El poder a las Juntas de Riego: La propuesta de especialistas para superar la crisis hídrica
Las tierras incultas, la ineficiencia de la gestión del agua superficial, la subejecución de fondos, la sobreexplotación del acuífero y más problemas que provocan la crisis hídrica, podrían tener solución.
La provincia de San Juan atraviesa uno de los desafíos más críticos de su historia: la gestión de un recurso hídrico cada vez más escaso en un contexto de variabilidad climática y presión sobre los acuíferos. Ante esta situación, especialistas del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) presentaron —en su octavo informe publicado— una propuesta estratégica que busca modernizar la gobernanza del agua, devolviendo el protagonismo a los usuarios a través del fortalecimiento de las Juntas de Riego.
La tesis central de los expertos sostiene que no es necesario crear nuevas instituciones sino completar el proceso de descentralización iniciado en 1942 con la Ley 886 que dio origen al Departamento de Hidráulica. La propuesta consiste en transformar los actuales organismos descentralizados en Organismos de Usuarios de Agua (OUA), constituidos como entes públicos no estatales con personería jurídica propia, autonomía administrativa y, fundamentalmente, autarquía financiera.
Un claro ejemplo de la urgencia de esta reforma es el actual conflicto en Calingasta. Los productores se encuentran en estado de alerta debido a que las cuatro licitaciones previstas para la monda de canales (la limpieza anual indispensable) fracasaron, dejando al sistema sin fecha de inicio y poniendo en riesgo el ciclo productivo que comienza en agosto.
Este retraso es visto por los regantes como un fracaso de los plazos burocráticos que no se ajustan a los tiempos de la naturaleza. Según la propuesta del CIGIAA, este tipo de conflictos se solucionaría otorgando a las Juntas Departamentales la capacidad de gestionar directamente sus recursos y contratar de forma inmediata las tareas de mantenimiento. Al contar con autonomía financiera, las Juntas no dependerían de engorrosas licitaciones centrales, permitiendo respuestas directas y urgentes a problemas locales.
Solución al conflicto por la subejecución de fondos
La modernización institucional propuesta también aparece como una salida viable al conflicto abierto entre la coalición de regantes, el Departamento de Hidráulica (DH) y el Gobierno provincial. Los productores, bajo el patrocinio legal de Marcelo Arancibia, vienen denunciando desde el 2025, la subejecución de más de $20.400 millones del presupuesto de Hidráulica destinados a la gestión hídrica en los últimos dos años.
|| Leé también: Productores piden explicaciones al gobierno y sospechan usos irregulares del presupuesto de Hidráulica
La denuncia pone de manifiesto una ineficiencia estructural que afecta a ambos extremos del sistema hídrico actual. Por un lado, se señala que el Estado es ineficiente al administrar los fondos correspondientes a la gestión del agua, habiendo ejecutado apenas entre un 20% y 25% del presupuesto total aprobado. Por otro lado, la problemática se agrava debido a que las juntas actuales tampoco son eficientes para recaudar los cánones que deben pagar los usuarios, logrando que los regantes solo aporten aproximadamente el 50% de lo que deberían contribuir en su totalidad. Este escenario de baja recaudación y bajísima ejecución presupuestaria no solo genera sospechas sobre el destino final de los recursos, sino que evidencia el agotamiento del modelo vigente.
La propuesta del CIGIAA podría cortar de raíz este problema al permitir que las nuevas y revitalizadas juntas de riego administren directamente los recursos provenientes de las tasas hídricas.
Asimismo, el informe se aventura y propone una estructura organizativa de gestión hídrica basada en el principio de participación de los usuarios. Esta tendría tres partes: Asamblea General, Consejo Directivo y Gerencia Ejecutiva Profesional. La primera sería el órgano soberano de participación abierta para todos los regantes, el consejo sería la herramienta de conducción política y finalmente la gerencia se encargaría de la administración y operatividad.
Una respuesta institucional a la agonía del acuífero
La sobreexplotación del acuífero es otra problemática que puede ser encarada desde la propuesta del CIGIAA. La modernización de las Juntas de Riego permitiría la creación de Comisiones de Aguas Subterráneas especializadas. Estos órganos, integrados por los propios usuarios y con apoyo técnico, tendrían funciones clave para revertir el actual «descontrol»:
- Monitoreo y control: Realizar un relevamiento exhaustivo de perforaciones para detectar y eliminar pozos clandestinos.
- Poder de policía: Ejercer una fiscalización directa sobre el uso del agua, evitando extracciones que superen la recarga natural.
- Gestión profesional: Utilizar la autonomía financiera para adquirir tecnología de monitoreo de niveles freáticos y promover métodos de extracción más eficientes.
|| Leé también: El suelo de una finca en Rawson se hundió casi 2 metros debido al descenso de los niveles de agua subterránea
Esta descentralización busca que la vigilancia del acuífero deje de estar en manos de una administración centralizada que carece de camionetas para inspecciones, pasando a ser una responsabilidad directa de los organismos de usuarios, quienes tienen el mayor interés en preservar la sostenibilidad de su fuente de agua a largo plazo.
Plan de Cultivo: El fin de la entrega de agua «a ciegas»
Uno de los puntos más críticos señalados por el CIGIAA en sus anteriores informes, es la alarmante ineficiencia en la gestión del agua superficial: de cada 100 litros que entrega el canal madre, solo 20 llegan efectivamente a ser consumidos por las plantas. Esta pérdida del 80% del recurso se debe, en gran medida, a un sistema de distribución «ciego» que entrega agua basándose en coeficientes fijos por hectárea, sin considerar la realidad productiva del terreno.
Actualmente, el Estado distribuye el agua a todas las tierras con derecho a riego por igual, sin saber qué cultivan o incluso si están cultivadas o no. Esto genera un desperdicio masivo en las denominadas tierras incultas, ya que, según estimaciones del sector, solo el 50% de las hectáreas con derecho a riego en la provincia está efectivamente cultivada. Bajo el esquema vigente, el canal suministra agua a fincas que no la utilizan, mientras que productores de cultivos con ciclos distintos a la vid —como el tomate— sufren la falta del recurso cuando más lo necesitan debido a un calendario de riego rígido y obsoleto.
|| Leé también: Tierras incultas: solo el 50% de las hectáreas con derecho a riego está cultivada
Al diseñar un sistema participativo y descentralizado surge como solución la implementación de un Plan de Cultivo y Riego gestionado por cada Junta Departamental. Esta herramienta permitiría:
- Sincronizar la oferta y la demanda: Vincular la disponibilidad real de agua con la planificación agrícola de cada campaña, entregando el recurso solo a quien efectivamente lo necesita para producir.
- Optimizar el riego por cultivo: Adaptar los turnos de agua a los requerimientos biológicos específicos de cada plantación, evitando que los cultivos se vean perjudicados por calendarios genéricos.
- Controlar la superficie productiva: Al tener personería jurídica y autonomía, las Juntas podrían realizar un seguimiento preciso de las hectáreas en producción, eliminando la entrega inútil de agua en campos abandonados o tierras incultas.
Esta descentralización de la gestión permitiría que quienes mejor conocen el territorio —los propios regantes organizados— administren el agua con un criterio de eficiencia y oportunidad, asegurando que cada gota de los ríos sanjuaninos se transforme efectivamente en producción y no se pierda en un sistema administrativo desactualizado.
En conclusión, el fortalecimiento de las Juntas de Riego no busca privatizar el recurso ni sustituir la autoridad del Estado, sino completar una descentralización pendiente desde hace más de 80 años. Se trata de pasar de un modelo de gestión estatal concentrado a uno de participación efectiva, donde quienes mejor conocen el territorio —los regantes— tengan las herramientas legales y financieras para proteger su futuro y el de la economía sanjuanina.