El Gobierno asigna un 33% menos del presupuesto que necesitan las universidades para funcionar
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) requiere $11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento, pero el proyecto de presupuesto 2027 contempla solo $7,3 billones. En San Juan, la UNSJ sufrirá un recorte de $80.000 millones sobre lo solicitado.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados fija una partida de $7,3 billones para el sistema universitario nacional, un monto 33% inferior a los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La diferencia representa una brecha de aproximadamente $3,7 billones entre la propuesta del Gobierno y el cálculo elaborado por los rectores de las 60 universidades públicas del país.
Según explicó el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, la estimación de $11 billones contempla los salarios docentes y no docentes —que absorben el 90% de los fondos—, además de los gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.
Bartolacci advirtió que, si el Congreso no modifica las partidas para actualizarlas, el sistema educativo afrontará serias dificultades para iniciar las clases en el ciclo lectivo 2027. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que el funcionamiento operativo está garantizado y atribuyen el conflicto, principalmente, al reclamo salarial.
¿Cómo impacta en la Universidad Nacional de San Juan?
La brecha presupuestaria a nivel nacional también impactará de manera directa en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, confirmó a Tiempo de San Juan que la institución solicitó a Nación $240.000 millones para 2027, destinados a cubrir salarios y gastos operativos, pero el proyecto oficial contempla apenas $160.000 millones.
Son $80.000 millones menos de lo requerido, una diferencia que representa una merma del 33,3% respecto del monto solicitado por la universidad sanjuanina.
Coca detalló que la UNSJ contó en 2026 con un presupuesto de $120.000 millones. Aunque los $160.000 millones proyectados para 2027 implican un incremento nominal del 33,3%, ese aumento queda absorbido por la recomposición salarial otorgada durante 2026 —que acumuló casi un 25% entre los reajustes de junio (21,33%) y octubre (3%)— y por la inflación proyectada para este año, del 33,5%. En términos reales, la UNSJ deberá afrontar 2027 con recursos similares a los de 2026, pero con mayores costos de funcionamiento e insumos.
El debate sobre el cálculo del aumento y la Ley de Financiamiento
La discusión entre el Gobierno y los rectores es acerca de la metodología utilizada para calcular los fondos necesarios. Desde el CIN sostienen que los $11 billones responden al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y señalan que existe una deuda del 31,2% en recomposición salarial para alcanzar lo establecido por la legislación.
En contraste, el oficialismo califica de «injustificado» el pedido universitario y sostiene que los $7,3 billones previstos en el proyecto cubren las exigencias de la cautelar judicial —becas y salarios— e incorporan una inflación proyectada del 18% para 2027 en el rubro de fortalecimiento de recursos humanos. Además, representantes del Gobierno argumentan que, con los acuerdos paritarios de junio y octubre, los salarios quedaron 1,15% por encima de los requerimientos de la cautelar. Los rectores rechazan esa interpretación y sostienen que esos incrementos solo recomponen una parte del desfasaje acumulado.
El estado de la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto presupuestario se desarrolla en paralelo a un trámite judicial en la Justicia Federal. Luego de que la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795) fuera sancionada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Poder Legislativo, el Ejecutivo la promulgó pero suspendió su aplicación mediante un decreto. El argumento fue la falta de partida presupuestaria y de una fuente de financiamiento.
Ante esa medida, el CIN inició acciones judiciales que derivaron en una medida cautelar dictada en diciembre por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick. La resolución ordenó cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la recomposición salarial y de las becas.
La cautelar fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2026. Luego, el 1 de septiembre del mismo año, el juez Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida.
En la actualidad, las autoridades universitarias denuncian que el Estado dilata su cumplimiento mediante escritos presentados por sus abogados. También solicitaron la aplicación de multas a funcionarios e intimaciones bajo apercibimiento de una causa penal por desobediencia. Mientras tanto, la demanda de fondo contra el decreto que suspendió la aplicación de la ley continúa en trámite judicial.