Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía de Baigorrí hizo agua en una causa de alto voltaje político

«Si usted dejara de leer, sería tanto más claro, fiscal». La frase de la jueza Mónica Lucero resumió lo ocurrido en una audiencia que prometía convertirse en uno de los acontecimientos judiciales y políticos más importantes del año en San Juan. Después de casi un año de investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, el Ministerio Público Fiscal llegó a tribunales con una acusación contra 11 personas, entre ellas el exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. La exposición, sin embargo, terminó interrumpida por la magistrada, que dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre.

El papelón fue difícil de disimular, incluso para los medios habitualmente alineados con el Gobierno provincial. Los periodistas que siguieron la audiencia fueron testigos de las reiteradas interrupciones de la jueza y de las dificultades de los fiscales para explicar la acusación. La escena dejó en una posición incómoda al Ministerio Público Fiscal que conduce Guillermo Baigorrí, un dirigente con pasado en Producción y Trabajo, el partido del gobernador Marcelo Orrego. La causa ya acumulaba cuestionamientos por su exposición mediática, la selección de los investigados y la competencia de la Justicia provincial. Ahora se sumó un nuevo capítulo, esta vez frente a una jueza.

Durante buena parte de su intervención, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi se dedicó a leer documentos, antecedentes administrativos y disposiciones técnicas relacionadas con la obra. Lucero lo interrumpió varias veces y le pidió una exposición más clara, de acuerdo con el principio de oralidad que rige el sistema acusatorio. Pasaron más de dos horas y los fiscales todavía tenían dificultades para precisar qué conductas le atribuían a cada uno de los investigados.

La jueza terminó ordenando un cuarto intermedio para que los representantes del Ministerio Público reorganizaran su presentación. La suspensión no supone que la acusación haya sido desestimada, pero dejó una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó la Fiscalía a una audiencia de semejante trascendencia sin conseguir explicar con claridad los hechos que atribuye a los imputados?

A la salida de tribunales, Uñac cuestionó con dureza el desempeño de los fiscales. Aseguró que habían llegado «sin haber estudiado, rompiendo el principio de oralidad y leyendo todo». También sostuvo que enviaron funcionarios que «no tenían ni la más pálida idea de lo que tenían que decir».

La audiencia tenía una carga política considerable. Por primera vez desde que la investigación tomó estado público, Uñac y Andino comparecieron en una instancia de formalización. Ambos son dos de los principales referentes de la oposición al Gobierno de Orrego y figuras centrales del peronismo sanjuanino. Verlos sentados frente a la Justicia, acusados de presuntos delitos contra la administración pública, era una imagen con suficiente peso para instalarse en el centro de la agenda provincial.

Pero las circunstancias jugaron de otra manera. La visita del papa a la Argentina concentró buena parte de la atención informativa y relegó la audiencia a un segundo plano. Y lo que ocurrió dentro de tribunales tampoco favoreció la repercusión que podía tener la acusación contra los dirigentes opositores. La jornada terminó con una jueza que interrumpió a los fiscales y les dio tiempo para reorganizar una exposición que, hasta ese momento, no había conseguido desarrollar con claridad.

El expediente tuvo su origen el 9 de diciembre de 2025, cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en las contrataciones del Acueducto Gran Tulum. Para hacerlo, se apoyó en una serie de investigaciones publicadas por Tiempo de San Juan, que habían revelado vínculos empresariales relacionados con la provisión de cañerías, advertencias sobre la calidad de los materiales y posibles anomalías en las licitaciones. Entre los datos difundidos figuraba la relación de Gustavo Monti, primo de Uñac, con Krah América Latina S.A., una de las empresas adjudicatarias.

A partir de esa presentación, la Fiscalía comenzó a reconstruir decisiones administrativas tomadas a lo largo de una década. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro sostienen que entre 2013 y 2023 habría funcionado un esquema de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Según su hipótesis, distintas resoluciones permitieron flexibilizar las exigencias técnicas para favorecer a Krah América Latina S.A., vinculada con la provisión de tuberías para la obra.

Una de las principales sospechas apunta a los cambios en los requisitos de calidad de los caños de polietileno de alta densidad. Los investigadores cuestionan que se hayan aceptado certificados emitidos por el propio fabricante en lugar de controles independientes. También pusieron bajo la lupa modificaciones contractuales, pruebas hidráulicas y cambios en los procedimientos de instalación.

Buena parte de las primeras decisiones administrativas investigadas se remonta a la gobernación de José Luis Gioja, durante la cual comenzó a desarrollarse el proyecto. En la audiencia, los fiscales hicieron especial hincapié en una disposición de 2013 que modificó las exigencias de certificación de los materiales. Por entonces, Uñac se encontraba interinamente al frente del Ejecutivo provincial debido al accidente de helicóptero que había sufrido Gioja ese año.

El dato adquiere relevancia porque la causa abarca distintas etapas de la obra, aunque tiene entre sus protagonistas políticos más visibles a Uñac y Andino. La defensa de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), ya había cuestionado que la investigación incluyera al exintendente de San Martín mientras Gioja, uno de los impulsores originales del proyecto, no aparecía en la misma situación procesal.

El abogado Mohamed Nasser Uzair también preguntó por qué no se investigaba a José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE designado por Orrego, a quien atribuyó responsabilidades técnicas durante la ejecución del Acueducto.

Gioja aparece, además, en las versiones políticas que rodean el expediente. Algunas lo señalan como un posible impulsor de la denuncia en medio de las disputas internas del peronismo sanjuanino. Hasta ahora no hay elementos públicos suficientes para acreditar esa intervención, pero su nombre vuelve a poner sobre la mesa las tensiones de un espacio político que gobernó San Juan durante dos décadas.

Con el paso de los meses, el expediente ganó protagonismo público. En septiembre, los nombres de los investigados comenzaron a circular en distintos medios antes de que la Fiscalía informara oficialmente los avances de la causa, tal como publicó La Mecha. Aquella difusión anticipada provocó cuestionamientos de las defensas sobre el manejo de la información judicial.

Después llegaron las discusiones sobre la competencia. Los abogados plantearon que la Justicia provincial no debía intervenir en una investigación sobre una obra financiada parcialmente con fondos nacionales y créditos internacionales. La presentación de Ruiz llegó al juzgado federal de Daniel Rafecas, que solicitó información sobre el expediente sanjuanino antes de resolver el planteo.

El expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, también denunció dificultades para acceder a las actuaciones y conocer con precisión los hechos que se le atribuían. Aunque se trata de una instancia procesal diferente, aquel reclamo tiene un punto de contacto con lo sucedido ahora, cuando la jueza Lucero exigió mayor claridad durante la formalización.

La situación se complicó aún más cuando Ruiz presentó una denuncia penal contra uno de los fiscales de la causa, Sebastián Gómez García, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación dio lugar a actuaciones en la Justicia Federal, aunque los delitos denunciados todavía no han sido acreditados.

Mientras avanzaba el expediente del Acueducto, la conducción de Baigorrí también recibía cuestionamientos por el tratamiento de otras denuncias sensibles para el poder político. La Mecha ya había expuesto las diferencias entre el recorrido de esta causa y el de investigaciones que involucraron a personas vinculadas con el orreguismo, como las compras directas al empresario José Nazareno Gazzé y la denuncia contra el asesor de Deportes Héctor «Willy» Lucero.

Son expedientes con características distintas, pero sus recorridos despertaron preguntas sobre los criterios utilizados por el Ministerio Público Fiscal para impulsar las investigaciones.

Baigorrí llegó a la Fiscalía General después de una trayectoria política vinculada con el espacio de Orrego. Su designación y el avance de una causa que involucra a dos de los principales dirigentes opositores alimentaron los cuestionamientos sobre la independencia del organismo. Las defensas hablan de persecución política, una acusación que todavía no ha sido acreditada judicialmente, pero que atraviesa buena parte de la discusión pública sobre el expediente.

Este miércoles, la audiencia se retomará después del cuarto intermedio ordenado por Lucero. Los fiscales deberán continuar con la exposición y precisar los hechos que atribuyen a los investigados. Uñac y Andino volverán a quedar frente a la Justicia, mientras el Ministerio Público Fiscal tendrá que completar una presentación que, en su primera jornada, terminó bajo los cuestionamientos de la propia jueza.