Los tres antecedentes de Vicuña que impactaron en su relación con San Juan
Detrás del acuerdo por 250 millones de dólares (o, mejor dicho, cómo se anunció) está el intento de la compañía por recomponer su imagen pública.
En la actualidad, Vicuña es uno de los proyectos mineros más grande del continente americano. Cuenta con dos yacimientos que componen el denominado «distrito Vicuña» en la frontera iglesiana con Chile: Josemaría y Filo del Sol. Allí se extraerá principalmente cobre, pero también oro y plata en menor medida. La compañía estima depósitos de casi 13 millones de toneladas de cobre medido y hasta 25 millones de toneladas inferidas. Se espera que la producción comience en 2030 y recaude por ello hasta 6.000 millones de dólares anuales.
En la última semana se anunció formalmente su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por 9.700 millones de dólares, así como también un adelanto de aportes a la provincia y se le adjudicó el uso exclusivo de una línea eléctrica estratégica. Estos tres acontecimientos, ocurridos en un lapso de apenas diez días, conforman el andamiaje regulatorio para que Vicuña opere sin ningún tipo de condicionamientos.
En La Mecha te contamos los grises del acuerdo por 250 millones de dólares que acordaron Vicuña y el Gobierno de la provincia. Detrás de este acuerdo, o mejor dicho, cómo se lo anunció, está el intento de la compañía por recomponer su imagen pública tras comprometerla en tres ocasiones en un mismo año.
La disputa por la línea eléctrica
La semana pasada, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) ratificó la decisión de otorgar el 90% del remanente de la línea eléctrica Nueva San Juan – Rodeo a Vicuña Corp. por un plazo de 25 años. La resolución desestimó las impugnaciones que realizaron tanto el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), como otras empresas mineras, especialmente Los Azules.
La historia comenzó en febrero, cuando se conoció que el actual ENREGE atribuyó a Vicuña prioridad de uso sobre la línea mencionada por más de dos décadas. El hecho fue objeto de críticas de diversos actores.
El EPRE acusó que el privado se aprovecharía de una obra financiada por impuestos sanjuaninos sin hacerse cargo de inversiones necesarias para mitigar la demanda. Por su parte, las operadoras mineras argumentaron que la decisión del organismo nacional violaba el principio de libre acceso y reclamaron derechos por inversiones realizadas previamente.
Tras una audiencia pública, realizada en junio, el ente nacional otorgó un plazo de 30 días para que las partes llegasen a un acuerdo. Pero esto nunca ocurrió. Terminado el plazo, el EPRE emitió un comunicado en el que reafirmó su postura: «la pretensión de capturar a futuro el 90% de la capacidad remanente actual constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso (…), subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular«. Por último, advirtió que, de otorgarse el privilegio a Vicuña, recurriría a la Justicia.
Finalmente, el ENREGE desestimó los reclamos y validó su propia decisión, tomada meses antes. Lejos de terminar en la Justicia, el EPRE y Vicuña pactaron colaborar en las obras de infraestructura pendientes. La minera anunció la ampliación de las estaciones de Nueva San Juan y Rodeo, lo que permitiría a la línea operar a 500 kV (actualmente funciona a 132 kV). Además, construirán la línea eléctrica Rodeo – Chaparro, de 167 km, necesaria para llegar al proyecto Josemaría, y que conectaría la provincia a la red nacional por el norte, con La Rioja y Catamarca.
Pero el desenlace también causó efectos en otros actores implicados. Es el caso de Los Azules, que debió poner en marcha un plan B para abastecer de energía eléctrica a su proyecto minero en Calingasta. La alternativa consiste en abandonar la conexión a la línea de 500 kV sanjuanina y construir una conexión independiente de 220 kV, aprovechando la infraestructura eléctrica proyectada desde Mendoza para el proyecto PSJ Cobre Mendocino.
En la audiencia pública de junio, Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería de Andes Corporación Minera, operadora del proyecto Los Azules, advirtió que la prioridad de uso que obtenía Vicuña por 25 años iba a limitar el acceso de otras mineras que necesitan de la línea eléctrica. El gerente señaló que Vicuña obtenía «exclusividad sobre un corredor estratégico«. Dijo también que «asignar el 90% de un número que no ha sido auditado, basado en una hipótesis, por 25 años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin justificación».
Vicuña parece jugar con reglas distintas al resto. ¿Será acaso debido al estrecho vínculo de su directo, José Morea, con el gobierno de La Libertad Avanza?
Es importante recordar que Morea fue subsecretario de Participación Público-Privada, dependiente del Ministerio de Finanzas conducido por Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora Caputo, como Ministro de Economía, dispone del ENREGE que benefició a Vicuña.
La dirigencia de Vicuña se reunió cuatro veces con el presidente Javier Milei en menos de un año, más que cualquier otra empresa del sector.
Una ruta de alto riesgo a 4.000 metros de altura
Durante este recorrido, en abril, Vicuña fue protagonista por otra circunstancia. La jueza de la Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó suspender el tránsito de vehículos vinculados al proyecto por territorio de La Rioja.
Decker prohibió a la empresa usar el camino de Guandacol, por donde los camiones de Vicuña llegaban al campamento ubicado en el extremo norte de San Juan. La razón fue que Vicuña no presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante las autoridades riojanas.
Hasta ese momento, ese trazado era la única vía operativa. A lo largo de 140 kilómetros en la provincia vecina, conectaba el campamento Batidero con el sistema vial sanjuanino. Sin alternativas disponibles, Vicuña Corp debió reconfigurar su logística y trasladarla de forma urgente al Corredor Norte, un camino que se extiende íntegramente por San Juan: desde Angualasto, en Iglesia, hasta Batidero, siguiendo la Ruta Provincial 430 y la servidumbre minera habilitada por la autoridad provincial.
El estado de la ruta, que recorría tramos de 4.000 metros de altura, presentaba importantes riesgos de desbarrancos. En abril de 2026, Vicuña Corp desvinculó a la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Semisa y Terusi, que tenía a cargo la construcción de los tramos más complejos en alta montaña. La salida de esas empresas dejó sin contratista activo a los sectores más críticos, sin mantenimiento ni obras en curso.
El riesgo alarmó al sector gremial. El Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) envió una carta documento a la empresa exigiendo responsabilidades penales ante cualquier siniestro. Marcelo Mena, secretario general, dijo entonces: «El camino por La Rioja no era el más seguro, pero el Corredor Norte es mucho peor«.
El ministro de Producción, Gustavo Fernández, reconoció que el camino por territorio sanjuanino presenta “condiciones de seguridad más frágiles” que el trazado riojano. También criticó a Vicuña: «hace rato que saben que hay que avanzar con el camino por San Juan”; y dijo también que «la empresa tiene que ponerse los pantalones largos«.
China primero
Un tercer conflicto irrumpió en la agenda nacional cuando Vicuña adjudicó la construcción de un importante campamento modular a un consorcio de empresas chinas. Irónicamente, el hecho ocurrió en simultáneo con la presentación de la Ley de Desarrollo Local Minero en la Legislatura.
El consorcio ganador de la licitación lo lideraron las empresas PowerChina y Beijing Chengdong, que contaron con el apoyo financiero del Estado chino, lo que les permitió competir con costos más bajos que la oferta nacional.
El conglomerado chino ofertó 52 millones de dólares y desplazó a la empresa argentina Modular Homes que cotizó la obra en 70 millones. La diferencia entre ambas ofertas, de aproximadamente US$18 millones, representa apenas el 0,1% de la inversión total prevista para el proyecto de Vicuña.
La decisión de importar el campamento directamente desde China relegó unos 500 puestos de trabajo locales. El presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, dijo: «están destruyendo la cadena de valor«.