Los abogados de los padres de colegios preuniversitarios son funcionarios de Orrego
Los padres de los colegios preuniversitarios preparan una presentación ante la Justicia Federal. Los abogados que trabajan en el reclamo tienen, además, funciones en el Estado provincial.
El conflicto por la suspensión de clases en los institutos preuniversitarios (IPU) de la Universidad Nacional de San Juan avanza hacia la Justicia Federal a partir de una presentación impulsada por un grupo de padres. El reclamo busca garantizar la presencialidad en la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario.
En ese proceso, los abogados que representan a un sector de las familias mantienen, además de su actividad profesional, vínculos con distintos espacios del Estado provincial. Uno de ellos se desempeña como concejal de Capital y otro como asesor dentro de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de San Juan.
La situación en la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Preuniversitario se inició a partir de las medidas de fuerza docentes que afectan el dictado de clases. Las familias reclaman por la pérdida de días de actividad presencial y sostienen que el conflicto ya tiene consecuencias sobre la trayectoria educativa de los estudiantes.
Según los registros que llevan los propios padres, desde el inicio del ciclo lectivo, el pasado 15 de marzo, se han perdido 30 días de clases. El dato es utilizado por las familias para dimensionar el impacto que tuvo la interrupción del dictado normal de clases, particularmente entre los estudiantes de los últimos años.
La presentación judicial
La representación legal está a cargo de dos abogados, Mathias Saavedra y Mariano Domínguez. Una de las estrategias sería la presentación de una demanda contencioso-administrativa o un recurso de amparo federal. La composición del equipo jurídico incorpora un elemento que excede la presentación judicial. Dos de los profesionales vinculados al reclamo ocupan cargos dentro de estructuras del Estado.
Uno de los profesionales patrocinantes, Mariano Domínguez, se desempeña actualmente funciones como concejal de Capital. El otro integrante de la estructura jurídica, Mathias Saavedra, es asesor dentro de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de San Juan.
El antecedente Picón-Pettovello
La relación entre el grupo de padres y dirigentes políticos no comenzó con la presentación judicial. Durante abril, las familias mantuvieron contactos con la diputada nacional Nancy Picón (Producción y Trabajo).
En aquella etapa, el grupo recopiló información sobre los paros y las ausencias docentes. Esa documentación fue elevada por Picón al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
La gestión derivó en la apertura de un expediente administrativo ante el Gobierno nacional. Entre los planteos realizados se encontraba la aplicación de una «esencialidad del 75%» para el servicio educativo, con el objetivo de garantizar un porcentaje de presencialidad durante las medidas de fuerza.
De esta manera, el reclamo de los padres tuvo primero una instancia de gestión ante organismos nacionales y, posteriormente, avanzó hacia una posible presentación ante la Justicia Federal.
La posición de los gremios
Los gremios docentes siguen de cerca el avance judicial del reclamo y cuestionan la participación de abogados que, al mismo tiempo, cumplen funciones en el Estado provincial. Fuentes sindicales consultadas, también plantearon dudas sobre el financiamiento de la representación legal de las familias.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el alcance del reclamo. Desde los sectores gremiales sostienen que, además de discutir la continuidad de las medidas de fuerza, debería reclamarse al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
También señalan que el planteo de los padres se vincula con el debate que se desarrolla a nivel nacional en torno a la declaración de la educación como servicio esencial y las consecuencias que esa medida podría tener sobre el derecho a huelga.
Estos planteos corresponden a la posición expresada por los sectores gremiales consultados y forman parte de la discusión que atraviesa actualmente a los colegios preuniversitarios.