Las claves de la disputa de Vicuña por la línea eléctrica que financiaron los sanjuaninos

En marzo, se conoció que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) había otorgado el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial a Vicuña Corp. La resolución abrió un conflicto de múltiples frentes: dispuso de una obra provincial con financiamiento público y otorgó acceso privilegiado a una empresa en particular.

La obra en disputa es la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo, que amplía el corredor nacional proveniente de Mendoza y recorre 162 kilómetros desde Rivadavia hacia la estación transformadora en Rodeo, Iglesia. Desde allí abastece también a Calingasta, Jáchal y Valle Fértil, así como a los parques solares del corredor andino.

Su construcción costó aproximadamente 100 millones de dólares, financiados un 50% por el Estado nacional y otro 50% por la provincia, haciendo uso de fondos fiduciarios que se sustentan con los aportes de los sanjuaninos. Actualmente opera a 132 kV (fue diseñada para funcionar a 500 kV, pero para ello se necesita una inversión aun pendiente).

Sin esa línea, Vicuña no puede operar. La compañía necesita partir de la estación de Rodeo para construir desde allí su propia extensión -167 kilómetros- hasta la mina. Esta situación abría una oportunidad para el Gobierno: permitir el acceso a la línea San Juan-Rodeo a cambio de que Vicuña co-financiara la actualización pendiente a 500 kV.

Pero la decisión del ENRE negó esa oportunidad: Vicuña obtendría acceso privilegiado a la línea eléctrica sin condiciones durante los próximos 25 años.

Es necesario aclarar que el 90% del remanente reservado a Vicuña está calculado sobre 500 kV y no los 132 kV que actualmente funcionan. Si en los próximos años aumenta la demanda energética y el 10% restante no alcanza, San Juan deberá construir nuevas líneas a su propio costo.

También es importante señalar un aspecto un tanto opaco de esta situación. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el actual director de Vicuña en Argentina, José Morea, se desempeñó como subsecretario de Participación Público-Privada en la esfera del Ministerio de Finanzas, conducido por Luis Caputo -actual ministro de Economía, cartera de la que depende el ENRE.

La dirigencia de Vicuña se reunió tres veces con el presidente Javier Milei en menos de siete meses, más que cualquier otra empresa del sector.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado dirigido al ENRE exigiendo una audiencia pública a realizarse en junio. Allí disertaron representantes de operadoras mineras (Vicuña, Los Azules, Hualilán, Casposo, Barrick y Gualcamayo), del EPRE y los intendentes Jorge Espejo, de Iglesia, y Matías Espejo, de Jáchal.

Uno de los argumentos de mayor peso contra la resolución del ENRE provino de Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta que también necesita energía del corredor provincial para su operación.

Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería de Andes Corporación Minera, titular de Los Azules, criticó la exclusividad que el ENRE otorga a Vicuña por el plazo de 25 años. «Asignar el 90% de un número que no fue auditado, basado en una hipótesis y por 25 años no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin justificación» afirmó.

En representación del EPRE, habló su vicepresidente, Roberto Ferrero, quien sostuvo la importancia de la internalización de costos por parte de las empresas mineras: «permitir el acceso de Vicuña sin que internalice costos equivalentes discrimina a quienes ya invirtieron y vulnera la igualdad ante la ley«. También habló de «evitar el bloqueo o la asignación exclusiva de un activo estratégico como el corredor eléctrico».

Tras la audiencia y con el aval del EPRE y de Vicuña, el ENRE otorgó un plazo de 30 días para que las partes lleguen a un acuerdo. El límite se venció el viernes, sin concretarse ninguna solución. Fue entonces que la entidad provincial emitió un nuevo comunicado. Allí dijo que «la pretensión de capturar a futuro el 90% de la capacidad remanente actual constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso (…), subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular».

Para el organismo público, debe reconocerse el esfuerzo previo de quienes aportaron a esa obra -«hogares, comercios e industrias de San Juan«- y garantizar el acceso a la red eléctrica a todos los usuarios, «sin generar privilegios monopólicos para un emprendimiento en particular, ni afectar las posibilidades de desarrollo de futuros proyectos mineros o de generación eléctrica renovable en la región».

El documento expresa la necesidad de una nueva audiencia pública para solucionar el problema y advierte que, de otorgarse el privilegio a Vicuña Corp., el EPRE recurrirá a la justicia.