¿Cierre del FISU?: humo, vaivenes y desidia estatal
El 8 de mayo, el Gobierno nacional anunció el cierre definitivo del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Los argumentos: deficiencia contable, falta de resultados. El 23 de ese mes, la Justicia frenó la medida y multó a Sebastián Pareja, armador de Karina Milei que asumió la gestión del fondo. Entre tanto: falta de pagos y una burocracia violenta.

El 8 de mayo, el Gobierno nacional cerró el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) a través del Decreto N°312/2025 con el argumento de que registraba «un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados». El 23 de ese mes, la Justicia le puso freno a la eliminación y multó a Sebastián Pareja, funcionario mileiísta a cargo de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (FISU), de la que depende el fondo, con $200.000 por cada día de demora en la presentación de un plan de urbanización de barrios populares.
El FISU es un fondo fiduciario destinado a la urbanización de villas y asentamientos que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y fue creado en 2018 a partir de la Ley N°27.453 (con apoyo de todas las fuerzas políticas en ambas cámaras). En estos barrios, más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso a dos o más servicios básicos, como red de agua corriente, de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o agua cloacal. En este sentido, el FISU es una herramienta que mejora significativamente la vida de los vecinos de estas zonas.

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Mateo Molina integra La 135, una cooperativa de construcción que llevó a cabo un proyecto de núcleos húmedos (instalación de baño y cocina) en el barrio Alfonso XIII, Pocito con el financiamiento del FISU. El proyecto contemplaba la construcción de 50 núcleos (uno por lote, en el cual puede haber una o varias casas); La 135 recibió un primer desembolso que fue del 60% con el cual pudieron construir 30 unidades; el 40% restante no llegó debido al congelamiento por parte de la entonces entrante gestión mileiísta.
«Vimos un cambio en la vida de esas familias, que pasaron de tener una letrina que daba a un canal seco, que en verano se infestaba y llenaba de olores, a tener una ducha, agua caliente y conexión a las cloacas», enumera Mateo. «Ni hablar de la cocina. Hace dos o tres años a una vecina se le incendió la casa por cocinar con fuego. Hoy puede cocinar segura», agrega.

Detrás del humo
El Fondo de Integración Sociourbana fue foco de ataques del oficialismo desde hace tiempo. En febrero de 2024, el Gobierno nacional recortó los recursos del fondo de manera significativa al modificar la distribución de los ingresos recaudados a través del impuesto PAIS. El FISU, que se financiaba (así como turismo y obras de infraestructura económica) con el 30% de este arancel pasó a percibir sólo el 1%.
Sin embargo, esta medida puede interpretarse como una manera de legitimar el bloqueo en los pagos al fondo. Es que al inicio de la gestión de Javier Milei, la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), de la que depende el FISU, pasó a la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Es decir: todos los pagos dependían de la aprobación de esta cartera. Y no se hicieron.
Denuncia Mateo Molina: «No hicieron un pago más, y estaba la plata. Si nos hubieran pagado a nosotros en febrero podíamos ejecutar el resto de la obra».
«Ausencia de reglamentos operativos», «falta de criterios de evaluación», «administración financiera ineficiente» son algunos de los argumentos esbozados por el Gobierno nacional para justificar la eliminación del FISU. Consultado acerca de ello, el integrante de La 135 responde: «Nosotros hemos tenido en nuestras manos una de las obras más grandes que puede dar la SISU. No sólo tenías que presentar la factura de todos los materiales y recibos de sueldo, sino que además venían ingenieros, el equipo técnico de la SISU a ver que la obra sea tal cual vos la presentaste».
Un detalle no menor: mientras que la narrativa del oficialismo consiste en desprestigiar al FISU y a las cooperativas alegando falencias en la gestión y deficiencias contables, Sebastián Pareja, funcionario mileiísta que asumió la Secretaría de Integración Sociourbana, declaró: «He hablado con muchos intendentes y hasta ahora no he encontrado críticas. Lo que estoy viendo es un presupuesto con más del 80% ejecutado».
Otro aspecto a destacar es que en el último acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina, la entidad financiera «sugiere» el cierre de los fondos fiduciarios.
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La medida judicial que frenó el cierre del FISU supone un nuevo capítulo en torno a las controversias generadas por el oficialismo acerca de las organizaciones sociales, las cooperativas y las obras de urbanización. En el medio, los vecinos y familias de los barrios populares.