Adorni inauguró «El Quemado» en Mendoza en medio de represión y cuestionamientos, mientras San Juan mira de reojo
El jefe de Gabinete presentó el primer proyecto finalizado del RIGI. Periodistas mendocinos critican que el predio no garantiza empleo permanente local.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni inauguró en Mendoza el parque solar El Quemado, primer proyecto energético bajo el esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo de la inversión es inyectar energía renovable en el sistema nacional. Sin embargo, medios locales y comunitarios cuestionaron el impacto real del proyecto en la economía regional.
El Quemado es desarrollado por YPF Luz y está ubicado en el norte de Mendoza. La empresa invirtió 210 millones de dólares en el parque solar, que alcanzaría una capacidad de 310 MW. Horacio Marín, presidente de YPF, señaló que la energía generada por el predio cubriría el gasto de más de 233 mil hogares.
En una entrevista con La Lechuza, el periodista mendocino Juan Burba señaló que, a pesar de tratarse de un parque «faraónico», El Quemado «no deja prácticamente nada» en los pueblos inmediatos, como Jocolí. Específicamente, Burba subrayó que no hubo una baja en las tarifas energéticas y que el mantenimiento del proyecto no garantiza empleo permanente para los mendocinos, sino que se controlará remotamente desde Buenos Aires.
La visita de Adorni se dio en un contexto delicado tanto para Mendoza como para el Gobierno nacional. El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito y su supervivencia entre el cuerpo de funcionarios agrieta la mesa chica del oficialismo. Por otro lado, la marcha federal universitaria del 12 de mayo en la provincia vecina terminó con una fuerte represión policial. El Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo publicó un comunicado de repudio tras un ataque directo de la policía mendocina contra la periodista Celia Segal.
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¿Humo o derrame?
Es natural trasladar a San Juan la incertidumbre sobre la generación de empleo mendocino tras la inauguración del primer proyecto del RIGI. En nuestra provincia está ubicado el 60% de las aplicaciones del régimen. El mega proyecto minero Vicuña, una de las inversiones más grandes del programa, es criticado puntualmente por no contratar proveedores y mano de obra locales. En los últimos días, 190 trabajadores despedidos denunciaron que la empresa está contratando mano de obra riojana.
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Si bien la minería mueve volúmenes muy grandes de inversión, en San Juan el boom todavía parece lejano. La minería metalífera y calera genera apenas 2949 empleos directos en San Juan, lo que posiciona al sector muy por debajo de rubros como el comercio, la industria o la construcción.
El derrame de riqueza del RIGI es improbable debido al propio diseño del régimen. Uno de los puntos más cuestionados del programa antes de su aprobación en el Congreso fue, justamente, que no obliga a las empresas a contratar trabajadores ni proveedores locales. El régimen otorga ventajas impositivas y aduaneras extraordinarias a grandes empresas, incluyendo facilidades para importar bienes e insumos sin aranceles.
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), señaló a La Mecha que muchas pymes locales trabajan como subcontratistas de grandes empresas. En ese sentido, el empresario resaltó la necesidad de una ley de desarrollo de proveedores que beneficie a las compañías sanjuaninas.
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Una ley para proveedores sanjuaninos
Dos proyectos de ley buscan garantizar el empleo de mano de obra y proveedores locales en la minería. Por un lado el del bloquismo, que estipula que las empresas contraten hasta un 80% de trabajadores y un 70% de proveedores sanjuaninos. Además, busca que las compañías compren insumos locales cuando las ofertas sean técnicamente equivalentes a las extranjeras. Por último, estipula un sistema de planes de empleo y desarrollo que serán evaluados por el Estado, así como un esquema de infracciones y multas para las empresas que no cumplan con sus metas.
Por otro lado, el oficialismo trabaja en un proyecto de ley más flexible centrada en metas progresivas y acordadas con las empresas mineras, aunque también busca que la inversión minera tenga un impacto creciente y verificable a través de planes de desarrollo local.