Conflicto universitario: la Corte Suprema obliga al Nación a actualizar salarios y recomponer becas estudiantiles
La Justicia dejó firme una cautelar que obliga al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
El 25 de junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios docentes y recomponer programas estudiantiles. El máximo tribunal desestimó una apelación del Poder Ejecutivo, lo que obliga al Gobierno a recomponer los ingresos docentes y no docentes frente a la inflación acumulada.
La resolución judicial surge tras un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que denunció el incumplimiento de la ley que fue aprobada por el Congreso y vetada sin éxito por el presidente Javier Milei. Aunque Nación intentó condicionar los pagos a la disponibilidad de recursos, el fallo judicial otorga un respaldo legal provisorio para proteger el presupuesto universitario.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el presupuesto universitario sufrió una devaluación del 35%. La caída tiene una proyección de caída del 45% para fin de año. Los salarios del personal docente y no docente perdieron más de un 30% de su poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
Días antes de la resolución de la corte, el Gobierno firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento salarial del 24,33% y refuerzos para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. La secretaria General de SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, indicó entonces a La Mecha que el Gobierno buscó instalar públicamente la idea de que los sindicatos habían abandonado la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario a cambio de una recomposición salarial. Al mismo tiempo, advirtió que los gremios mantienen la postura de desconfianza ante los anuncios del oficialismo.
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El recelo y la decisión de mantener firme la vía judicial terminaron siendo acertados. Los sindicatos y rectores rechazaron la presión del Gobierno para que, a cambio del aumento, retiraran las demandas. Al aceptar el incremento sin dar de baja los amparos, lograron que la justicia siguiera su curso y dejase firme la cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios y becas por ley.
Qué dicen los dos artículos que deberá cumplir el Gobierno
Los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario refieren a la recomposición salarial de docentes y no docentes de acuerdo al índice de inflación. Esta recomposición debe aplicarse desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. En ese periodo, los salarios universitarios perdieron más de un 30% de su capacidad de compra, por lo que la aplicación de estos artículos implica una actualización inmediata para compensar ese desfasaje.
Estos mismos artículos ordenan la actualización de las becas estudiantiles (como Belgrano y Progresar), que presentaban devaluaciones de hasta el 57%.
Todavía quedan en pie otros reclamos judiciales. Por un lado, la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que subordinó la aplicación de la ley a la existencia de «fuentes de financiamiento». Es que mediante aquella resolución, el Gobierno nacional postergó la práctica efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La misma estrategia utilizó después para aplazar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por otro lado, la medida cautelar actual no incluyó el conjunto completo de las partidas previstas en la ley, dejando fuera del alcance inmediato la actualización presupuestaria integral para los años 2024 y 2025.
Otro foco de conflicto abierto es el referido al financiamiento específico para la red de hospitales que dependen de las universidades nacionales. También la vía judicial para reclamar la deuda acumulada por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que afecta a los docentes preuniversitarios.