La Justicia declaró inconstitucional el DNU, mientras los padres de los IPUs reclaman clases sin exigir el financiamiento universitario

El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025. Con esa medida, el gobierno de Javier Milei había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendido su aplicación con el argumento de que no se precisaba de dónde saldrían los fondos.

El fallo respondió a una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA), otras universidades y gremios. En sus 50 páginas, el juez sostuvo que el decreto «no supera un test mínimo de razonabilidad».

Cormick señaló que el artículo 9° de la ley establece cómo financiarla y que el Ejecutivo no podía suspender su aplicación amparándose en normas anteriores. El Congreso la había ratificado con el voto de dos tercios de ambas cámaras. Por eso, ordenó al Gobierno cumplirla de inmediato y transferir los fondos a las universidades.

Cómo sigue la causa

El fallo puede ser apelado. Se espera que el Gobierno pida su revisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá decidir si confirma o revoca lo resuelto por Cormick.

Después, la parte que resulte perjudicada podrá intentar llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. La intervención del máximo tribunal no es automática.

Si la Corte acepta tratar el caso y resuelve a favor de las universidades, la sentencia quedaría firme y el expediente volvería al juzgado para avanzar con su cumplimiento. Si falla en contra, podría evaluarse una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que se cumplan los requisitos. No existe una apelación directa ante la Corte Interamericana.

El reclamo de los padres de los IPUs

En San Juan, un grupo de 18 padres, con el respaldo de 189 firmas de la comunidad educativa, presentó un amparo colectivo y pidió una medida cautelar por los 38 días de paro docente acumulados en los tres Institutos Preuniversitarios de la UNSJ. Con esta presentación buscan una respuesta judicial al conflicto y medidas urgentes para garantizar las clases. La preocupación alcanza al Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial y el Colegio de Comercio.

Según lo informado sobre la presentación, los padres piden recuperar los días de clase o extender el ciclo lectivo. También solicitan un esquema de «servicio esencial», con una asistencia docente mínima del 75% durante las huelgas.

La Dirección de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que, hasta el momento, la institución no ha recibido ninguna notificación formal ni ha tenido acceso al texto de la demanda presentada ante la Justicia Federal. Por eso, no puede afirmarse contra quién está dirigida ni quién debería cumplir lo solicitado. Tampoco corresponde atribuirle omisiones jurídicas sin acceder al escrito.

La contradicción aparece, por ahora, en el planteo público. Los padres exigen continuidad de las clases, pero en los pedidos difundidos no aparece un reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa falta de fondos atraviesa el conflicto salarial de los docentes, que acumulan casi 34 meses de pérdida de poder adquisitivo.

Mientras la Justicia exige al Gobierno nacional que aplique la ley, el reclamo conocido de los padres se concentra en recuperar las clases. Queda pendiente incorporar a esa discusión los recursos necesarios para sostenerlas.