Criminalización a feministas: la Justicia de San Juan desliga al Estado y las activistas apuntan a la Corte Suprema

En una nueva instancia, continúa la batalla judicial entre la Provincia y las cuatro activistas que fueron imputadas por las pintadas en la Escuela Normal Sarmiento durante la marcha del 8 de marzo del 2022. A fines del año 2023, la jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, sentenció en favor de las activistas. La magistrada declaró que el Estado provincial había cometido Violencia Pública Política por motivos de género (Ley 26.485). Este fallo, que podría haber sentado un precedente en materia de género y derechos humanos, acabó siendo revocado.

Luego de la sentencia de la jueza, la Provincia apeló y el caso fue a parar a la Cámara Contencioso Administrativa (tribunal de segunda instancia que interviene en conflictos entre particulares y el Estado). En esa instancia, la Cámara revocó el fallo de Tettamanti que condenaba al Estado.

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Frente a la decisión de la Cámara, las cuatro activistas y sus representantes legales optaron por recurrir a la última instancia que quedaba a nivel provincial: La Corte de Justicia de San Juan. En diciembre, presentaron un Recurso Extraordinario Provincial (REP) a la Corte para revertir el fallo de la Cámara. Pero la Corte de Justicia provincial rechazó el recurso y confirmó la sentencia de la Cámara que desliga a la Provincia de ejercer violencia pública política contra las militantes feministas. .

En el fallo de la Corte fundamenta el rechazo por incumplimiento de requisitos formales(art. 14 Ley 2353-O). El jurado estuvo compuesto por los cortistas Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur y Guillermo De Sanctis.

Así, en el ámbito de la justicia provincial, el caso queda cerrado en favor de la Provincia. Por tal motivo, las activistas decidieron presentar un Recurso Extraordinario Federal (REF) para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien este recurso debe ser primero aprobado por la Corte provincial para pasar a la Suprema, las activistas declararon a La Mecha que, de ser rechazado, buscarán llegar hasta la Corte Interamericana y otros organismos internacionales.

La Justicia de la que nada se espera, nada está haciendo o está haciendo todo lo contrario a lo que debería», expresa Virginia Cantoni, transfeminista y denunciante en la causa.

Federico Godoy, asesor legal de las denunciantes, explicó que la Corte recurre a formalismos para rechazar el recurso. «Los temas que están bajo análisis son la participación política de la mujer y las disidencias y el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Esas cosas no pueden ser rechazados por cuestiones formales, las tenés que tratar porque es donde se configura la participación democrática», declara Godoy..

Cabe destacar que, en la primera causa penal en la que fueron imputadas las cuatro activistas, una de ellas todavía continúa procesada y no fue sobreseída junto con las demás. Después de tres años, Y.O (por sus iniciales) continúa imputada por un delito penal. A menos que el juez Guillermo Adarvez otorgue el sobreseimiento con anterioridad, la imputada deberá esperar un año más a que prescriba el delito por el cual se la acusa.

«Este fallo de la Justicia, salvo el de la jueza Tetamantti, es coherente y va de la mano con que el Estado sanjuanino y la Justicia siempre intentaron, por todos los medios, no aplicar la 26.485«, explica Virginia. En ese sentido, la activista afirma que el fallo, más allá del agotamiento jurídico, es un impulso para seguir en busca de justicia.

Por último, Cantoni destacó el acompañamiento colectivo como el sostén del proceso: «Quienes somos criminalizadas no estamos solas. Atrás nuestro está el acompañamiento constante de las compas y de un montón de gente que se acercó y se sigue acercando. Eso también ayuda a sostener la lucha».