Un docente de los colegios preuniversitarios cobra alrededor de la mitad que uno de provincia
En el marco del Día del Profesor, la situación educativa en los Institutos Preuniversitarios (IPU) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa varios frentes al mismo tiempo. El deterioro acumulado de los salarios docentes se combina con la judicialización del reclamo por parte de abogados funcionarios del Gobierno provincial y con la continuidad del plan de lucha nacional por la Ley de Financiamiento Universitario.
Los docentes de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario atraviesan un proceso sostenido de deterioro de sus ingresos. Según la secretaria adjunta de SIDUNSJ, Viviana Atencio, en los últimos 15 años la hora cátedra en los IPU pasó de equivaler a casi el doble de una hora cátedra secundaria provincial a valer aproximadamente la mitad.
A este desfasaje se suma que los educadores preuniversitarios no perciben adicionales clave como radio ni conectividad, pilares de la estructura salarial docente en la provincia. También tienen un límite de 36 horas semanales de tope, frente a las 50 autorizadas en la jurisdicción provincial, pese al nivel de dedicación institucional que demanda el trabajo en los colegios.
El deterioro también empieza a reflejarse en la permanencia de los docentes dentro de los institutos. Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la Universidad, señaló en abril de 2026, entre un 5% y un 6% de los docentes dejan las cátedras a las que pertenecen.
La comparación no quiere decir que el otro escenario sea una panacea. La situación del salario provincial tampoco plantea un escenario favorable para los docentes de la provincia. Mientras que en Argentina una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza, el último acuerdo paritario fijó para septiembre un salario neto docente provincial de $916.504,73. La diferencia deja a los ingresos del sector educativo provincial por debajo del costo de vida que marca la canasta.
Contencioso judicial y la sombra de funcionarios provinciales
Ante la suspensión de clases por paros, un grupo de familias reunió fondos para contratar abodados e iniciar una estrategia legal cuya estrategia se basaba en alcanzar la Justicia Federal para reclamar la presencialidad en los tres colegios.
La controversia tomó otra dimensión cuando se confirmó que los abogados que patrocinan a los padres, Mariano Domínguez y Mathias Saavedra, ocupan cargos públicos en la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Domínguez es concejal de la Capital y Saavedra se desempeña como asesor en la Secretaría de Gobernación.
El recorrido legal tiene como antecedente la intervención de la diputada nacional Nancy Picón, quien presentó ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un pedido para establecer una «esencialidad del 75%» en la educación y limitar el impacto de los paros.
Desde los gremios cuestionaron el papel de los letrados y plantearon dudas sobre el financiamiento del litigio. También señalaron que la medida afecta el derecho a huelga. Atencio, por su parte, remarcó que, si bien entiende la preocupación de los padres, la demanda está mal orientada porque la respuesta no depende de los profesores sino del Ejecutivo nacional.
Paritaria estancada, fallo de la Corte y medidas de fuerza
La negociación salarial del jueves 17 de septiembre terminó sin acuerdo luego de que el Frente Sindical rechazara la propuesta del Gobierno de un aumento del 3% para septiembre, o del 6% acumulado entre septiembre y octubre.
El sector sindical reclama el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Su artículo 5 establece la recomposición de los haberes mediante el IPC del INDEC desde diciembre de 2023, una pauta que además cuenta con el respaldo de un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.
Frente a la propuesta oficial, los sindicatos ratificaron un paro de 48 horas para este viernes 18 y el martes 22 de septiembre en la UNSJ. La medida forma parte de un cronograma de 23 días de protestas que tendrá uno de sus principales puntos de concentración en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.