La causa del acueducto estuvo mal armada y la Justicia anuló todas las imputaciones
La jueza Mónica Lucero reconoció un error procesal y dejó sin efecto las actuaciones desde el 13 de octubre. Las defensas cuestionan a la Fiscalía y ahora Impugnación deberá resolver la continuidad de la magistrada.

La causa por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sufrió este martes un duro revés judicial que dejó al descubierto una falla en su tramitación. La jueza de Garantías Mónica Lucero reconoció un error propio al resolver un pedido para apartarla del expediente y declaró nulas todas las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre. La decisión dejó sin efecto las imputaciones contra diez investigados y obliga a la Fiscalía a volver a presentar los cargos. Además, el Tribunal de Impugnación deberá definir si la magistrada puede continuar al frente de una investigación atravesada por cuestionamientos políticos y judiciales.
El fallo representa un fuerte retroceso para una causa de alto impacto político que involucra al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros nueve exfuncionarios y empresarios. Los once investigados quedaron sin imputaciones formalizadas y el expediente regresó a la etapa de investigación preliminar. La Fiscalía deberá volver a exponer sus acusaciones ante el juez que finalmente quede a cargo.
La resolución también dio un nuevo impulso a los cuestionamientos de las defensas sobre la manera en que se construyó la causa. Los abogados denuncian una selección deliberada de los investigados y ponen bajo sospecha la actuación del Ministerio Público Fiscal, conducido por Guillermo Baigorrí, por sus vínculos políticos previos con el espacio del gobernador Marcelo Orrego. Las acusaciones de persecución política todavía no fueron acreditadas judicialmente, aunque el error reconocido por Lucero sumó un nuevo elemento a una controversia que ya venía acumulando planteos.
Para entender cómo se llegó a esta situación hay que remontarse al 13 de octubre. Los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair, defensores de los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, habían presentado una segunda recusación contra Lucero porque consideraban que existían motivos para dudar de su imparcialidad. Entre sus argumentos figuraban una denuncia penal presentada contra la magistrada y sus vínculos personales con un exfuncionario de la empresa estatal.
Lucero rechazó el planteo y decidió continuar al frente del expediente. Sin embargo, omitió un paso obligatorio previsto en el Código Procesal Penal de San Juan. Debía remitir la recusación al Tribunal de Impugnación para que revisara su decisión. La jueza siguió interviniendo sin completar ese procedimiento.
La irregularidad fue señalada por las defensas durante las audiencias de formalización del 10 y 11 de noviembre. Una vez finalizada la exposición fiscal, los abogados solicitaron la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores al 13 de octubre. Sostuvieron que la magistrada había continuado interviniendo sin habilitar la revisión de su recusación, lo que, según argumentaron, vulneraba las garantías de imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso.
Al reclamo se sumó Marcelo Fernández, defensor de Uñac, junto con otros representantes legales. La Fiscalía se opuso al pedido porque consideró que las defensas no habían demostrado un perjuicio concreto que justificara semejante medida. También sostuvo que el planteo tenía una finalidad dilatoria.
Después de un cuarto intermedio de tres días hábiles, Lucero les dio parcialmente la razón a los abogados. Reconoció la omisión y dispuso corregirla mediante un procedimiento conocido en términos jurídicos como saneamiento. Para eso, declaró nulos todos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre y ordenó enviar inmediatamente la recusación al Tribunal de Impugnación.
El impacto de la decisión es considerable. Las audiencias en las que la Fiscalía expuso los cargos contra diez de los once investigados quedaron sin efecto. También perdió validez procesal todo lo actuado desde aquella fecha, por lo que la causa retrocedió a la instancia previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
La investigación, de todos modos, sigue abierta. La nulidad alcanza a las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre y no impide que el Ministerio Público Fiscal vuelva a formular las acusaciones. Tampoco supone que hayan quedado descartadas las presuntas irregularidades denunciadas.
Por ahora, el futuro del expediente depende de otro tribunal. Los jueces de Impugnación deberán determinar si existen motivos para apartar a Lucero o si puede continuar interviniendo. La magistrada también ordenó notificar al juez que sigue en el orden de subrogancia, ante la posibilidad de que deba reemplazarla.
Pero la discusión judicial podría extenderse. Aunque consiguieron que se declarara la nulidad, las defensas consideran insuficiente el alcance de la resolución. Sostienen que las actuaciones deberían retrotraerse a mediados de junio, cuando presentaron la recusación, y no solamente al 13 de octubre. Por eso anticiparon que podrían volver a recurrir al Tribunal de Impugnación.
Si prospera ese planteo, la causa podría retroceder todavía más y la nueva formalización de las acusaciones sufriría otra demora.
Mientras se resuelve la continuidad de Lucero, quedan varias cuestiones pendientes. La Fiscalía deberá volver a exponer los hechos y las calificaciones legales que atribuye a los investigados. También tendrá que solicitar nuevamente el plazo de dos años para desarrollar la IPP y las medidas de coerción que considere necesarias.
A eso se suma la situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, cuya audiencia había quedado pendiente porque se encontraba de viaje en Australia.
Los cuestionamientos de las defensas, sin embargo, van más allá del error procesal que provocó la nulidad. Uno de los puntos más controvertidos es la selección de las personas investigadas por las presuntas irregularidades en la licitación, contratación y ejecución del acueducto.
Los abogados cuestionan que la Fiscalía haya incluido a determinados exfuncionarios de las gestiones anteriores y dejado afuera a otros dirigentes y responsables técnicos que también intervinieron en distintas etapas del proyecto.
Entre los nombres señalados aparece José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE, designado durante la gestión de Marcelo Orrego. Entre 2011 y 2023, Beltrán se desempeñó como auditor técnico y gerente de Obras del organismo. Según las defensas, participó en controles de pliegos y certificaciones vinculados con el acueducto, incluida la circulación de la Decisión N.º 1055 de 2013. Posteriormente, también firmó un acta acuerdo con Krah América Latina.
Los abogados consideran que esas intervenciones deberían haber sido contempladas por la Fiscalía al momento de definir quiénes serían investigados. Su participación en el proyecto, por sí sola, no permite establecer responsabilidades penales, aunque abre interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los sospechosos.
El caso de Beltrán tiene, además, una particularidad. Durante una de las audiencias, Lucero reconoció públicamente que mantiene una relación de amistad con el actual presidente de OSSE. Incluso aclaró que, si la Fiscalía decidiera incorporarlo como investigado o imputado, ella no podría continuar al frente de la causa.
Las defensas también cuestionaron que el exgobernador José Luis Gioja haya quedado fuera de la investigación, pese a que parte de los antecedentes del acueducto se remontan a su gestión. Su ausencia forma parte de los planteos sobre el alcance de la causa, aunque tampoco permite atribuirle responsabilidades penales sin pruebas concretas.
La controversia alcanza al propio Ministerio Público Fiscal. Los abogados señalan la trayectoria política previa de Guillermo Baigorrí y sus vínculos con el espacio de Marcelo Orrego como elementos que, según su interpretación, ponen en duda la independencia de la investigación. A partir de esos antecedentes sostienen que detrás de la causa existe una persecución política.
La Fiscalía, por su parte, mantiene abierta la investigación por presuntas irregularidades en una de las obras públicas más importantes de San Juan. La nulidad declarada este martes no resuelve si existieron delitos ni determina la responsabilidad de los investigados. Lo que sí quedó establecido es que una omisión de la jueza invalidó una parte decisiva del procedimiento y obliga a repetir las audiencias de formalización.
A la disputa por la imparcialidad de Lucero y la selección de los investigados se suma otro frente judicial. Las defensas sostienen que la Justicia provincial no debería intervenir porque el acueducto recibió financiamiento parcial de origen nacional y créditos internacionales.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, subrogado por Daniel Rafecas, ya solicitó información sobre el estado y el objeto de la causa sanjuanina para analizar si corresponde la intervención de la Justicia Federal. La propia Lucero había pedido precisiones durante las audiencias sobre el origen de los recursos utilizados para financiar el proyecto.
En paralelo, Sergio Ruiz presentó una denuncia penal contra el fiscal Sebastián Gómez García por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación abrió actuaciones en el ámbito federal, aunque hasta el momento no se acreditó la comisión de esos delitos.
Con las imputaciones anuladas, la continuidad de Lucero pendiente de revisión y un posible conflicto de competencia con la Justicia Federal, el expediente vuelve a una etapa que la Fiscalía creía superada. Los investigadores deberán formalizar nuevamente los cargos, mientras las defensas buscan ampliar la nulidad y mantienen sus cuestionamientos sobre la conducción de una causa que todavía tiene varias disputas judiciales por resolver.
