Acueducto Gran Tulum: las acusaciones contra Uñac y Andino, los cuestionamientos a la Fiscalía y lo que viene
La Fiscalía expuso los cargos contra 10 investigados, pero un pedido de nulidad postergó la formalización. Las objeciones judiciales y políticas que atraviesan la causa.
La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum atravesó dos jornadas de audiencias que dejaron acusaciones graves, cuestionamientos al desempeño de la Fiscalía y una nueva postergación judicial. Entre los principales investigados aparecen dos referentes de la oposición al gobierno de Marcelo Orrego, el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, junto con exfuncionarios y empresarios vinculados con la contratación y ejecución de la obra.
Durante las audiencias del martes 10 y miércoles 11 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso las acusaciones por presunta administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, el trámite quedó nuevamente en suspenso después de que las defensas presentaran un pedido de nulidad contra una resolución de la jueza de Garantías Mónica Lucero.
La magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre, cuando deberá pronunciarse sobre el planteo. Hasta entonces, la formalización de la investigación permanecerá pendiente, pese a que la Fiscalía ya comunicó los cargos que pretende atribuir a 10 de las 11 personas investigadas.
El desarrollo de las audiencias estuvo lejos de ser sencillo. El martes, con Uñac y Andino presentes en Tribunales, la atención mediática se concentró inicialmente en los dos dirigentes políticos. Pero el protagonismo terminó desplazándose hacia los cruces entre la jueza y los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Lucero interrumpió en reiteradas oportunidades al fiscal Sebastián Gómez y al ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, a quienes les cuestionó la lectura de actas, antecedentes y expedientes técnicos en lugar de presentar una acusación oral, clara y ordenada, conforme a las exigencias del sistema acusatorio.
La magistrada consideró que la exposición no reunía las condiciones necesarias para avanzar con la formalización y resolvió suspender la audiencia hasta el día siguiente, con el objetivo de que la Fiscalía reorganizara su presentación.
El miércoles, nuevamente con los principales investigados presentes, Gómez retomó la exposición y completó el relato de los hechos y la teoría del caso. La Fiscalía detalló las acusaciones contra 10 de los 11 investigados y solicitó un plazo de dos años para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino quedó pendiente debido a un viaje al exterior que había sido comunicado previamente.
Las acusaciones más amplias recayeron sobre Uñac, Andino y el extitular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz. A los tres se les atribuye, en carácter de autores, la presunta comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento o violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, una vez concluida la exposición fiscal, la audiencia volvió a encontrar un obstáculo procesal. El abogado Juan Pablo Ortega, defensor de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, presentó un pedido de nulidad al que adhirió Marcelo Fernández, representante legal de Uñac.
El planteo apuntó contra la actuación de Lucero frente a una recusación presentada en su contra. Según las defensas, la magistrada rechazó por sí misma un segundo pedido de apartamiento, cuando correspondía remitirlo a otro órgano judicial para que resolviera la cuestión. Los abogados sostuvieron que ese procedimiento vulneró las garantías constitucionales de imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso.
La controversia tenía antecedentes. Una primera recusación contra Lucero había sido rechazada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Posteriormente, se presentó una denuncia contra la magistrada que fue desestimada por la Fiscalía. Esa presentación sirvió como fundamento para impulsar un segundo pedido de recusación, cuya resolución terminó desencadenando el planteo de nulidad.
El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. Gómez lo calificó como una «maniobra meramente dilatoria» y cuestionó que las defensas no hubieran acreditado un perjuicio concreto que justificara anular lo actuado. También advirtió sobre las consecuencias que podría tener admitir un criterio por el cual la presentación de denuncias contra magistrados permitiera impulsar nuevos pedidos de apartamiento.
Pese a la oposición fiscal, Lucero consideró necesario resolver la controversia antes de continuar. La magistrada advirtió que avanzar sin pronunciarse sobre el planteo podría generar nulidades posteriores, incluso de difícil reparación. Por eso dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30.
La decisión abrirá dos posibles escenarios. Si la jueza rechaza la nulidad, la audiencia podrá reanudarse para completar el trámite de formalización de la investigación. En ese caso, también deberá resolver sobre los dos años solicitados por la Fiscalía para la IPP y las medidas de coerción de menor intensidad requeridas para los investigados, entre ellas, el compromiso de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.
En cambio, si Lucero acepta total o parcialmente el pedido de las defensas, tendrá que establecer qué actuaciones quedan sin efecto y hasta qué instancia corresponde retrotraer el procedimiento.
Las consecuencias de una eventual nulidad también generaron diferencias entre las partes. El fiscal Gómez advirtió que, si prospera el planteo, «caería todo y tendríamos que empezar prácticamente todo de nuevo». Fernández, defensor de Uñac, planteó una interpretación distinta sobre sus posibles alcances. «La misma jueza podría llegar a determinar el alcance de esa nulidad», explicó, al señalar que una resolución favorable a las defensas no necesariamente implicaría invalidar la totalidad de las actuaciones.
Mientras se resuelve esa discusión, las acusaciones expuestas por el Ministerio Público Fiscal permiten conocer cómo se distribuyen las presuntas responsabilidades entre los investigados.
La hipótesis fiscal apunta a la existencia de un esquema de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública que se habría desarrollado entre 2013 y 2023, durante los procesos de licitación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las principales obras de infraestructura hídrica proyectadas para San Juan.
En el caso de Uñac, la Fiscalía sostiene que durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial se habrían flexibilizado controles y procedimientos vinculados con las contrataciones de la empresa Krah América Latina. También le atribuye haber tenido conocimiento de problemas detectados en las tuberías y, pese a ello, haber dispuesto la continuidad de los trabajos.
A Andino, quien estuvo al frente de OSSE, se le atribuyen presuntas irregularidades relacionadas con modificaciones en las exigencias técnicas de las licitaciones. Según la acusación, esos cambios habrían favorecido a Krah América Latina durante los procesos de contratación.
Por su parte, a Sergio Ruiz, también expresidente de OSSE, la Fiscalía le atribuye decisiones administrativas que habrían beneficiado a la misma empresa, entre ellas, actuaciones vinculadas con los pliegos de contratación y la cesión de un predio en la planta potabilizadora de Marquesado.
La acusación también alcanza a los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós, señalados como presuntos autores de los delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, los exfuncionarios técnicos y legales del organismo Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso fueron señalados como partícipes necesarios de la presunta administración fraudulenta y autores del incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los investigados también aparece Gustavo Mastelono, presidente de Krah América Latina S. A., a quien la Fiscalía atribuye participación necesaria en la presunta administración fraudulenta.
La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino deberá resolverse en una audiencia separada. El exfuncionario había informado previamente que estaría fuera del país, por lo que los cargos específicos en su contra no fueron expuestos durante la jornada del miércoles.
Todas estas acusaciones forman parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser examinadas durante el proceso judicial. Hasta el momento, las responsabilidades penales atribuidas a los investigados no han sido determinadas mediante una sentencia.
Más allá de la gravedad de las imputaciones, el desarrollo de la causa también está atravesado por cuestionamientos procesales, técnicos y políticos al desempeño de la Fiscalía.
Uno de los primeros reproches de las defensas estuvo relacionado con el manejo mediático del expediente. Los abogados cuestionaron que los nombres de los sospechosos circularan públicamente en medios de comunicación antes de que el Ministerio Público Fiscal informara oficialmente sobre los avances de la investigación.
A esa objeción se sumó una discusión sobre la competencia judicial. Las defensas acudieron a la Justicia Federal con el argumento de que los tribunales provinciales carecen de competencia para investigar presuntas irregularidades en una obra financiada con fondos nacionales e internacionales.
La controversia ya tuvo movimientos concretos en Comodoro Py. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, subrogado por el juez Daniel Rafecas, requirió información a la Justicia sanjuanina sobre el estado y el objeto del expediente. El pedido, dirigido a la jueza Lucero, busca obtener precisiones sobre la investigación provincial para avanzar en el análisis de la competencia.
De esta manera, mientras en San Juan se discuten las acusaciones y los planteos de nulidad, también permanece abierta una controversia sobre qué jurisdicción debe intervenir en la investigación.
Otro de los puntos cuestionados por las defensas es el criterio utilizado para seleccionar a las personas investigadas. Los abogados objetan que la causa comprenda la gestión de Uñac, pero deje fuera al exgobernador José Luis Gioja, durante cuyo mandato se aprobaron las primeras normativas vinculadas con el proyecto. También cuestionan que la investigación no alcance al actual titular de OSSE, designado durante la administración de Orrego.
A esos planteos se suman las sospechas de una posible motivación política detrás del avance de la causa. Las defensas han puesto bajo cuestionamiento la independencia del Ministerio Público Fiscal al señalar que el fiscal general Guillermo Baigorrí proviene del espacio político del gobernador Marcelo Orrego.
En ese marco, también contrastan la celeridad de esta investigación, que involucra a dos de los principales referentes de la oposición sanjuanina, con el tratamiento que reciben las denuncias presentadas contra funcionarios del oficialismo. Se trata de cuestionamientos formulados por las defensas, cuya existencia no demuestra por sí misma una interferencia política en el expediente.
La causa llegará así al próximo martes con varios frentes abiertos. La Fiscalía ya expuso sus acusaciones, pero todavía resta completar la formalización de la investigación. Lucero deberá resolver el pedido de nulidad y, si el trámite continúa, pronunciarse sobre los plazos y las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
Al mismo tiempo, la discusión sobre la competencia federal y los cuestionamientos políticos seguirán formando parte de una investigación que involucra a exfuncionarios de distintas áreas del Estado provincial y a dos de las figuras más relevantes de la oposición al gobierno de Orrego.