De la victoria electoral al frente judicial, el acueducto y el mes que cambió el tablero para Uñac
El ex gobernador se convirtió en el blanco preferido de la prensa local y del oficialismo. El devenir de la denuncia judicial de Arancibia por los caños.
“Nos están pegando por todos lados”. Así respondió una fuente cercana a Sergio Uñac cuando La Mecha consultó por la situación política del exgobernador. Diciembre, sin embargo, arrancó con munición gruesa: una ofensiva simultánea en los medios y en la Justicia contra el actual senador nacional y principal referente del PJ sanjuanino.
El disparador fue la denuncia penal presentada por Marcelo Arancibia, abogado y dirigente del GEN, quien hace dos años compitió por la gobernación en el mismo espacio que Marcelo Orrego. La presentación, realizada ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan, solicita investigar presuntos delitos contra la administración pública cometidos durante las gestiones de Uñac entre 2015 y 2023.
La denuncia tuvo un impacto inmediato y fue replicada por todos los medios provinciales. El eje está puesto en las contrataciones vinculadas a la obra del Acueducto Gran Tulum, aunque el sustento central proviene de una serie de investigaciones periodísticas publicadas a mediados de este año por Natalia Caballero en Tiempo de San Juan.
Conviene, de todos modos, introducir una aclaración clave. Las investigaciones periodísticas son centrales para comprender el caso, están documentadas, tienen secuencia y aportan información relevante que hoy forma parte del debate público. Ese mérito no está en discusión. Sin embargo, tampoco puede soslayarse el contexto en el que emergen. En San Juan los medios rara vez investigan al poder mientras gobierna. Lo hacen, casi siempre, cuando ese poder ya no está o empieza a perder centralidad.
Vale recordar también que, a fines de mayo, y como respuesta a denuncias que llegaron a medios nacionales por posibles sobreprecios en la compra de kits escolares a un socio político de Marcelo Orrego y por el millonario subsidio a la aerolínea Flybondi, el oficialismo sanjuanino presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes para investigar el uso de fondos durante la gestión uñaquista.
Entre los puntos solicitados figuraban las operatorias de financiamiento y ejecución del Acueducto Gran Tulum, además de las demandas judiciales iniciadas contra la provincia entre 2020 y 2023. En aquel momento, la disputa política había alcanzado un nivel de confrontación elevado. Con el correr de los meses, sin embargo, ese clima se fue diluyendo. Los pedidos de informes quedaron, finalmente, cajoneados.
En paralelo, en septiembre comenzaron a circular en medios nacionales y provinciales datos sobre el patrimonio de Sergio Uñac. El exgobernador figuró entre los senadores con mayores bienes declarados: informó un patrimonio de $594 millones en 2024, lo que lo ubicó en el séptimo puesto del ranking nacional, según registros de la Oficina Anticorrupción.
En este caso, la ofensiva mediática que rodea a Uñac se inscribe también en una disputa política más amplia, atravesada por el enfrentamiento entre el exgobernador y el propietario de Tiempo de San Juan, una pulseada que excede el expediente judicial. En ese marco, la denuncia presentada por Marcelo Arancibia aparece débil en su formulación ya que está apoyada más en links a notas periodísticas que en la incorporación directa de pruebas documentales propias.
Si el planteo hubiera traducido esos hallazgos en evidencia jurídica concreta, el escenario sería otro. Tal como está presentada, la denuncia expone más una estrategia política que un trabajo judicial robusto.
Volviendo al caso. El principal apuntado por esas notas es Gustavo Monti, primo del exgobernador. El medio reveló la relación entre Monti y la empresa adjudicataria Krah América Latina S.A. En particular, expuso a Monti —dueño de PVC San Juan SRL— como referente local de Krah, con registros fotográficos junto a directivos de la firma alemana durante actos licitatorios y la existencia de una factura emitida por su empresa a Krah en concepto de comisión.
En ese contexto, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, sumó combustible al debate. En declaraciones al programa Paren las Rotativas — conducido también por el propietario de Tiempo de San Juan— , afirmó que “la obra no estaría, pero los pagos sí”. La frase aludió al préstamo otorgado por Kuwait, cuya devolución la provincia comenzó a afrontar este año y se extenderá durante dos décadas, pese a que la obra no está concluida ni los caños fueron instalados.
Otro de los que salió a cargar públicamente contra la administración de Sergio Uñac fue su tocayo Sergio Vallejos, ex candidato a gobernador por el mismo espacio que Marcelo Orrego, al igual que Arancibia. No es un actor menor en esta historia: fue Vallejos quien, en 2023, llevó a la Corte Suprema de Justicia el planteo que impidió al pocitano presentarse nuevamente como candidato a gobernador.
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Los medios también reflejaron las declaraciones del fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, quien confirmó que su organismo podría constituirse como parte querellante si se verifican delitos que afecten el patrimonio estatal. Dávila asumió en ese cargo tras ser designado por la Cámara de Diputados en octubre de 2024 y fue puesto en funciones por Orrego a fines de ese mismo mes, reemplazando a Jorge Alvo y siendo un ascenso desde su rol previo como Fiscal Adjunto.
En caso de corroborarse irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, la Fiscalía de Estado deberá intervenir en el proceso penal con el objetivo de resguardar los intereses provinciales. Dávila explicó que esa participación sería un “complemento” del trabajo del Ministerio Público Fiscal.
Como querellante, el organismo podría aportar pruebas, solicitar informes y promover distintas medidas procesales. El fiscal de Estado advirtió, además, que se trata de una denuncia de “compleja resolución”, que requerirá tiempo para su análisis y evaluación. De avanzar, anticipó, sería la primera investigación penal por presuntos hechos de corrupción encabezada por la Fiscalía de Estado en San Juan.
¿Quién conduce hoy el Ministerio Público Fiscal? Guillermo Baigorrí, quien asumió como fiscal general tras reemplazar a Eduardo “Jimmy” Quattropani, luego de meses de negociaciones políticas. Su designación se produjo, además, contra la voluntad de Sergio Uñac, que había instruido a sus diputados a votar por otro de los postulantes, Matías Senatore.
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De todos modos, quien tiene a su cargo la conducción directa de la investigación impulsada por Arancibia es el fiscal Sebastián Gómez. Baigorrí no interviene formalmente en la causa, aunque desde su posición institucional puede influir, sugiriendo avanzar a fondo o moderar el ritmo de la pesquisa.
Un tablero cambiante
La embestida contra Uñac llega apenas un mes después de que el peronismo sanjuanino se impusiera en las elecciones legislativas nacionales. Aquel 26 de octubre, el candidato uñaquista Cristian Andino derrotó al orreguista Fabián Martín y al libertario Abel Chiconi. Hoy, ese triunfo parece quedar lejos.
Como suele decir el politólogo Andrés Malamud, la política argentina se asemeja a una montaña rusa. El paralelismo aplica también para San Juan. Uñac pasó, en cuestión de semanas, de estratega y armador victorioso a perder la pulseada por el Fiscal General y, ahora, a quedar en el centro de denuncias por presuntos hechos de corrupción durante sus gestiones.
En ese breve lapso entre el triunfo electoral y el giro del escenario, Uñac comenzó a proyectarse más allá de San Juan. Empezó a mirar el armado nacional del PJ y, en una entrevista con Infobae del 9 de noviembre, dijo que su objetivo es “recorrer y conocer el país” para participar de la reconfiguración del peronismo, sin descartar aspiraciones presidenciales. A comienzos de octubre lanzó, junto a Juan Manuel Urtubey y otros dirigentes, el espacio Primero la Patria, una corriente interna con aval de Cristina Fernández de Kirchner que busca disputar la agenda federal.
Desde el entorno del senador aseguran que el revuelo mediático y judicial no es casual. Fuentes cercanas a Uñac señalaron a La Mecha que la ofensiva responde a un clima político posterior a la derrota electoral.
“Tienen miedo porque les ganamos las elecciones y su gestión es un desastre”, sostuvo un allegado al exgobernador. Y remató: “Están perdidos e improvisan con estas cosas”.
Casi en paralelo, emergió otro frente mediático. Esta vez, vinculando a Uñac con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En el canal TN, el secretario general del Sindicato de Árbitros de la Argentina (SADRA), Guillermo Marconi, habló de un supuesto acuerdo político de cara a 2027.
Según Marconi, “había un proyecto para que Chiqui Tapia fuera gobernador de San Juan en 2027. Cuando salimos campeones, lo midieron. Pusieron dos o tres millones en la calle para medirlo y ya no: San Juan le quedaba chico”. Mientras en la provincia se acumulan cuestionamientos contra Uñac, Tapia también enfrenta su propio frente de exposición a nivel nacional.
Una de las perlitas del caso es una fotografía de Gustavo Monti presenciando el Mundial de Qatar 2022, imagen que algunos medios asociaron al entorno de Uñac y Tapia.
El enfrentamiento entre Monti y Arancibia, sin embargo, es previo a la denuncia por el acueducto. El abogado representó al periodista Osvaldo «Pajarito» Benmuyal en un juicio por daños y perjuicios iniciado por Monti, luego de las críticas que recibió tras la difusión de aquella imagen.
La denuncia judicial que partió de una investigación periodística
Según la denuncia de Arancibia, el perjuicio patrimonial al Estado sanjuanino ascendería a unos 100 millones de dólares. Se trata del préstamo otorgado por Kuwait, cuya devolución la provincia comenzó a pagar este año y se extenderá por 20 años. Todo ello, de acuerdo a lo señalado por el ministro Roberto Gutiérrez, pese a que la obra no está finalizada ni los caños instalados.
La denuncia fue presentada antes del 10 de diciembre, fecha clave: ese día se cumplen dos años desde que los exfuncionarios dejaron sus cargos. A partir de ese plazo prescribe la posibilidad de investigar el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en el artículo 268 bis del Código Penal.
Arancibia aclaró que el vencimiento del término legal funcionó como un incentivo, aunque no fue el eje central de la presentación.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presunta vinculación entre la empresa adjudicataria, Krah América Latina S.A., y Gustavo Monti, primo hermano del exgobernador. De confirmarse ese vínculo, podrían configurarse delitos como negociación incompatible con la función pública y tráfico de influencias.
La presentación sostiene que los pliegos licitatorios habrían sido diseñados para favorecer a Krah, restringiendo la competencia y configurando posibles delitos de abuso de autoridad y defraudación al Estado. También se mencionan advertencias técnicas previas sobre la calidad de los caños ofrecidos.
Según la denuncia, la empresa competidora General Plastic alertó que las tuberías de Krah eran “experimentales” y carecían del respaldo técnico necesario para soportar la presión del acueducto. Aun así, pese a presentar una oferta 14 millones de dólares superior y con deficiencias estructurales, la adjudicación se concretó a su favor, lo que podría constituir una grave violación de los deberes funcionales y un sobreprecio.
En su presentación, Arancibia pidió investigar una serie de posibles delitos contra la administración pública. Entre ellos, mencionó negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta y asociación ilícita administrativa.
Arancibia solicitó a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de Sebastián Gómez, que requiera al Ejecutivo toda la documentación administrativa vinculada a la obra —pliegos, ofertas, informes técnicos y pagos—, además de pedir antecedentes a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas. También pidió citar a declarar a funcionarios y empresarios, entre ellos al ministro Roberto Gutiérrez y a directivos de General Plastic, y ordenar pericias técnicas, contables y económicas sobre la calidad de los caños, los costos y los pagos realizados.
La denuncia se apoya, además, en una serie de investigaciones periodísticas publicadas por Tiempo de San Juan, que son ofrecidas como prueba documental. Esas notas reconstruyeron la secuencia de hechos que derivó en el escándalo del Acueducto Gran Tulum y detallaron, entre otros puntos, que General Plastic había advertido a los administradores del fondo kuwaití que las tuberías de Krah eran “experimentales” y no contaban con respaldo técnico suficiente.
Entre los artículos citados figuran “Nuevas evidencias que conectan al primo de Uñac con la empresa que colocó los caños del Acueducto Gran Tulum”, “El informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo” y “Sin obra y con deuda: la provincia comenzó a pagar los USD 100 millones del Acueducto Gran Tulum”. Las investigaciones incluyeron testimonios de empresas competidoras que sostuvieron que los pliegos habían sido intencionalmente diseñados —un “pliego orientado”— para favorecer a la compañía vinculada a Monti.