Caso “Pichi” Paredes: la querella pidió exhumar el cuerpo, hacer pruebas de ADN a policías y cuestionó el acceso restringido a la causa

La investigación por la muerte de Daniel “Pichi” Paredes en un calabozo de la Comisaría 12 de Valle Fértil comenzó a mostrar avances para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. La familia pone en duda la versión policial que sostiene la hipótesis de un suicidio por ahorcamiento. En diálogo con La Mecha, el abogado Néstor Olivera, representante de la familia Paredes como querellante, detalló cómo avanza la causa.

Olivera destacó, en primer término, la predisposición y la coordinación del fiscal Francisco Pizarro durante la investigación. Según explicó, la querella viene trabajando de manera conjunta con la fiscalía para impulsar distintas medidas de prueba. Entre las principales medidas solicitadas aparece la extracción de ADN de las prendas que llevaba Paredes al momento de morir, con el objetivo de compararlo con muestras de los efectivos policiales. Además, se coordinó una auditoría sobre la autopsia original.

“Venimos trabajando de manera coordinada con el doctor Pizarro, acordando distintas medidas probatorias. Entre ellas, pruebas sobre las prendas de vestir de Paredes y una auditoría médica de la autopsia junto a profesionales del laboratorio forense, médicos de la Unidad Fiscal y especialistas que podamos aportar desde la querella”, sostuvo Olivera.

En esa junta médica, de la que participarán distintos profesionales, también se analizarán grabaciones y fotografías del cuerpo. Paralelamente, Olivera contó a La Mecha que la querella solicitó “la exhumación del cadáver”, aunque aclaró que “todavía no hay resolución”.

Sobre el resto de las medidas, el abogado explicó que “es un proceso que se desarrolla con el tiempo. La Unidad Fiscal viene produciendo pruebas, tomando testimonios y relevando cámaras y filmaciones del lugar”.

Por su parte, el fiscal Pizarro consideró en diálogo con La Mecha que, por ahora, la exhumación no aportaría demasiado más de lo que ya arrojó la autopsia inicial. A diferencia de la postura de la querella, el fiscal sostuvo: “Ya se realizó una autopsia siguiendo todos los procedimientos. Se extrajo material suficiente y se tomaron abundantes fotografías forenses, herramientas de consulta muy útiles para los peritos sin necesidad de acceder nuevamente al cadáver”.

Uno de los principales puntos de conflicto legal señalados por Olivera tiene que ver con la restricción del Código Procesal, que impide a la querella acceder al expediente antes de la formalización de la investigación. Según explicó el abogado, “el Código Procesal prevé que solo se puede acceder al legajo a partir de la formalización. Antes de eso existe un período de información reservado para el fiscal”.

En ese contexto, Olivera afirmó: “Hemos pedido copias del legajo y también la inconstitucionalidad del artículo procesal que impone esta restricción”. En casos como este, el procedimiento previsto por el Código Procesal Penal se divide en distintas etapas de investigación y control judicial.

Cuando ocurre un hecho presuntamente delictivo, se abre una investigación preliminar encabezada por el fiscal. Ese proceso tiene un plazo inicial de tres meses para reunir pruebas y avanzar con distintas medidas, aunque puede extenderse por otros tres meses. Según establece el Código Procesal, durante esta etapa existe una restricción de acceso al expediente. La querella recién puede consultar el legajo una vez que la investigación es formalizada. Hasta entonces, se considera un período de información reservado para el fiscal.

La formalización de la investigación ocurre cuando ya existe una persona identificada como imputada. En ese momento, el fiscal solicita ante un juez el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria. Durante esa audiencia se comunica oficialmente la imputación del delito a la persona investigada.

En casos como el de Daniel Paredes, el procedimiento contempla medidas adicionales por las características del hecho investigado. Una de ellas es la aplicación del Protocolo de Minnesota, utilizado cuando existen sospechas de muertes ocurridas bajo custodia estatal o posibles hechos de tortura. Olivera sostuvo que la auditoría médica resulta clave ante la posibilidad de que existan rastros de tortura y explicó que, por ese motivo, el protocolo ya comenzó a aplicarse en la causa. Además, remarcó la importancia de la junta médica porque la querella no participó de la autopsia original, ya que todavía no estaba constituida formalmente en el expediente.

El Protocolo de Minnesota reúne una serie de estándares internacionales impulsados por la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y posibles crímenes de lesa humanidad. Su objetivo es garantizar investigaciones independientes, imparciales y eficaces, además de proteger el derecho a la vida y promover la rendición de cuentas.

Además, entre las medidas probatorias previstas en este tipo de procesos se encuentran las juntas médicas, las auditorías de autopsias, el relevamiento de videos y los peritajes en el lugar de los hechos.

Actualmente, la causa atraviesa la etapa previa a la formalización de la investigación. En ese marco, se realizan pericias y se recolectan pruebas antes de solicitar la intervención judicial para dar inicio a la Investigación Penal Preparatoria.

La querella también solicitó los antecedentes médicos de Paredes y la realización de una autopsia psicológica. Según explicaron, el hombre se encontraba bajo tratamiento hospitalario por problemas de alcoholismo.

Otra de las medidas que analiza el fiscal es trasladarse junto a una comisión al lugar de los hechos para realizar nuevas pericias en el terreno. Pizarro confirmó además que ya fueron relevadas grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, insistió en que debe mantener reserva sobre algunos detalles específicos para evitar futuras nulidades en la causa. También aseguró que trabajan sobre distintas hipótesis y que la fiscalía mantiene abiertas las puertas para cualquier persona que pueda aportar información relevante.

Renato Paredes, hermano de Daniel, contó a La Mecha que los costos de una eventual exhumación deben ser afrontados por la querella. Por eso, la familia evalúa iniciar una colecta para reunir fondos y cubrir los gastos del procedimiento.