La trama del Acueducto: la certificadora internacional desmintió el informe difundido por el Gobierno
Bureau Veritas dijo que los caños sí eran aptos para consumo humano y que no eran tóxicos. Uñac dijo que había una «intención subliminal» detrás de la denuncia.
El supuesto informe oficial que afirmaba que los caños del Acueducto Gran Tulum no servían, que eran aptos solo para cloacas y desagües y que incluso podían resultar tóxicos, fue desmentido por la propia certificadora internacional a la que se le atribuía, Bureau Veritas. Antes, la consultora Interacción ya había salido a aclarar que nunca elaboró ese documento. La versión había sido difundida por el Gobierno de San Juan en medios provinciales el 19 de marzo, el mismo día en que fracasó la décima negociación paritaria docente del año.
El episodio está ligado a la denuncia que el abogado Marcelo Arancibia presentó ante la Justicia, basada en notas periodísticas, para que se investigue la licitación del Acueducto Gran Tulum, una posible malversación de fondos y la calidad de los insumos utilizados.
/Leé también nuestra nota: Uñac habló por primera vez en los medios sanjuaninos sobre el caso del Acueducto Gran Tulum
En esa causa, la Provincia se constituyó como querellante en febrero de este año. Según difundió la prensa sanjuanina, el informe —luego desmentido por la consultora y contradicho por la certificadora— habría sido presentado como prueba en un pen drive ante la fiscalía.
El supuesto informe nunca fue exhibido en los medios; solo circularon versiones sobre su existencia. Ese mismo día en que distintos portales lo publicaron de manera simultánea en San Juan, habría sido presentado ante la Justicia.
Aún resta determinar qué contenía realmente ese pen drive entregado por el Gobierno a la fiscalía, si incluía otra información o si, en efecto, se trataba de un informe falso. De confirmarse esta última hipótesis, se trataría de un hecho grave por la posible presentación de prueba apócrifa.
Ese mismo día, el fiscal Sebastián Gómez señaló que desconocía el contenido del dispositivo.
El exgobernador Sergio Uñac, señalado mediáticamente en la denuncia por su vínculo familiar con el fallecido Gustavo Monti —apoderado de la empresa Krah, adjudicataria de la obra en 2018—, se refirió al tema en su regreso a los medios sanjuaninos el viernes 10 de abril.
En una entrevista en Radio Colón, al ser consultado sobre el tema, el senador Uñac afirmó: “Se promocionó que la consultora había dicho una cosa y no la había dicho. Y la consultora lo aclaró. Lo mismo con la certificadora, una de las más importantes del mundo, Bureau Veritas. Ya dijeron que los caños tienen resinas aptas para el transporte de agua. En definitiva, están preparados para transportar agua potable”.
En esa misma entrevista, el exgobernador ironizó sobre el accionar del Gobierno de Marcelo Orrego. “Entiendo que no debe haber ningún WhatsApp salido de oficinas del gobierno pidiéndole a los medios que digan o promocionen tal o cual cosa”, deslizó.
El presunto informe técnico, solicitado por OSSE, sostenía que las tuberías instaladas por la empresa Krah no eran aptas para transportar agua potable, sino para cloacas y desagües. También afirmaba que los caños estaban fabricados con materiales no aptos para el consumo humano y que podrían resultar potencialmente tóxicos.
Además, OSSE indicó que ese análisis había sido certificado por la consultora Interacción a través de Bureau Veritas.
La desmentida de la consultora Interacción y de la certificadora Bureau Veritas
El viernes 20 de marzo, un día después de que los medios publicaran que los caños no servían y podían ser tóxicos, la consultora Interacción difundió un comunicado en sus redes sociales y su sitio web.
Allí advirtió: “Respecto a la información difundida, aclaramos que nuestra Consultora no ha recibido ningún pedido de asesoramiento específico para evaluar si el material de las cañerías es apto para el transporte de agua potable. En consecuencia, informamos que no existe informe ni opinión técnica emitida por nuestra firma sobre este asunto y por lo tanto, cualquier conclusión que se nos atribuya en este contexto, es ajeno a nuestra autoría y responsabilidad profesional”.
Los mismos medios a los que el Gobierno habría enviado mensajes para difundir esa información no realizaron rectificaciones posteriores.
Semanas más tarde, el jueves 9 de abril, la certificadora internacional Bureau Veritas —una de las más reconocidas del mundo— confirmó que los tubos fabricados por Krah América Latina S.A. están elaborados con polímeros autorizados para su uso en contacto con alimentos.
Además, señaló que el sistema de gestión de calidad garantiza que las materias primas son no tóxicas y aptas para la conducción de agua potable, lo que asegura la seguridad sanitaria del fluido y su aptitud para consumo humano y animal.
Sobre el caso del Acueducto Gran Tulum
El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una obra clave para abastecer de agua potable a un San Juan proyectado hacia el millón de habitantes. Se financió con un crédito kuwaití de 100 millones de dólares que la Provincia ya comenzó a devolver.
En diciembre de 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, apoyada en investigaciones periodísticas de la periodista Natalia Caballero, de Tiempo de San Juan. Allí solicitó que se investigue la licitación de la obra —adjudicada a una empresa alemana cuyo apoderado era Gustavo Monti, primo del exgobernador Uñac—, además de posibles irregularidades como malversación de fondos y la calidad de los insumos.
En febrero pasado, la Provincia se constituyó como querellante.
Según reconstruyen distintas investigaciones periodísticas, el Acueducto Gran Tulum surgió a partir de una línea de financiamiento kuwaití destinada a la Argentina. Esos préstamos fueron una forma de retribución por el apoyo brindado por el gobierno de Carlos Menem durante la Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991.
En 2013, el entonces ministro de Infraestructura de José Luis Gioja, José “Pepe” Strada, acordó el envío de 100 millones de dólares a San Juan, a devolver en 20 años y con una tasa del 4%.
En un comienzo, la Provincia no proyectaba construir el acueducto. Sin embargo, Kuwait impuso como condición que los fondos se destinaran a obras de agua o saneamiento, y no a infraestructura vial, como pretendía el giojismo.
El Acueducto fue planteado como una obra estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable en la provincia. En ese contexto, la empresa Krah resultó adjudicataria de dos licitaciones para la provisión de cañerías.
La primera se concretó en marzo de 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, e incluyó 13 kilómetros de tuberías por un monto de $61.235.936,21.
La segunda adjudicación llegó en mayo de 2017, ya bajo el gobierno de Sergio Uñac. En esa instancia se licitaron 56,7 kilómetros de caños, con una oferta de $1.398.126.851,22, que superó en más de $74 millones el presupuesto oficial.
Antes de la adjudicación, la empresa competidora General Plastics había advertido a OSSE sobre el carácter experimental de las tuberías ofrecidas por Krah y también cuestionó que la propuesta económica excediera el presupuesto previsto.
En 2024, la calidad técnica de los caños quedó bajo cuestionamiento. Eso derivó en la presentación de un pedido de informe en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por unanimidad.
Más tarde, en diciembre de 2025, y tras una investigación periodística de este medio, Arancibia avanzó con la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Antes de que el Acueducto Gran Tulum se instalara en la agenda pública, OSSE ya había iniciado una serie de trabajos internos. El objetivo era definir cómo continuar con un proyecto millonario ante las sospechas sobre la idoneidad de los caños para una obra de esa magnitud.
Así se conformaron dos comisiones: una encargada de relevar documentación y otra dedicada al análisis técnico.
Según fuentes oficiales, incluso hubo personal jerárquico que fue desplazado por su desempeño durante la ejecución de la obra. Sin embargo, no trascendieron los nombres de los empleados desvinculados.