El silencio del ministro Perea tras los pedidos de informe por irregularidades en derechos mineros

A más de dos meses de las presentaciones formales ante distintos organismos del Ministerio de Minería por presuntas irregularidades, la cartera que encabeza Juan Pablo Perea mantiene el hermetismo. Pese a la gravedad de los señalamientos por conflicto de intereses y acceso no autorizado a información privada, los pedidos de informe del geólogo Julián Maidana tuvieron respuestas parciales o no fueron contestados en tiempo y forma, mientras se multiplican las trabas para acceder a la información.

Para comprender el alcance del conflicto es necesario revisar la estructura patrimonial sobre la que se asienta la controversia. Investigaciones periodísticas basadas en datos del Catastro Minero de San Juan revelaron que el denominado «Clan Bastías» controla 79 derechos mineros que abarcan 108.007 hectáreas, lo que representa el 5,12% de toda la superficie concesionada en la provincia. Esta extensión supera en un 34,9% la totalidad de la superficie agrícola cultivada de San Juan. El entramado está integrado por 63 manifestaciones mineras y 16 minas, y proyecta además su poder a través de sociedades como Aurora Mining S.A., Sable Argentina S.A. y Olivares S.A..

El cruce con la gestión pública es directo. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, es cónyuge de María Laura Bastías, yerno de Hugo Enrique Bastías y cuñado de Gabriel Enrique y Hugo Emilio Bastías.

En este escenario aparece la denuncia formal del geólogo Julián Santiago Maidana, titular de propiedades mineras en la provincia. Maidana denunció que entre enero y febrero de 2025 la consultora internacional ERM Argentina S.A. auditó y tomó «vista» de una veintena de expedientes de su propiedad, sin notificación previa ni justificación.

La sospecha central es que la firma operaría como una «pantalla» para que el entorno familiar del ministro acceda a información reservada y derechos mineros de terceros. La prueba documental —asentada en la foja 89 de las actuaciones oficiales— certifica que ERM fijó su domicilio legal en San Juan en Av. Ignacio de la Roza 2560 Oeste, dirección exacta del estudio jurídico Bastías-Yacante Abogados, integrado por la esposa y el cuñado del ministro Perea.

El recorrido de los pedidos de informe

El 29 de junio de 2026, Maidana formalizó el expediente N° 1124-407-2026 y posteriormente distribuyó sus pedidos de informe entre tres organismos del Ministerio de Minería. Las presentaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, al Consejo Minero y a la Dirección de Registro Minero y Catastro.

Ante la falta de respuestas concretas, el geólogo volvió a presentar un pedido de informes, esta vez dirigido directamente al ministro de Minería, Juan Pablo Perea. Al mismo tiempo, realizó una nueva presentación ante el Consejo Minero con una ampliación del cuestionario original.

Según pudo reconstruir este medio, el pedido dirigido al ministro contenía seis puntos. La respuesta llegó de manera muy parcial y fue elaborada por el Ing. Pablo Fernández, secretario técnico del Ministerio de Minería. El resto de las presentaciones quedó atravesado por un fuerte hermetismo y los reclamos de fondo continúan sin una respuesta formal de la máxima autoridad de la cartera. Fernández figura como responsable de la Secretaría Técnica Minera, organismo del que dependen, entre otras áreas, la Dirección de Registro Minero y Catastro y la Dirección de Despacho Legal.

La falta de una respuesta integral se convirtió así en uno de los ejes del reclamo. Los pedidos presentados ante los organismos de la autoridad minera no fueron contestados en tiempo y forma, mientras que la respuesta enviada desde la Secretaría Técnica al pedido dirigido a Perea fue solo parcial.

Esta situación contrasta con los principios de la Ley Nacional N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que garantiza que toda solicitud dirigida a organismos estatales debe responderse de manera gratuita en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Trabas a la prensa: excusas administrativas y decisiones opacas

Las barreras informativas no solo perjudican a los particulares. También obstaculizan la fiscalización periodística. El 25 de agosto de 2026, este medio presentó una solicitud formal de vista sobre el expediente 1100-000346-2026 ante la Secretaría Técnica del Ministerio para verificar el curso de las actuaciones.

Sin embargo, el trámite derivó en una serie de respuestas que fueron modificando el argumento para impedir el acceso a la documentación. En las oficinas ministeriales se transmitió verbalmente que la revisión de los documentos no dependía de un derecho normado, sino de la decisión discrecional de un superior. Posteriormente, se objetó un supuesto error administrativo en la nota vinculado a la dirección consignada. Más allá de ese señalamiento formal, la respuesta de fondo no varió. El acceso a las actuaciones del Ministerio continúa supeditado a criterios opacos que impiden el control ciudadano sobre los recursos naturales.

El pliego de preguntas que el Estado evita responder

El silencio oficial mantiene sin respuesta un cuestionario de siete puntos clave presentado por Maidana. Entre ellos, el geólogo pidió conocer si ERM Argentina S.A. fue contratada por algún estamento gubernamental o si actuó en forma privada, y si su relación con el estudio Bastías-Yacante podría quebrantar las normas de ética pública.

También reclamó precisiones sobre el destino que la consultora y sus apoderados dieron a los datos extraídos de los expedientes privados. A eso se suma una serie de interrogantes vinculados con la Escribanía de Minas, que retiene certificados de titularidad y vigencia requeridos para presentar Informes de Impacto Ambiental en expedientes como 1124-234-M-2021, 1124-314-M-2021 y 1124-333-J-2008.

Maidana también pidió explicaciones por una inconsistencia en el Padrón Minero Digital. Allí figuran 15 pertenencias a nombre del proyecto Mina Global cuando en el expediente real solo constan 3, una diferencia que, según el planteo presentado, incrementa indebidamente el cobro del canon minero.