Nuevo Panacán: los vecinos se movilizan contra la mina que amenazaría el agua pura de Jáchal
La Iglesia católica local junto a asambleas vecinales se moviliza para exigir la suspensión del proyecto Nuevo Panacán.
El Ministerio de Minería de San Juan publicó en el Boletín Oficial una consulta pública ambiental para el proyecto Nuevo Panacán, que agrupa nueve propiedades mineras en los distritos de Huachi y Punilla, en Jáchal. El área solicitada se superpone en un 53,6% con la cuenca de Huachi, protegida por una ordenanza municipal y fuente de agua para 21.000 jachalleros, y eso alcanzó para que los vecinos empezaran a movilizarse en contra. Ante el riesgo de contaminación del acuífero, la Iglesia católica local se sumó a las asambleas vecinales para exigir la suspensión de la consulta pública, un trámite que calificaron de «viciado».
Mientras las empresas y el Gobierno provincial promueven la inversión extranjera y la creación de empleo, los jachalleros denuncian irregularidades en las consultas públicas. La tensión gira en torno a dos aristas que las gestiones todavía no lograron conciliar: la promesa de desarrollo económico y el derecho al agua pura.
El expediente N.º 1100-000293-2026 fue presentado por Julián Santiago Maidana, en representación de la firma San Juan Exploraciones S.A.S. Todavía está en una etapa inicial de estudio geológico y mapeo superficial para determinar el potencial del terreno, pero su escala ya genera alarma: 60.785 hectáreas.
El párroco local, Gustavo Vaca, señaló en una carta abierta titulada «Huachi no es un yacimiento minero. Es la vida de Jáchal» que existe un “ensañamiento” histórico sobre esta zona. Según explica, proyectos anteriores sobre las mismas coordenadas, como Esperanza, contemplaban unas 4.000 hectáreas; el nuevo proyecto multiplica esa superficie varias veces.
Vecinos del departamento presentaron un recurso administrativo para exigir la suspensión urgente de la consulta pública ambiental. Denuncian que el proceso careció de difusión digital y que, para revisar el expediente en formato físico, había que viajar 220 kilómetros hasta la capital provincial en un horario muy restringido: apenas cuatro horas por la mañana. Además, critican que solo se dieron cinco días hábiles para el análisis técnico y tres más para presentar objeciones.
La defensa vecinal sostiene que el Ministerio de Minería omitió un análisis previo de compatibilidad territorial y que, al avanzar igual, se violó el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley Provincial 1999-L y la Ordenanza Municipal N.º 3172. Por eso piden aplicar los principios jurídicos precautorios de la Corte Suprema (in dubio pro aqua e in dubio pro natura: ante la duda, se falla a favor de la naturaleza y el agua) para frenar de inmediato la evaluación ambiental, ante el riesgo de un daño irreversible.
El área solicitada para Nuevo Panacán se superpone en un 53,6% con la cuenca imbrífera de Huachi, declarada Área Protegida de Interés Ambiental y Público por la Ordenanza Municipal N.º 3172. Esa cuenca alimenta al acuífero libre de Pampa del Chañar, de donde sale toda el agua potable de Jáchal: un acueducto de 22 kilómetros la lleva hasta sus 21.000 habitantes.
Al ser un acuífero libre, no tiene capas de arcilla que actúen de escudo protector, así que el agua de superficie se filtra de forma directa. Las nacientes de los arroyos Huerta de Huachi, Pescado y Pajarillo, que alimentan el acuífero, nacen justo dentro del territorio del proyecto minero. Por eso, cualquier derrame accidental o efluente tóxico de la actividad minera llegaría de forma directa a los pozos de captación de agua de La Represa, con daños irreversibles para el suministro local.
Vale recordar que en 2005 comenzó la exploración de la minera Veladero en las nacientes del río Jáchal, y que en 2009, ante la desconfianza de la población sobre la calidad del agua, se inauguró un acueducto de 22 kilómetros que abastece a la comunidad con agua pura.
A la desconfianza de los vecinos no le faltan motivos. En septiembre de 2015 se produjo el mayor derrame de la mina Veladero: falló una válvula de la planta de lixiviación y volcó cianuro, mercurio y otros metales pesados sobre cinco ríos de la cuenca. Barrick primero habló de 15.000 litros, después admitió 224.000 y finalmente reconoció que habían sido más de un millón (1.072.000 según la cifra oficial de la empresa, aunque un informe interno firmado por sus propios empleados habla de 4.680.000). La causa judicial terminó prescribiendo, sin condenas. El episodio generó una enorme alarma en Jáchal y sacó a los vecinos a la calle: de ahí nació la Asamblea Jáchal No Se Toca, que desde entonces lleva contados 19 episodios de derrame hasta la mortandad de peces de noviembre de 2025, con denuncias en 2022 y 2023 que Barrick respondió calificando de «infundadas» ante organismos de la ONU.
/LEE TAMBIÉN: EL GOBIERNO DESPIDIÓ A UN ECONOMISTA POR OPINAR EN CONTRA DEL ACUERDO CON VICUÑA
La postura del municipio
El intendente de Jáchal, Matías Espejo, considera que la minería es necesaria para el desarrollo, aunque dice mantener una mirada crítica basada en la sostenibilidad. Para vigilar el recurso hídrico, el municipio cuenta con la ordenanza Agua Segura, que incluye un triunvirato de vecinos y un procurador ambiental a cargo de los controles físico-químicos y limnológicos del agua. Sin embargo, la asamblea vecinal considera que el Gobierno incumplió sus compromisos de preservar Huachi de la minería, y la Iglesia reclama que la protección municipal se eleve con urgencia a rango de ley para blindarla de forma definitiva.
Una historia de “ensañamiento”
En 2018 y 2024 ya hubo intentos de instalar proyectos mineros en la zona, que los vecinos resistieron con fuerza. En 2018 surgió Proyecto Esperanza, de la empresa Centenera Mining, dirigida por Keith Henderson, que anunció un acuerdo para explorar 32 concesiones mineras en busca de oro, cobre, plata y uranio.
Las exploraciones se ocultaron a la comunidad, algo que derivó en denuncias del concejal Jorge Morales. En paralelo, las autoridades municipales oficialistas rechazaron ampliar la zona de protección ambiental de 11.000 a 78.000 hectáreas y descartaron convocar a una consulta popular.
La amenaza directa sobre la única fuente de agua dulce del departamento sacó masivamente a los vecinos a la calle. Las protestas lograron poner el proyecto «en pausa» y motivaron a los jóvenes locales a fundar la asamblea Salvemos Huachi, para custodiar el territorio y mantener a la comunidad alerta.
En junio de 2024, la firma Green Mining SRL, junto a Ricardo Miguel Royo, presentó un Informe de Impacto Ambiental para el proyecto «Aluvión Royo I Quebrada Agua Amarga», con el que buscaba autorización para extraer oro, cobre, plata y torio. La Asamblea Jáchal No Se Toca denunció que se trataba de la misma iniciativa sobre Huachi, con otro nombre. Además, remarcó que el torio es una sustancia radiactiva usada en el ciclo nuclear, y que su extracción viola directamente la Ordenanza Municipal N.º 1.394/96 de Jáchal.