Un pedido de informes presentado ante el Honorable Consejo Minero de San Juan puso el foco en el entramado de empresas y vínculos familiares conocido como «Clan Bastías–Perea«. El geólogo Julián Santiago Maidana, titular de varias propiedades mineras en la provincia, exigió por escrito explicaciones sobre la actuación de la consultora ERM Argentina S.A. en el catastro minero.

En el escrito fechado el 29 de junio de 2026 y dirigido a los integrantes del Consejo, Maidana relata que durante enero y febrero de 2025 la empresa ERM realizó una «revisión y vista» de una veintena de expedientes de su titularidad, sin que mediara notificación previa. Según describe, la firma se presenta como una consultora internacional especializada en medio ambiente y sostenibilidad, con más de 30 años de trayectoria en la región, y sostiene no comprender qué interés específico podría tener en auditar el catastro minero sanjuanino.

La sospecha central de la denuncia es que ERM funcionaría como una pantalla para que el Clan Bastías acceda a información y, eventualmente, a derechos mineros de terceros. Maidana señala que el domicilio legal de ERM en la provincia —Ignacio de la Roza 2560 Oeste— coincide con el del estudio jurídico Bastías-Yacante, del que son socios María Laura Bastías, esposa del ministro Perea, y su cuñado Hugo Emilio Bastías. 

La prueba documental del geólogo es la foja 89 de las actuaciones oficiales, donde la consultora ERM fija su domicilio legal en San Juan precisamente en esa dirección bajo la gestión de Hugo Alejandro de la Torre. El documento autoriza expresamente a Ana Emilce Zavall Bianchi, Matías Boero y Gerónimo Boero —vinculados al equipo del estudio de la familia del ministro— para realizar la revisión de los expedientes, certificando así el vínculo operativo directo entre la firma privada y el entorno íntimo del funcionario.

En el escrito plantea una pregunta de fondo: si no existe una «incompatibilidad manifiesta de funciones» del ministro Perea, dado su parentesco político con el estudio que revisa expedientes de la cartera que él mismo dirige, en contradicción con los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad que exige la ley.

Un clan con 108.000 hectáreas mineras

La denuncia de Maidana no aparece en el vacío. Una investigación publicada en mayo de 2026 por La Mecha ya había reconstruido, a partir de datos del Catastro Minero provincial, el tamaño del entramado que vincula al Clan Bastías: 79 derechos mineros que en conjunto suman 108.007 hectáreas, equivalentes al 5,12% de toda la superficie concesionada en San Juan, una extensión superior en más de un tercio a toda la superficie cultivada de la provincia.

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Según esa investigación, el clan se organiza en torno a Hugo Enrique Bastías, padre de Gabriel Enrique y de María Laura, con aportes de derechos históricos de Jorge Alfredo y Hugo Atilio Bastías. El vínculo político se completa con Juan Pablo Perea, actual ministro de Minería de la provincia, yerno de Hugo Enrique, esposo de María Laura y cuñado de Gabriel Enrique. El poder del grupo familiar se proyecta también a través de sociedades como Aurora Mining S.A. —dirigida por Hugo Enrique y su hija María Laura—, Sable Argentina S.A. y Olivares S.A.

Esa misma nota se advertía sobre la tensión de este esquema con la Ley 560-E de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a excusarse cuando pueda presumirse falta de imparcialidad y les prohíbe mantener vínculos con entidades bajo su fiscalización directa. El ministro de Minería es, precisamente, la máxima autoridad provincial para controlar, intimar y declarar la caducidad de derechos mineros.

Los siete puntos que exige el geólogo

El expediente N° 1124-407-2026, elevado al Consejo Minero plantea un pliego concreto de preguntas y reclamos. En primer lugar, Maidana pide que se aclare si ERM Argentina S.A. fue contratada por el Gobierno nacional, provincial o municipal, o por el propio Ministerio de Minería, o si actúa como una empresa privada sin relación con ningún organismo oficial. En segundo lugar, exige que se le informe qué uso se le dio a los datos que esa empresa y otros particulares recabaron al tomar «vista» de una veintena de sus expedientes.

El tercer punto es, quizás, el más sensible: pregunta formalmente al Consejo Minero si no existe una «incompatibilidad manifiesta de funciones» del ministro Perea respecto del estudio jurídico Bastías-Yacante, en tanto esa situación —sostiene— quiebra los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad que exige la ley. A partir de ahí, reclama un listado detallado de todos los expedientes en los que ERM u otros agentes vinculados tomaron vista, con fecha del acceso, empresa o entidad solicitante, nombre, apellido y DNI de la persona que hizo el trámite, y motivo invocado.

Los últimos tres puntos apuntan a cuestiones más técnicas, aunque con impacto económico directo. Maidana solicita que se explique por qué la Escribanía de Minas no le otorgó los certificados de titularidad y vigencia que pidió para presentar Informes de Impacto Ambiental en los expedientes 1124-234-M-2021, 1124-314-M-2021 y 1124-333-J-2008. Pide, además, que se identifique qué persona u oficina es responsable de notificar los proveídos de deuda y de cargar los datos en el sistema informático. Y cierra con un reclamo puntual sobre su proyecto Mina Global: denuncia que en el Padrón Minero Digital figuran 15 pertenencias a su nombre cuando, según el expediente, son solo tres, un error que —advierte— incide directamente en el cálculo del canon minero que se le exige pagar.