Flybondi, la low cost a la que Orrego subsidió con 900 mil dólares, hoy cancela la mitad de los vuelos que salen desde San Juan
En medio del debate sobre el endeudamiento de la provincia, resalta el caso de la aerolínea: En los últimos tres meses, cancelaron el 50% de vuelos que salen desde la provincia.
San Juan atraviesa una fuerte discusión sobre el endeudamiento y la gestión de las inversiones públicas. Recientemente, la Legislatura aprobó la ley que habilita al Poder Ejecutivo a contraer deuda por hasta US$600 millones. En este marco, el caso Fly Bondi resalta y aporta algunos elementos al debate.
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Durante su gestión, Marcelo Orrego concretó un aporte de USD 900.000 para garantizar la llegada de Flybondi bajo el “Acuerdo de Asistencia, Consolidación, Estímulo e Inversión Turística para la Provincia de San Juan. Hoy, la aerolínea enfrenta una fuerte crisis operativa marcada por la reducción de su flota, cancelaciones masivas y conflictos laborales.
El desembarco de la compañía fue en septiembre del 2025. Para lograrlo el Ministerio de Turismo firmó un convenio que contempló un aporte no reembolsable de USD 900.000, distribuido en tres cuotas de USD 300.000 que ya fueron abonadas. A cambio, la provincia recibió 13.000 pasajes destinados a sostener una ocupación mínima del 85% en los vuelos, porcentaje que la empresa considera necesario para mantener la operación.
Mientras el convenio continúa vigente, la situación operativa de la empresa se deterioró de manera significativa. Al 8 de junio de 2026, FlyBondi opera solo con tres de sus 13 aviones y circulan rumores de una posible quiebra.
Además, la situación en la provincia es alarmante: Entre marzo y mayo, la empresa tenía previstos 105 vuelos entre arribos y partidas, pero 34 de ellos fueron cancelados, alcanzando un índice de cancelación del 32,4%. La situación fue especialmente crítica en las salidas desde San Juan: de los 53 vuelos previstos, 24 no llegaron a despegar.
A nivel nacional, entre junio de 2025 y mayo de 2026 la empresa canceló más de 2.500 vuelos, con un impacto estimado en unos 350.000 usuarios. Solo durante mayo de este año, el 46,93% de los vuelos programados fueron cancelados. La puntualidad también mostró un marcado deterioro. Durante ese mismo período, Flybondi registró un índice del 26,64%, muy por debajo del 89,77% informado para Aerolíneas Argentinas.
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Suspensión de personal
Recientemente la compañía alcanzó un principio de acuerdo con el gremio ATAF para implementar suspensiones rotativas de personal mientras intenta recomponer su capacidad operativa.
Según lo acordado, los trabajadores alcanzados por la medida percibirán una garantía equivalente al 70% de sus ingresos. La decisión llega después de un proceso de reducción de personal mediante retiros voluntarios que, de acuerdo con distintas versiones, involucró a unos 300 empleados.
La incertidumbre también alcanzó a la conducción de la empresa. En los últimos días trascendió la salida de la CEO Paz Lovisolo, quien había asumido el cargo apenas cuatro meses atrás. De manera provisoria, la gestión operativa quedó en manos de Leonel Dopazo, actual gerente de Operaciones.
Un futuro incierto para la ruta San Juan-Buenos Aires
La situación contrasta con los anuncios realizados por los nuevos propietarios de Flybondi, el grupo COC Global Enterprise, que en diciembre había presentado un plan de expansión que proyectaba alcanzar una flota de 35 aeronaves.
Hoy, con solo tres aviones en servicio, suspensiones de personal y cuestionamientos de organismos de control, el futuro de la compañía aparece rodeado de incertidumbre. En ese contexto, también surgen interrogantes sobre la continuidad del convenio firmado con San Juan y la estabilidad de la ruta que conecta a la provincia con Buenos Aires.
En su momento, uno de los puntos más cuestionados del acuerdo de la aerolínea con el Gobierno de San Juan fue la cláusula que habilita a Fly Bondi a abandonar la ruta si durante dos meses consecutivos no alcanza el 85% de nivel de ocupación. En ese escenario, la empresa podría retirarse con un preaviso de 60 días sin obligación de reintegrar los fondos aportados por el Estado provincial.