La historia del churrero e influencer que denunció al Gobierno de San Juan por no dejarlo trabajar vendiendo en la calle
Agustín Trombino es vendedor en la calle y fue hostigado por inspectores municipales durante dos años. Por cansancio, finalmente dejará de vender en el centro de San Juan.
Agustín Trombino es vendedor de churros en la calle y, además, influencer: muestra su trabajo en las redes sociales desde las cuatro de la mañana, cuando empieza a cocinar al aire libre los churros que va a vender ese día en el centro de San Juan. En sus videos cuenta cómo son sus jornadas, en qué lugares va a estar vendiendo o qué logra comprar para sus hijos después de semanas de trabajo. El lunes 7 de septiembre pasado usó su popularidad para denunciar al Gobierno de San Juan por «correrlo» del centro. «Me hicieron la guerra», cuenta, en referencia a los inspectores de la Municipalidad de la Capital que varias veces le impidieron vender su mercadería.
«Siempre salí a vender: con nieve, con sol o con lluvia, caminamos kilómetros para poder trabajar», cuenta sobre su rutina en la calle, que no distingue feriados, cumpleaños ni condiciones climáticas. Agustín empezó a vender en el centro hace seis años: primero medias, después bolsas de basura, hasta que un día decidió que quería «crecer y tener un emprendimiento».
Por eso invirtió en elementos de cocina y en las herramientas necesarias para hacer sus propios churros. Así empezó a sumar vendedores y a emplear a otros jóvenes que, como él, necesitaban un ingreso. Pero aunque ya tenía gente trabajando para él, Agustín nunca dejó de salir con su canasta a vender.
Ahora cuenta que sufrió un acoso constante de los inspectores de la municipalidad de Capital durante dos años, hasta que el cansancio lo obligó a ceder: tuvo que irse del centro y dejar de vender churros. «Los inspectores nunca dejaron que los vendedores estuviéramos quietos. Ellos sabían que yo venía de muy abajo, que estaba dando empleo, que quería progresar, y no me dejaron», sostiene.
«La gente en TikTok pudo ver que la bronca era conmigo. Ese día entré a la Peatonal, me crucé con la inspectora y todos vieron que me sacaron dos veces. Literalmente me cerraron las puertas», cuenta el influencer, quien hace unas semanas hizo una transmisión en vivo en esa red social para mostrar el hostigamiento. Agustín también usó su perfil para mostrarles a sus seguidores lo que consiguió después de una semana intensa de trabajo: un lavarropas de segunda mano para sus hijos.
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El caso de Agustín no es el único. Hace unas semanas, Nicolás González, un vendedor de medias, fue sacado violentamente de la Peatonal. Estaba sentado con su mercadería en la calle Tucumán cuando la Policía de San Juan llegó, le confiscó las medias y lo redujo entre tres oficiales. Es el mismo modus operandi de prohibición y expulsión del espacio público que vive Agustín.
Esta medida de la Policía responde a una ordenanza municipal que, si bien no prohíbe el comercio ambulante, sí impide que se establezca en un lugar fijo. De forma más general, el accionar de inspectores y oficiales responde a una política implícita del Gobierno de San Juan que busca despejar el espacio público: es el mismo caso de la feria del Parque de Mayo, los pancheros de la calle San Luis, los feriantes de la Plaza Laprida y los de la Feria de las Pulgas.
Algunos fueron reubicados —o tienen la promesa de que los van a reubicar—, algo positivo para poder seguir trabajando, pero que también los saca de los lugares de mayor circulación de la ciudad: una forma de limpiar la imagen de una ciudad que quiere mostrarse moderna.
Otros trabajadores de la economía informal fueron directamente desalojados de sus puestos, lo que los obligó a buscar otra forma de llegar a fin de mes. Llama la atención que se tomen este tipo de medidas contra trabajadores informales que dependen de ese ingreso extra para vivir, sobre todo en una provincia atravesada por la crisis económica, donde tres departamentos están entre los de mayor nivel de endeudamiento del país.
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El churrero cuenta que les prometieron «un permiso para quedarnos quietos» y por eso los mandaron a la Cámara de Comercio de la Capital a tramitarlo. Pero después de varios días yendo y pidiendo papeles, nunca obtuvieron respuesta. Agustín se resignó: va a dejar de vender en la calle.
Habitar la ciudad en busca de la subsistencia
El urbanismo social hace años propone pensar una ciudad habitable para sus vecinos de acuerdo a sus necesidades. «Esto implica una visión no neutral del espacio, sino ideológica e instrumental», explica el arquitecto Augusto Núñez, especialista en la materia. Es el famoso «derecho a la ciudad», en el que los nuevos actores de la calle —vendedores ambulantes, artistas callejeros, cuidadores de autos, entre otros— exigen nuevas formas de habitar el espacio público.
Núñez explica que estos nuevos actores de la calle son «personas expulsadas del sistema de producción que, por la urgencia de conseguir recursos, evitan la burocratización y la legalización de su trabajo». Según él, el Estado tiene distintos argumentos para justificar la «incomodidad» que le genera la presencia de estos actores, y eso lleva a que los elimine (con desalojos) o los oculte (reubicándolos en lugares poco estratégicos, donde pierden el flujo de gente que antes los visitaba).
Un ejemplo de esto es la consigna «Renovación de Espacios Verdes», de la gestión de Susana Laciar en Capital, que implicó el cierre de plazas y, como consecuencia, la reubicación de los trabajadores de la calle. Es el caso de la Feria de la Economía Popular de la Plaza Laprida, que le daba trabajo a 80 familias, muchas de ellas encabezadas por mujeres que encontraban ahí una forma de independencia económica y de salir de situaciones de violencia en sus hogares.