En defensa de la soberanía sanjuanina, intendentes rechazaron el privilegio que pidió Vicuña para la línea eléctrica
Los intendentes de los departamentos mineros y diversos sectores sociales respaldaron por unanimidad la postura del EPRE de impedir que la minera Vicuña capture de forma gratuita la capacidad de la red eléctrica provincial
En un gesto de unidad institucional y política, los intendentes justicialistas de los departamentos de Jáchal, Iglesia, Ullum y Calingasta expresaron su respaldo unánime a la postura del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en el conflicto que mantiene con la minera Vicuña Corp. El eje de la disputa, que ya tomó trascendencia nacional ante el ENRE, radica en el uso de la línea de alta tensión Nueva San Juan-Rodeo, una obra estratégica cuya construcción demandó una inversión de 100 millones de dólares, financiada en un 50% por la provincia a través de fondos aportados por los propios usuarios sanjuaninos.
Durante la reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del EPRE, diversos sectores productivos, sindicales y sociales coincidieron en que el principio de «libre acceso» a las redes no puede ser interpretado como un derecho para que una firma privada capture gratuitamente la capacidad de una infraestructura pública. La resolución del ente nacional (ENRE), que otorgó a Vicuña el 90% de la capacidad remanente por un plazo de 25 años, fue calificada como un «ejercicio abusivo del derecho de acceso» que subordina el interés general de la población a un beneficio particular.
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Sebastián Carbajal, intendente de Calingasta, subrayó la necesidad de que el crecimiento de la actividad se realice bajo un marco de planificación y responsabilidad. “Acompañamos todas las acciones que permitan impulsar el desarrollo minero con reglas claras, cuidando una infraestructura estratégica y asegurando beneficios para nuestras comunidades”, señaló el jefe comunal, remarcando que la defensa de los derechos de los sanjuaninos es prioritaria para consolidar un modelo sostenible.
La preocupación de las autoridades locales y de empresas como Los Azules —que también requiere energía de ese corredor— es que la reserva de capacidad otorgada a Vicuña genere un bloqueo al desarrollo futuro de otros emprendimientos mineros y de parques de generación renovable en la región. Según explicaron desde el EPRE, si la demanda energética aumenta y el remanente no alcanza, la provincia se vería obligada a construir nuevas líneas a su propio costo.
Aval técnico e internacional
La postura sanjuanina cuenta con el respaldo científico del Instituto de Energía Eléctrica (UNSJ-CONICET). Un estudio validó la propuesta provincial, señalando que la exigencia de acuerdos de mitigación para internalizar costos se alinea con los estándares regulatorios aplicados en potencias mineras como Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile.
Bajo este escenario, el Consejo determinó que mantendrá la oposición formal ante las autoridades nacionales, advirtiendo que solo se levantará la medida si la empresa minera accede a compensar el uso de la red pública. De lo contrario, el organismo regulador ya anticipó que recurrirá a la justicia para proteger lo que consideran un activo estratégico irrenunciable de San Juan.