¿Quién escucha en San Juan cuando las mujeres piden ayuda?

En cinco días de septiembre San Juan acumuló cuatro escenas de violencia contra la mujer. El viernes 11, en una escuela de Rawson, apareció en la pared de un baño el pedido de ayuda de una nena de 10 años: “Estoy embarazada. Fue mi tío”. El domingo 13, en Barreal, mataron a puñaladas a Camila Vecchiarello, la segunda víctima de femicidio del año después de Gemma Álvarez, asesinada en Chimbas el 30 de julio. Esa misma madrugada, en Santa Lucía, un policía de la Comisaría 9ª de Caucete incendió el auto de su exnovia, que había pedido protección un mes antes sin recibir respuesta. Y el martes 15, también en Santa Lucía, la policía frenó de casualidad a un hombre que arrastraba a su hermanastra de 14 años para meterla a la fuerza en un auto. El CAVIG recibió 1270 denuncias en 2026 y de esas 259 fueron denuncias por desobediencia a órdenes judiciales: es decir 259 agresores que ignoraron el aviso de un juez. ¿Quién escucha cuando las mujeres avisan?

El mensaje de la Escuela Carlos María de Alvear, en Villa San Damián, Rawson, decía: «Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío». Al lado había una carita triste dibujada, y en otras paredes del mismo baño el mensaje aparecía repetido a medias. Cuando los peritos de la UFI ANIVI llegaron a la escuela, la inscripción ya no estaba: la habían borrado por orden del gabinete escolar, y con ella se fue la única prueba material capaz de decir quién había escrito el pedido.

Después, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dijo que la niña fue «detectada», que se trabaja con dispositivos de detección temprana y que la situación es algo “diario” que «escapa a la escuela». La fiscalía de Duilio Ejarque sostiene otra cosa: al 15 de septiembre no había identificado a quien escribió el mensaje ni encontrado elementos que confirmen que haya una alumna embarazada. 

La agrupación Ni Unx Menos San Juan puso el dedo en la gramática de ese relato. Un lenguaje de detección, cámaras e identificación en la que hay una palabra que no aparece nunca: escucha. El colectivo recuperó la definición que dio una nena de once años a Socorristas en Red, y que es un ejemplo claro de lo que falta en los colegios: «Cuidar es cuando la seño nos presta atención». La Educación Sexual Integral fue discontinuada en su presupuesto por el Gobierno nacional y ahora el programa recae íntegramente sobre las provincias, sin fondos ni coordinación centralizada.

A este hecho se sumó dos días después, y cuarenta y cinco después del femicidio de Gemma, en Chimbas, el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal, Calingasta. Tenía 26 años, era de Rosario, se estaba formando como aspirante a Gendarmería y estaba embarazada. Su esposo, Carlos Gonzalo Riveros, quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Su padre, Emilio, contó que el 7 de septiembre lo había llamado alguien del Poder Judicial de Salta buscando a su hija por una presentación por violencia de género; seis días más tarde estaba muerta. Esa noche Barreal se llenó de velas y una multitud caminó hasta el instituto donde ella estudiaba repitiendo una sola frase: «No estamos todas, nos falta Camila».

A la una y diez de esa misma madrugada, mientras eso pasaba en Barreal, Jorge Luis Correa le cortaba los cables de arranque del auto a su exnovia en Santa Lucía, llegaba en moto, lo rociaba con thinner y lo prendía fuego a metros de la casa de ella. Correa es policía y ya tenía una causa de 2024 por golpear a otra expareja, resuelta con una probation. La víctima había pedido medidas de protección en la Dirección de Género el 14 de agosto y nunca recibió respuesta de la Justicia Civil. Quedó libre con tobillera electrónica.

Dos días más tarde, a las tres y media de la madrugada, un patrullero vio a Jeremías Ahumada, de 26 años, arrastrando a su hermanastra de 14 para forzarla a subir a un auto y golpeándola cuando ella se resistió. Los padres de la adolescente dijeron que no iban a denunciar. La causa siguió igual porque el protocolo de protección de menores lo obliga, y quien terminó radicando la denuncia fue la asesora de menores.

Un falso argumento para justificar el desfinanciamiento

En mayo, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema publicó los datos de 2025 y el titular fue que hubo tres provincias sin casos, Corrientes, La Pampa y San Juan. El Gobierno nacional usó esa cifra como argumento en pleno desmantelamiento de las políticas de género. Pero mientras el registro marcaba cero, otro número crecía. Entre enero y julio de 2026 ingresaron unas 1.700 denuncias por violencia de género en San Juan, contra 1.550 en el mismo tramo de 2025. 

En todo el año del cero, el CAVIG recibió más de 3.100 denuncias, y solo entre enero y mayo de este año registró 6.691 actuaciones, más de cuarenta y cuatro intervenciones por día. De esas, 259 fueron denuncias por desobediencia a órdenes judiciales: 259 veces en cinco meses un varón decidió que la orden de un juez no le impedía agredir a una mujer. El propio relevamiento provincial admite que casi tres de cada diez denunciados vuelven a agredir.

Todo esto ocurre mientras el Estado nacional mira para otro lado. Según ACIJ y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el presupuesto para prevenir la violencia cayó un 89% respecto de 2023, y la Línea 144 perdió dos tercios de sus fondos y casi la mitad de sus trabajadoras. 

En agosto de 2025 el Gobierno terminó además con diecinueve años de política nacional de Educación Sexual Integral: dejó de asignarle presupuesto propio, trasladó la Ley 26.150 entera a las provincias sin fondos ni coordinación y eliminó el artículo de la Ley 27.234 que sostenía las jornadas «Educar en Igualdad», pensadas justamente para prevenir la violencia de género en las aulas. Con menos Estado, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contó 173 víctimas letales en el país entre enero y agosto de este año, contra 164 en el mismo período de 2025.

En este contexto, que San Juan no haya registrado femicidios el año pasado no describía una provincia sin violencia: más de tres mil mujeres pidieron ayuda. A esa cifra le falta, además, todo lo que nunca llega a ser denuncia. Y aún cuando la víctima sí logra denunciar, la escucha tampoco está garantizada. Gemma habló en el CAVIG y se fue con una prohibición de acercamiento que no la protegió. La exnovia de Correa pidió protección en la Dirección de Género y pasó un mes sin respuesta. La familia de Camila asegura que ella había denunciado en Salta. Las tres fueron oídas lo suficiente como para quedar en un expediente, pero nadie actuó a tiempo con lo que dijeron.