudamiento y no a la obra pública, estamos diciendo: seamos responsables. Estamos pidiendo saber qué obras, en qué condiciones y en qué plazo«.

El reclamo de los intendentes y el debate sobre el federalismo

Las críticas también llegaron desde varios municipios gobernados por el Partido Justicialista. Los intendentes cuestionaron no haber sido convocados a discutir las prioridades de inversión, pese a que los recursos coparticipables aparecen como respaldo de la operación financiera.

Según manifestaron, las administraciones departamentales no tuvieron instancias formales de diálogo para plantear necesidades específicas vinculadas a infraestructura, servicios y desarrollo local.

Uno de los casos más visibles fue el de Jáchal. Su intendente, Matías Espejo, puso en duda la necesidad de avanzar con nuevo endeudamiento cuando existen fondos provenientes de fideicomisos mineros destinados a obras hídricas que, según afirmó, permanecen sin ejecución desde hace más de un año.

Desde esa mirada, las dudas no se centran únicamente en la necesidad de financiar obras, sino en la falta de definiciones sobre cuáles serán las prioridades, cómo se distribuirán los fondos y cuáles serán las obligaciones financieras que deberá afrontar la provincia en el futuro.

Interrogantes abiertos

Con el respaldo del oficialismo y el acompañamiento de bloques aliados y sectores dialoguistas del justicialismo, la autorización legislativa ya es un hecho. Sin embargo, el debate político está lejos de cerrarse.

La discusión ahora gira en torno a la transparencia de los mecanismos de ejecución, los criterios de distribución de los recursos y la sostenibilidad de una deuda que podría comprometer ingresos provinciales durante varios años. En una economía atravesada por la incertidumbre, esos interrogantes aparecen como uno de los principales focos de atención para la oposición, los municipios y distintos actores de la vida pública sanjuanina.