Los tres hilos que ayudan a desenmarañar el nuevo anuncio de blanqueo de dólares del gobierno de Milei

El jueves 22 de mayo, en una conferencia encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno de Javier Milei anunció una batería de medidas para habilitar el uso de dólares no declarados en la economía formal. Bajo el lema “tus dólares, tu decisión”, el Ejecutivo presentó un paquete que flexibiliza controles fiscales, desactiva mecanismos de información cruzada y promete “devolverle la libertad a los argentinos”.

¿Pero qué se está habilitando realmente? ¿Qué implicancias tiene este blanqueo encubierto en una economía marcada por la informalidad y la falta de confianza en el sistema financiero? ¿Y cuál es el verdadero impacto que puede tener en la actividad económica?

En esta nota, La Mecha desenrolla tres hilos clave para entender el nuevo régimen impulsado por el gobierno libertario

1. Blanqueo con flexibilización riesgosa

“Tus dólares, tu decisión”. Así fue como Adorni presentó el anuncio que el gobierno libertario venía cocinando desde hace semanas. A través de un decreto y un paquete de medidas impositivas, la Casa Rosada habilitó el uso libre de dinero no declarado y desactivó los principales mecanismos de control cruzado sobre patrimonios, consumos e inversiones.

Aunque Caputo evitó llamarlo “blanqueo”, los hechos lo desmienten: el nuevo régimen permite utilizar dólares sin declarar, sin necesidad de justificar su origen. Se elimina, en la práctica, el principio básico del sistema fiscal: que el crecimiento del patrimonio debe explicarse con ingresos lícitos y declarados.

En diálogo con Radio Comunitaria La Lechuza, el contador sanjuanino Pablo Padín advirtió que esta flexibilización representa un retroceso institucional peligroso: “Abrimos la posibilidad de que operaciones absolutamente ilícitas entren al sistema”.

Además, señaló que “el problema es que Argentina ha ido construyendo una normativa que se ajusta a las normas de lavado de dinero internacional y lo que se pretende en esta gestión es barrer ese andamiaje legal que se construyó durante décadas, destruirlo. Esa es la discusión”.

2. Cultura histórica de evasión y falta de políticas de Estado

Para Padín, Argentina convive hace décadas con un alto nivel de informalidad. En muchos sectores de la economía, operar en negro no es una excepción sino una regla. La evasión impositiva no genera repudio social sino que suele ser vista con simpatía o como un acto de astucia. Y eso no es gratuito.

La diferencia con países como Chile, explicó Padín, es que allá no pedir un ticket te convierte en cómplice de un delito. “Si vos vas y comprás una caja de chicles en un kiosco y no te dan comprobante, hay un delincuente que es el kiosquero que te vendió sin ticket y un cómplice que es el que compró. En Argentina no tenemos ese régimen y tampoco la cuestión cultural, todo el mundo sabe que hay dos precios diferentes”, comparó y luego agregó: “En Argentina, evadir no es penado socialmente. Si lo hacés, sos un capo”.

Existe entonces una naturalización del incumplimiento fiscal que, lógicamente, erosiona cualquier política pública sostenible y también convierte cada intento de reforma en un parche más.

Frente a este panorama, el gobierno no está proponiendo una transformación estructural del sistema tributario. Por el contrario, elige liberar las reglas sin ofrecer un modelo alternativo. El resultado, advirtió Padín, es un Estado más débil, sin capacidad real de controlar ni recaudar. Lo que se presenta como “reforma pro-mercado” es, en realidad, un retroceso en la institucionalidad.

3. Falta de confianza y dudas sobre el impacto real

¿Puede este nuevo blanqueo generar un shock económico como el del 2024, cuando ingresaron al sistema más de 23 mil millones de dólares? Según los economistas más escépticos, la respuesta es no. Las condiciones de confianza no están dadas, y los grandes capitales no parecen interesados en volver al sistema formal.

“Los que blanquean, lo hacen si creen que las reglas van a mantenerse. Pero este esquema no genera certidumbre, sino arbitrariedad”, sostuvo Padín. Además, el paquete está diseñado para pequeños y medianos contribuyentes, no para los grandes evasores.

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La gran apuesta es que los dólares que hoy duermen en cajas de seguridad, colchones o cuentas offshore pasen al circuito económico, impulsen el consumo y oxigenen la recaudación. Pero sin credibilidad, sin garantías, y con un contexto político inestable, el plan corre el riesgo de ser más simbólico que efectivo.

Qué incluye el nuevo régimen: las claves técnicas

El nuevo esquema de medidas anunciado por el gobierno de Javier Milei se estructura en dos fases: una de aplicación inmediata mediante decreto, y otra que requerirá la aprobación del Congreso. El objetivo central es incorporar al sistema bancario los dólares que hoy están fuera del circuito formal, para activar su uso en consumo, inversión y crédito sin necesidad de emitir nuevos pesos.

Las principales medidas incluidas en el nuevo régimen son:

• Nuevo régimen simplificado de Ganancias: A partir del 1° de junio, las personas físicas podrán adherir voluntariamente a un sistema que elimina la obligación de declarar consumos personales y variaciones patrimoniales. La carga impositiva se calculará en base a la facturación y los gastos deducibles. El contribuyente podrá aceptar o modificar el monto propuesto automáticamente por el organismo. Esta simplificación regirá para el ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026.

• Derogación de regímenes de información y controles cruzados: Se eliminan los mecanismos que obligaban a bancos, comercios y escribanos a reportar operaciones relevantes, como extracciones en efectivo, compra de inmuebles, consumos con tarjeta o servicios públicos. También se relajan los umbrales a partir de los cuales se deben informar movimientos bancarios, patrimoniales o de consumo.

• Aumento de los montos mínimos reportables: Solo se informarán extracciones de efectivo superiores a $10 millones, saldos bancarios a fin de mes mayores a $50 millones (personas físicas) o $30 millones (jurídicas), y plazos fijos a partir de $100 millones. En el caso de consumos personales, los bancos solo reportarán operaciones que superen los $10 millones.

• Reforma del régimen penal tributario (en elaboración): En la segunda fase del plan, el gobierno buscará modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimientos Tributarios. Una de las claves es la suba del umbral mínimo para configurar delito de evasión simple, que pasaría de $1,5 millones a una cifra cercana a los $100 millones, ajustada por inflación. También se reducirían los plazos de prescripción para la persecución fiscal.

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• Revisión de normas contra el lavado de activos: La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustará sus regulaciones al nuevo esquema, lo que generó críticas por parte de especialistas, ya que podría debilitar los estándares de prevención contra el lavado establecidos a nivel internacional.

• Exclusión de grandes contribuyentes: El nuevo régimen no estará disponible para empresas que superen los topes de facturación establecidos por ARCA. Estará orientado a monotributistas, autónomos, pymes y trabajadores en relación de dependencia que tengan fondos no declarados.

El paquete apunta a capturar parte de los más de USD 190.000 millones que los argentinos tendrían fuera del sistema financiero, según estimaciones privadas. Sin embargo, distintos analistas advierten que el efecto de estas medidas podría ser marginal si no se acompaña con una baja de la presión fiscal, incentivos al crédito y mayor certidumbre institucional.

Además, el gobierno busca una remonetización en dólares, es decir, fomentar el uso y el depósito de esa moneda en el sistema formal, que tendría un impacto potencial sobre las reservas brutas y líquidas del Banco Central. Aun así, hay consenso en que sin confianza ni marco legal duradero, la magnitud del impacto será limitada.