Quién te cuida: algunos antecedentes de abusos policiales en San Juan
Mauricio Atencio, presuntamente muerto por suicidio en una comisaría. Carlos Ochoa, abatido por tres tiros en una circunstancia llena de incertidumbres. Federico Orihuela, acribillado a dos días de la reinstauración de la «doctrina Chocobar». La Mecha hizo un repaso por casos resonantes de abuso de autoridad en San Juan.
17 de marzo de 2025. Agustín López Morales, de 20 años, maneja su moto en las inmediaciones de Benavídez y Ruta 40. De repente, sin previo aviso, recibe un disparo de balas de goma por la espalda. Son dos policías de la Motorizada N°1 identificados como Alejandro Meza y Andrés Bernal. Los uniformados lo persiguen —en ningún momento dan la voz de alto ni encienden la sirena— hasta la YPF de Centenario y Ruta 40, donde Agustín pide auxilio a una playera. La moto en la que lo perseguían los dos cabos sigue su camino. No lo identifican, no siguen el protocolo: siguen de largo.
No termina ahí. Al llegar a su casa, otros policías interceptan a Agustín. Después entran a su domicilio y secuestran su motocicleta, alegando que fue robada. Diez minutos después de aquella secuencia —un enorme despliegue policial— se presenta el comisario de la Comisaría 17ma de Chimbas para «pedir disculpas» y «tomarles la denuncia».
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El caso Orihuela
8 de febrero de 2024. Patricia Bullrich anuncia con bombos y platillos la restitución de la Resolución 956/2018, también conocida como Doctrina Chocobar. Una normativa sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri que flexibiliza el uso de armas letales por parte de los efectivos, derogada por «contrariar la Ley de Seguridad Interior» durante la presidencia de Alberto Fernández.
Dos días después: un camión se acerca al Dique San Agustín, Valle Fértil. Lo conduce Federico Orihuela. No sabe que el policía Ricardo Rodríguez disparará 16 veces contra su vehículo y que 8 de estas balas le quitarán la vida. La versión inicial de los tres policías involucrados: el camión no tenía la documentación en regla y por eso Orihuela intentó escapar. Rodríguez dirá, también, que el camionero portaba un arma y que efectuó dos disparos mientras intentaba escapar por los matorrales.
Sin embargo, ninguno de los otros dos policías declararán que Orihuela disparó. La pesquisa arrojará que el patrullero no presentaba impactos de bala. Ricardo Rodríguez romperá en llanto en medio de la audiencia mientras intenta justificarse: «Jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia mi intención fue causar la muerte. Lo único que estaba tratando de hacer es que detuviera la marcha».
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Secuestro y brutalidad policial en Santa Lucía
22 de septiembre de 2022. Villa 12 de Octubre, Santa Lucía. Mayco Galaz está tomando cervezas en la puerta de su casa junto a su novia, Milagros Carrizo, y sus amigos. De repente aparece un patrullero del que bajan policías que buscan echarlos de ahí por «causar disturbios». Le piden el DNI a Mayco. Entra a su casa, lo busca, lo entrega.
«El oficial se lo guardó y me empezó a ahorcar», dirá después Mayco a La Mecha. «Me asfixiaron entre dos». Entre tanto, otro de sus amigos, León Ruíz, también sufre el rigor: «A él también lo asfixiaron y se desvaneció. Lo metieron al patrullero a la fuerza». Sus padres y sus hermanos salen del interior de la casa y piden explicaciones a los gritos a los policías.
En el trayecto en patrullero hacia la Comisaría 5ta, los policías se dedican a verduguear al grupo. «Me dijeron ‘yo te dije que no podías estar acá’, ¡y era mi propia casa!» narrará, todavía incrédulo, Mayco. Él, Milagros y León pasan toda la noche en el calabozo.
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El asesinato de Carlos Ochoa
Los hechos que suceden el 2 de diciembre de 2016 se mantendrán inciertos durante muchos años. Lo concreto es que Carlos Ochoa, de 18 años, sale de su casa en su motocicleta para reunirse con sus primos. Horas más tarde morirá en el Hospital Marcial Quiroga.
La versión de Julio Edgardo Poblete, policía que efectuó el disparo final contra Carlos, es que la víctima extrajo un revólver calibre .32 e intentó gatillar contra los uniformados y que, a raíz de esta acción, los oficiales abrieron fuego. La declaración valió para que el juez Martín Heredia Zaldo sobresea a Poblete. «La causa no mancha el buen nombre y el honor del efectivo policial», dijo el magistrado en el tribunal.
El juicio se efectuó el 12 de diciembre de 2016: 9 días después de la muerte de Carlos. El entorno de la víctima, a través de la página de Facebook Justicia por Carlitos, denunció que el abogado de la familia no tuvo acceso a los informes forenses y que le negaron la declaración de testigos. El tratamiento mediático del caso, en la gran mayoría de los medios, se limitó a publicar los supuestos antecedentes de Carlos Ochoa y a ceñirse a la versión policial de los hechos.
Pero la tía de Carlos, Carola Ochoa, relató una historia distinta a Radio Comunitaria La Lechuza: declaró que la policía le echó el patrullero encima a Carlos para hacerlo caer; que Carlos intentó dar unos pasos con el casco puesto y que, en ese momento, los uniformados le pegaron un tiro en cada tobillo; que Carlos intentó recomponerse y que, entonces, Poblete le dio el disparo final. La mujer también explicó que fueron los mismos vecinos quienes llevaron a Carlos al hospital: primero al Rawson, donde no fue recibido por falta de camas, y luego al Marcial Quiroga, donde murió.
«La policía instala la cuestión de que Juan Carlos murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Cerca de 25 testigos saben que no fue un enfrentamiento».
Carola Ochoa, tía de carlos, a radio comunitaria la lechuza
El «suicidio» de Mauricio Atencio
19 de julio de 2015. Un cuerpo cuelga en el calabozo de la Comisaría 3era. Se trata de Mauricio Atencio, de 22 años, detenido por un delito menor. Fue Pablo Flores, primer juez de la causa, quien constató el suicidio «a simple vista». Es decir: el juez actuó como perito, una función que no le compete. El abogado de la familia de Mauricio planteó una recusación. Tres meses más tarde, el juez Guillermo Adárvez volvió a determinar que la causa de muerte fue un suicidio. La causa quedó cerrada para siempre.
Silvana Llampayas, madre de Mauricio, habló con La Mecha al cumplirse 7 años de aquel episodio: «Borraron huellas, sacaron a mi hijo de ahí y no me llamaron en el momento para avisarme que supuestamente mi hijo se había ahorcado». Además, la mujer señaló que su hijo no tenía depresión, como decía el juez.
«Mi hijo nunca se quitó la vida».
Silvana Llampayas, madre de mauricio atencio
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La violencia silenciosa
Los cinco casos narrados anteriormente son conocidos porque, a raíz de ellos, se dieron distintos revuelos mediáticos. Esto último abre una pregunta obvia: ¿cuántos pasan cada día y no tenemos noticia?
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la reinstauración de la democracia (10 de diciembre de 1983) hay registro de 9672 casos de personas asesinadas por las fuerzas del Estado como consecuencia directa o indirecta
de la política represiva estatal. De ese total, 549 (el 5.62%) sucedieron en lo que va de la gestión de Javier Milei. La provincia que más casos registra, desde el regreso de la democracia, según el archivo de CORREPI, es Buenos Aires con 5546 (el 57.3%). San Juan tiene 60.
La web de CORREPI cuenta con un «Manual del pequeño detenido» que explica qué hacer en caso de ser arrestado por las fuerzas policiales en un contexto represivo.
