Día del Periodista en San Juan: los desafíos de investigar en una provincia sin acceso a la información pública
La Ley Nacional N°27.275 se sancionó en noviembre de 2016. Casi diez años más tarde, San Juan todavía no adhiere a la normativa. Fue promesa de Uñac y de Orrego.
¿Cómo chequear si la empresa de un ministro es proveedora del Estado? ¿Cómo saber quiénes son los asesores y secretarios privados de los 36 diputados de la Legislatura Provincial? Estas preguntas no tienen respuestas claras porque San Juan no tiene una ley de acceso a la información pública.
La Ley Nacional N°27.275 de Acceso a la Información Pública fue sancionada en noviembre de 2016. Casi diez años más tarde, la provincia todavía no adhiere a esta normativa. Fue promesa del exgobernador Sergio Uñac en el marco del Acuerdo San Juan de 2020 y del actual gobernador Marcelo Orrego, según declaró en una entrevista en el programa Yo te invito. «Con el tema del Acceso a la Información Pública: todos vamos hacia el camino de la necesidad de que cada persona pueda observar en qué se gasta y qué hacemos, de una manera que sea práctica para todos«, dijo el entonces recién electo gobernador.
El objetivo de la ley es «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública», de acuerdo al texto de la normativa y se basa, entre otros, en el principio de presunción de publicidad: toda la información del Estado se presume pública salvo excepciones previstas por la misma ley. Sólo tres provincias continúan sin esta legislación: San Juan, Formosa, y Tucumán.
Guerra fría y contextos en contramano
Las últimas dos semanas han sido agitadas: carpetazos cruzados entre el orreguismo y el uñaquismo, una denuncia por corrupción en televisión nacional y pedidos de informe entre ambas fuerzas políticas. ¿Cómo se puede garantizar el control ciudadano y, en definitiva, el derecho humano a la información si no es posible acceder a información que se presume pública?
El contexto pone en relieve la necesidad de que San Juan adhiera a esta ley nacional. De nuevo: casi han pasado diez años desde su sanción.
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«Hoy en día encontrar información, en muchos casos, es una cuestión de azar, insistencia y buena voluntad», cuenta Carolina Putelli, periodista de Diario de Cuyo a La Mecha. Esta situación provoca que «la calidad de lo disponible dependa de la gestión del momento». Francisco Tello, de Canal 13, agrega que para confirmar una información a veces es necesaria la palabra de los funcionarios pero que, en muchos casos, estos no se comunican con la prensa.
Acceder a la información pública, en definitiva, es una cuestión de suerte. Pesa más el humor en que se encuentre ese día el funcionario que los principios de participación ciudadana y transparencia.
El caso de Rawson podría ser una excepción, en un futuro. El intendente Carlos Munisaga, en el programa Paren las Rotativas, declaró: «Vamos a poner en vigencia un portal de acceso a la información pública» para que los pedidos sean «posibles» y, así, «seguir bregando por la transparencia». Esta política, de concretarse, podría ser un puntapié inicial. Lo cierto es que en San Juan han pasado nueve años y dos gobernadores y el asunto no parece una prioridad.
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¿Feliz Día del Periodista?
Mientras el contexto local exige, el nacional restringe. A través del Decreto 780/2024, el Gobierno nacional introdujo modificaciones a la Ley 27.275; entre ellas el alcance del concepto de ‘información pública’: se excluye «la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado». Esto va en contra de lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «[las actividades de los funcionarios] salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza».
Por otro lado, el decreto incluye un ítem referido a la «buena fe»: «la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación». El artículo en cuestión hace referencia al «ejercicio excesivo de los derechos».
El 2025 ha estado marcado por ataques reiterados del Gobierno nacional a la prensa. Ataques deliberados contra fotorreporteros en las manifestaciones, acusaciones de calumnias que fueron desestimadas por la Justicia y, directamente, incitación al odio por parte del presidente Javier Milei.
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Mientras a nivel nacional el mileiísmo ejecuta una política que consiste en perseguir periodistas, en San Juan hacemos malabares para obtener la palabra de un funcionario. ¿Qué margen real queda para el control ciudadano, en condiciones así? Según un relevamiento de la red de periodistas de investigación Ruido, la provincia se encuentra en el puesto 22 de 25 en el Índice Nacional de Transparencia. El ránking mide el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a datos oficiales de gestión de poderes ejecutivos subnacionales.
Con un 38.7%, San Juan está entre las cuatro provincias con menor transparencia del país, superando sólo a Salta, Santiago del Estero y Formosa. El informe de Ruido también señala que nuestra provincia es una de las cuatro que no cuentan con un presupuesto provincial visible y accesible. La adhesión de la provincia a la Ley de Acceso a la Información Pública es un asunto que fue postergado tantas veces que valdría sospechar que se trata de algo intencional.
