Productores piden explicaciones al gobierno y sospechan usos irregulares del presupuesto de Hidráulica
La coalición de regantes presentó recursos de pronto despacho al ministro de Infraestructura y al director de Hidráulica. También una denuncia institucional a la Legislatura.
Una coalición integrada por regantes, productores agrícolas y cámaras del sector decidió elevar un reclamo hacia diferentes instituciones del Gobierno provincial (Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Departamento de Hidráulica y Legislatura) ante lo que consideran una «omisión deliberada de respuestas».
Bajo el patrocinio del abogado Marcelo Arancibia, los afectados denuncian que el Gobierno y la Legislatura han mantenido un «silencio absoluto» frente a las reiteradas presentaciones realizadas desde marzo de 2026. Estos reclamos tratan sobre la subejecución de más de $20.400 millones del presupuesto de Hidráulica correspondiente a 2024 y 2025.
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Ante la falta de respuestas a las presentaciones iniciadas en marzo de 2026, los productores presentaron dos notas de pronto despacho administrativo dirigidas al Ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y al Director del Departamento de Hidráulica, Ing. José María Ginestar.
En estos documentos, los firmantes denuncian que han transcurrido más de 30 días hábiles (más de 100 días) sin obtener información documentada sobre el destino de los recursos públicos. Por este motivo, han intimado a ambos organismos a emitir una respuesta en un plazo perentorio de diez días, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por mora administrativa y violación al derecho de acceso a la información pública. Cabe destacar que los recursos de pronto despacho fueron presentados el 12 de junio.
En diálogo con La Mecha, Marcelo Arancibia fue enfático al señalar que la crisis hídrica no es sólo climática, sino política. «La reducción de la cantidad de hectáreas cultivables no es producto directo de la sequía, es producto de que este gobierno, como el anterior, porque han tenido una política sistemática de desfinanciar a la Dirección de Hidráulica», afirmó el letrado.
El abogado desmintió la idea que responsabiliza a los productores por la falta de mantenimiento en la red hídrica. Según detalló, el presupuesto del Departamento de Hidráulica se nutre de dos vías principales: la cuenta 12, conformada por las tasas y contribuciones que pagan los regantes, y la cuenta 13, integrada por los fondos que aporta el Estado provincial.
Es cierto que existe una deuda real por parte de los productores, porque actualmente solo se recauda aproximadamente el 50% de lo que el Departamento de Hidráulica pone al cobro en concepto de tasas y contribuciones.
Sin embargo, a pesar de que el sector solo abona la mitad de lo facturado, el abogado sostiene que el Estado muestra una ineficiencia aún mayor: la ejecución real de los fondos apenas alcanza un rango de entre el 20% y el 25%. Esto implica que el Gobierno ni siquiera gasta el total del dinero que efectivamente ingresa por los pagos de aquellos productores que sí cumplen con sus obligaciones, dejando en evidencia una subejecución presupuestaria que no se explica por la falta de pago, sino por una parálisis administrativa en la gestión del recurso hídrico
«Tenemos la impresión que cuando el ministro conteste podemos tener muchas sorpresas; sería un escándalo que la plata para la red de riego fuera, no sé, a la Fiesta del Sol», advirtió, aclarando que, aunque no les consta, la opacidad oficial alimenta estas sospechas de desvío de fondos.
La ofensiva legal también alcanzó a la Cámara de Diputados, donde se presentó una denuncia institucional contra las comisiones de Hacienda y Presupuesto,Control y Seguimiento Legislativo yAgricultura y Ganadería. Los productores acusan a los legisladores de una «omisión de control político» al permanecer inactivos frente a los pedidos de informes sobre la ejecución presupuestaria de Hidráulica.
Según el documento presentado ante el vicegobernador Fabián Martín, esta inacción legislativa «compromete seriamente el ejercicio de las funciones constitucionales» y debilita la confianza pública en las instituciones. Los regantes subrayan que el recurso hídrico es el activo estratégico más importante de San Juan y que su desfinanciamiento afecta no solo a los finqueros, sino a toda la cadena económica, desde trabajadores rurales hasta exportadores.
El impacto en el campo
De acuerdo a las declaraciones de Arancibia, la falta de inversión se traduce en eventos concretos. Denuncia que no se realizan las mondas de canales, no se reparan compuertas y el Departamento de Hidráulica no tiene ni camionetas para ejercer el poder de policía.
Esto permitiría un descontrol en las perforaciones de pozos clandestinos y una falta de supervisión sobre el uso del agua que hacen las empresas mineras en la cordillera. «Si tenés una red de riego destruida y un descontrol total, te pueden llegar 2.000 hectómetros y los vas a perder igual», concluyó el abogado.
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