José Luis Beltrán: el funcionario de Orrego que aprobó el Acueducto, es amigo de la jueza y quedó fuera de la investigación fiscal

El actual presidente de OSSE intervino en los controles técnicos de la obra durante los gobiernos de Gioja y Uñac. Las defensas denuncian selectividad en la investigación y cuestionan una resolución que la Fiscalía utiliza para fundamentar las presuntas irregularidades.

Durante más de una década, José Luis Beltrán ocupó cargos técnicos clave en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Intervino en la revisión de pliegos, supervisó trabajos y participó en la aprobación de certificaciones de obra durante los gobiernos de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Una de esas obras fue el Acueducto Gran Tulum. Hoy preside el mismo organismo, designado por Marcelo Orrego. Sin embargo, su nombre quedó fuera de la lista de once personas contra las que la Fiscalía busca formular cargos por presuntas irregularidades en la construcción del acueducto.

Su ausencia alimentó los cuestionamientos sobre la selectividad de la investigación. Los abogados defensores pusieron en duda el criterio utilizado por el Ministerio Público Fiscal para determinar las posibles responsabilidades penales. La controversia sumó un elemento inesperado durante la audiencia, cuando la jueza de Garantías Mónica Lucero reconoció que mantiene una relación de amistad y cercanía personal con Beltrán.

El actual presidente de OSSE asumió el 13 de diciembre de 2023, apenas tres días después de que Orrego llegara a la Gobernación. Su trayectoria en el organismo, sin embargo, comenzó mucho antes. Entre 2011 y 2023 se desempeñó como auditor técnico y, posteriormente, también como gerente de Obras, durante las presidencias de Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol.

José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE, fue designado por Marcelo Orrego en diciembre de 2023. Durante los gobiernos de Gioja y Uñac ocupó cargos técnicos vinculados con el Acueducto Gran Tulum, pero quedó fuera de la lista de investigados que la Fiscalía busca imputar.

Desde esos cargos intervino en distintas etapas del Acueducto Gran Tulum. Entre sus responsabilidades estuvieron la revisión del proyecto, el control de los pliegos licitatorios y las ofertas presentadas, la supervisión de las cañerías y las pruebas hidráulicas. También participó en la confección y aprobación de las certificaciones que habilitaban los pagos a las contratistas, entre ellas Krah América Latina S.A.

Uno de los argumentos que más sorprendió a la defensa de Cristian Andino está relacionado con la Decisión N.º 1055 de OSSE, firmada el 19 de diciembre de 2013. La Fiscalía utiliza esa resolución como punto de partida de la presunta flexibilización de los controles sobre las cañerías, que posteriormente habría beneficiado a Krah América Latina S.A.

Sin embargo, el propio documento establece que la medida estaba destinada a las ampliaciones de redes distribuidoras de agua potable y colectoras cloacales. Sus anexos incluyen modelos de certificados para cañerías de PVC y permiten que los fabricantes presenten certificados de ensayo como alternativa a la certificación IRAM de conformidad de lote, bajo determinadas condiciones. La defensa cuestiona que la Fiscalía utilice esa decisión como antecedente de las presuntas irregularidades en los tubos del Acueducto Gran Tulum, pese a que la resolución se refiere a otro tipo de instalaciones.

Hay otro elemento que alimenta el planteo sobre la selectividad de la investigación. La resolución deja constancia de la intervención de la Auditoría Técnica de OSSE, área en la que se desempeñaba José Luis Beltrán. La documentación también incluye una planilla de circulación interna dirigida a esa dependencia. Según la defensa, Beltrán intervino en el control de aquella decisión. El cuestionamiento apunta a que la Fiscalía pretende atribuir responsabilidades penales a Andino por una resolución que también pasó por el área técnica vinculada con el actual presidente de OSSE, quien permanece fuera de la lista de investigados.

Su participación en el acueducto tampoco terminó con el cambio de gobierno. Ya como presidente de OSSE, Beltrán continuó al frente de la ejecución de la obra, firmó un acta acuerdo con Krah para adecuar materiales y manifestó públicamente su conformidad con las cañerías instaladas.

Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos de las defensas, que consideran discrecional el criterio utilizado para seleccionar a las personas investigadas. Los abogados del expresidente de OSSE Sergio Ruiz también plantearon por qué se pretende imputar a las anteriores autoridades del organismo mientras Beltrán permanece fuera de ese grupo.

La Fiscalía sostiene, en cambio, que Beltrán no tiene vinculación penal con los hechos investigados. Durante la audiencia explicó que su intervención en el expediente se limita a responder pedidos de informes administrativos en su condición de actual presidente de OSSE.

Los cuestionamientos sobre la selectividad alcanzaron también al exgobernador José Luis Gioja. Guillermo Toranzo, abogado defensor de Cristian Andino, sostuvo que el exmandatario debería haber sido incluido en la investigación por su responsabilidad política durante la etapa en que Andino presidió OSSE. El planteo fue recogido por Diario Huarpe, que informó sobre los argumentos de la defensa respecto de la ausencia de Gioja entre las personas investigadas.

La controversia tiene, además, una dimensión política. Entre las personas contra las que la Fiscalía pretende avanzar figuran dirigentes vinculados con las administraciones anteriores, como Sergio Uñac y Cristian Andino. Beltrán, en cambio, fue designado presidente de OSSE por Orrego y permanece fuera de la lista. Las defensas también cuestionaron la actuación de la Fiscalía conducida por Guillermo Baigorrí, a quien vinculan políticamente con el espacio del gobernador.

Durante la audiencia surgieron, además, interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para financiar el Acueducto Gran Tulum. La jueza Mónica Lucero pidió precisiones a los fiscales para comprender de dónde provenían los recursos vinculados con la obra. Según el intercambio señalado durante la sesión, las explicaciones no terminaron de despejar sus dudas. La insistencia de la jueza en conocer si los fondos utilizados para financiar el Acueducto Gran Tulum provenían de la Nación o de la Provincia no era un detalle menor, ya que su origen podría incidir en la competencia judicial y abrir la posibilidad de una intervención de la Justicia federal.

Video de la audiencia en el que la jueza solicita precisiones sobre el origen de los fondos y los fiscales responden a sus preguntas.

La misma audiencia dejó otra revelación. Lucero reconoció ante las partes que mantiene una relación de amistad y cercanía personal con José Luis Beltrán y explicó que ese vínculo le impediría continuar al frente del expediente si el ingeniero fuera incorporado formalmente como investigado o imputado.

La Fiscalía reiteró que Beltrán no forma parte de las personas contra las que pretende formular cargos y que su intervención en el legajo se limitó a responder requerimientos institucionales. Por ese motivo, consideró que la relación personal informada por Lucero no afectaba el desarrollo de la audiencia.

La jueza reconoció su amistad con Beltrán en plena audiencia. Mónica Lucero admitió que mantiene una relación de cercanía con el actual presidente de OSSE, mientras las defensas cuestionaron que su exclusión de la investigación fiscal descarte una eventual vinculación con los hechos investigados.

Frente a los cuestionamientos de las defensas, la magistrada señaló que la decisión de la Fiscalía de mantener a Beltrán fuera de la imputación no impide que los abogados realicen sus propias valoraciones sobre su participación en los hechos. También anticipó que evaluaría si corresponde adoptar alguna medida procesal respecto de su situación personal, incluida una eventual inhibición si las circunstancias del expediente así lo requieren.

La causa tendrá una instancia decisiva este martes 17 de noviembre, a las 14.30, cuando Lucero deba resolver el pedido de nulidad presentado por las defensas.

Si rechaza el planteo, la audiencia continuará con la formulación de cargos contra las once personas investigadas. También deberá resolver el pedido de la Fiscalía para establecer un plazo de dos años de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y definir las medidas de coerción solicitadas, entre ellas la obligación de someterse al proceso y no entorpecer la investigación.

Si acepta la nulidad, total o parcialmente, tendrá que determinar qué actuaciones quedan invalidadas y hasta qué instancia corresponde retrotraer el procedimiento. La Fiscalía advirtió que una anulación amplia podría obligar a reiniciar prácticamente todo el trámite, mientras que las defensas sostienen que la jueza puede limitar sus efectos sin invalidar la totalidad del expediente.

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