Bomberos voluntarios: el reclamo que vuelve a quedar expuesto tras los incendios
Los bomberos voluntarios de San Juan llevan años reclamando una ley que regule su actividad, garantice cobertura de salud y establezca un fondo para sostener los cuarteles. Mientras la Legislatura demora el debate y el Gobierno mantiene el diálogo congelado, los incendios de agosto volvieron a mostrar cuánto depende el sistema de emergencias de su trabajo.
El miércoles 26 de agosto de 2026, las fuertes ráfagas de viento Zonda volvieron a sumir a San Juan en una de sus peores pesadillas climáticas. Protección Civil registró más de 42 focos de incendio en Rawson y Pocito. Doce familias perdieron por completo sus viviendas y tres personas debieron ser asistidas de urgencia por quemaduras en el Hospital Marcial Quiroga.
En medio del humo, el hollín y la destrucción, un video grabado por el bombero voluntario Agustín Moya, en la calle 11 de Pocito, se volvió viral. Con el rostro cubierto de cenizas, después de seis horas de combate ininterrumpido contra las llamas, Moya lanzó una pregunta que pronto comenzó a resonar en toda la provincia: «¿Para cuándo la ley? Llevamos años pidiendo esto. El servicio de emergencia se desbordó, ¿y qué pasaba si no estábamos nosotros?».
La dramática jornada del Zonda volvió a dejar al descubierto una crisis que los bomberos voluntarios vienen denunciando desde hace años. San Juan es hoy la única provincia del país donde no cuentan con un marco regulatorio ni con una protección legal integral, una situación que los deja en una marcada desprotección jurídica y política.
A pesar de los compromisos públicos asumidos por las autoridades provinciales a finales del año pasado, 2026 avanza entre el silencio de la gestión de Marcelo Orrego y una tensión institucional que, por momentos, resulta difícil de explicar.
El colapso en el territorio: bomberos sin descanso ni amparo
Durante la catástrofe del pasado miércoles, la capacidad de respuesta provincial se vio desbordada. Dotaciones de los cuarteles voluntarios de Pocito, Rawson, Chimbas, Capital, Rivadavia y Ullum debieron acudir de urgencia para colaborar en el control de las llamas junto a los bomberos de la Policía.
Moya, desde la línea de fuego, puso en evidencia una realidad que atraviesa al sistema de emergencias provincial: buena parte de su capacidad de respuesta depende del trabajo gratuito y voluntario de los bomberos. Tres móviles del cuartel de Pocito y dotaciones de apoyo de otros departamentos sostuvieron el operativo durante las horas más críticas.
Sin embargo, esa movilización de recursos se produjo en medio de una persistente incertidumbre jurídica para quienes integran los cuarteles de Albardón, Rawson, Jáchal, Pocito y el resto de las dependencias voluntarias de la provincia.
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias argentinas, los cerca de 280 bomberos voluntarios activos de San Juan no tienen garantizado el acceso a una obra social para ellos y sus familias. Tampoco cuentan con pensiones tras años de servicio ni con un fondo provincial estable para el mantenimiento y equipamiento de los cuarteles.
El contraste es significativo. Mientras que en la provincia de Buenos Aires un bombero retirado percibe un reconocimiento vitalicio que ronda los 900.000 pesos, en San Juan el beneficio para quienes dedican años de servicio a esta tarea es de cero pesos.
El 2 de junio: sirenas apagadas y amago de detención en el Centro Cívico
El punto de mayor tensión política de este año se vivió el pasado 2 de junio, durante el Día Nacional del Bombero Voluntario. Lo que debía ser una jornada de visibilización pacífica terminó en un inédito enfrentamiento con la Policía de San Juan en las inmediaciones del Centro Cívico.
Una columna de una decena de autobombas y vehículos de emergencia llegó por la Avenida España y rodeó el edificio estatal para luego estacionarse sobre la Avenida Libertador [8]. El objetivo era entregar un petitorio directamente al gobernador Marcelo Orrego y al vicegobernador Fabián Martín en la Casa de Gobierno.
Sin embargo, al llegar al Centro Cívico, la Policía, bajo las órdenes del comisario Pablo Torres, les exigió apagar las sirenas con el argumento de que «molestaban a los trabajadores». También les pidió retirar los camiones al sostener que violaban el protocolo de seguridad por utilizar vehículos de emergencia durante una manifestación.
Los bomberos se negaron a retirar las unidades y el clima comenzó a tensarse. Los efectivos policiales intentaron entonces detener a Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan.
Cuello llegó a responder desafiante a la amenaza policial: «¿Voy preso? ¿Cuál es el problema? No nos prestan atención, hace 18 años que estamos presentando proyectos para una regulación de los bomberos acá en la provincia».
Finalmente, tras una mediación, dos bomberos subieron a entrevistarse con Carmen Patinella, asesora del vicegobernador Fabián Martín, para entregar el petitorio. La Policía desistió entonces de detener al dirigente y de incautar los camiones.
Los manifestantes continuaron hacia la Casa de Gobierno para entregar las copias del pedido al gobernador Orrego. Allí, sin embargo, no fueron recibidos por ninguna autoridad. Después de esperar, debieron retirarse sin una respuesta oficial.
Promesas y especulación política
El reclamo por una regulación legal no es nuevo. Los primeros proyectos presentados en San Juan datan de 2012.
A finales del año pasado, parecía que el pedido finalmente podía encontrar un camino en la Legislatura. El diputado provincial Luis Rueda incluso aseguró públicamente que existía un «compromiso firme» del oficialismo, luego de mantener reuniones en el cuartel de Chimbas junto al vicegobernador Fabián Martín.
Sin embargo, las promesas se diluyeron con rapidez . El proyecto presentado por Rueda en 2024 quedó archivado en comisiones, nunca fue tratado y finalmente perdió estado parlamentario.
Ante esa inacción, la oposición legislativa volvió a impulsar el debate. La diputada Fernanda Paredes, del Bloque Justicialista, presentó un nuevo proyecto para instituir formalmente el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios.
La iniciativa contempla algunas de las demandas centrales de la Federación. Entre ellas, la incorporación obligatoria de los bomberos activos y de su grupo familiar primario a la Obra Social Provincia, el otorgamiento de una pensión graciable y vitalicia para quienes cumplan 25 años de servicio y la creación de un fondo provincial destinado al equipamiento, el mantenimiento edilicio y la conservación de la flota de vehículos.
Ese fondo se integraría con un porcentaje de la recaudación del Impuesto Inmobiliario provincial. Actualmente, existen dos proyectos de ley que permanecen bajo tratamiento en comisiones . Sonia, diputada provincial, también tiene su propia iniciativa en discusión .
Según apuntó la diputada Paredes, el costo fiscal de brindar cobertura de salud a este sector a través de la OSP sería mínimo debido a la reducida cantidad de beneficiarios directos. Para la legisladora, la negativa del oficialismo a avanzar con la norma responde a una «especulación política» y a una falta de voluntad para resolver el reclamo.
El «cero diálogo» del Gobierno Provincial
A pesar de la magnitud de los incendios de agosto y del impacto que tuvo la protesta de junio, la gestión de Marcelo Orrego mantiene un marcado hermetismo frente a la conducción formal de los bomberos voluntarios.
El presidente de la Federación, Sergio Cuello, ha sido tajante al describir la relación con la actual administración provincial: “Cero diálogo”.
Cuello reveló recientemente que, después del intento de detenerlo durante la protesta, ninguna autoridad gubernamental se comunicó directamente con él. También contó que presentó solicitudes formales de audiencia con el secretario de Seguridad provincial para coordinar tareas operativas de manera conjunta, pero aseguró que las notas nunca fueron respondidas.
«Nosotros no estamos pidiendo un sueldo, no cobramos nada», aclara el dirigente, al anticiparse a las objeciones presupuestarias que suele plantear el poder político. «Solo necesitamos que seamos reconocidos y estar asistidos para trabajar tranquilos por nuestra comunidad».