Revés para Baigorrí: la Justicia Federal intervino en la causa del acueducto
La defensa de Sergio Ruiz reclama que el expediente pase a Comodoro Py, cuestiona la competencia provincial y denuncia selectividad. En su presentación, el expresidente de OSSE asegura que no pudo acceder al proceso ni conocer los hechos concretos que se le atribuyen.
La investigación del Acueducto Gran Tulum sumó un frente incómodo para Guillermo Baigorrí. Mientras la Fiscalía provincial avanza sobre exfuncionarios y referentes del peronismo, la Justicia Federal comenzó a tramitar un planteo que cuestiona la competencia de los investigadores sanjuaninos y busca llevar el expediente a Comodoro Py.
El pedido fue presentado por Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), con el patrocinio del abogado Mohamed Nasser Uzair. El 13 de octubre, Daniel Rafecas, juez federal de Buenos Aires, con sede en Comodoro Py, dio ingreso a la inhibitoria y ordenó requerir información a la UFI de Delitos Especiales y a la jueza María Mónica Lucero.
Los oficios solicitan que, “a la mayor brevedad posible”, certifiquen el objeto procesal y el estado del expediente provincial MPF-SJ.33347/2025, caratulado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”. Una vez reunidos esos antecedentes, se dará intervención al fiscal federal.
La causa todavía no fue trasladada ni suspendida. El revés para Baigorrí se expresa, por ahora, en el plano político e institucional: la competencia provincial quedó formalmente cuestionada ante un juzgado federal. La Justicia Federal intervino para evaluar el pedido de la defensa de Ruiz y requirió informes a los investigadores sanjuaninos. La actuación abre una discusión sobre la competencia provincial, aunque todavía no se dispuso su traslado ni suspensión de la causa.
Una acusación que Ruiz asegura desconocer
La presentación contiene un cuestionamiento que alcanza al derecho de defensa. Ruiz sostiene que, pese a encontrarse imputado por su actuación al frente de OSSE, “no se me permitió acceder al proceso e interiorizarme de la acusación”. Agrega que desconoce “a ciencia cierta los hechos concretos que conforman el objeto procesal de la causa”, salvo por la información publicada en los medios.
Ese señalamiento exige una explicación de la Fiscalía: el acceso de los investigados a los hechos que se les atribuyen es una cuestión central para evaluar cómo se desarrolla el proceso.
El escrito también describe la causa como un “proceso armado, falso” y cuestiona que sea manejada por autoridades que considera incompetentes. Se trata de afirmaciones de Ruiz y su defensa; Rafecas no se pronunció sobre su veracidad.
Beltrán, el nombre que incomoda a Orrego
En sus declaraciones públicas, Nasser Uzair, abogado de Ruiz, apuntó contra la selección de los investigados.“Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente. Existe una evidente selectividad en la actuación de los fiscales”, afirmó.
El abogado contrastó la convocatoria de Cristian Andino con la situación de José Luis Gioja, a quien señaló como iniciador de la obra. También puso el foco en José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE designado por Marcelo Orrego.
“Tampoco se cita a José Luis Beltrán, quien auditó y firmó cada paso de la obra, siendo gerente de Obras en esa gestión, y actualmente preside OSSE, designado por el gobernador Marcelo Orrego”, sostuvo. “¿Por qué se investiga a algunos exfuncionarios y no a otros que también tuvieron responsabilidades en la obra? Esta diferencia de tratamiento genera serios interrogantes sobre la imparcialidad de la investigación”, agregó.
El cuestionamiento alcanza directamente a un funcionario del actual Gobierno. La Fiscalía debe explicar qué hechos y responsabilidades delimitan sus decisiones.
Los antecedentes de la Fiscalía de Baigorrí
Baigorrí fue diputado provincial y presidente de Producción y Trabajo, el partido del gobernador. Esa trayectoria vuelve especialmente necesaria la transparencia de sus decisiones ante causas que involucran a adversarios políticos o a personas vinculadas con el oficialismo.
La Mecha ya expuso el contraste entre el avance del expediente del acueducto, que alcanza a Sergio Uñac y Cristian Andino, y otras denuncias políticamente sensibles: las 465 compras directas por casi $4.800 millones de la gestión Orrego al empresario José Nazareno Gazzé y el archivo de la investigación contra el asesor de Deportes Héctor “Willy” Lucero por el supuesto desvío de un subsidio de $16 millones.
Los expedientes tienen diferencias, pero esas diferencias deben explicarse públicamente. La conducción del Ministerio Público tiene que responder por sus criterios de investigación.
El fundamento para reclamar la intervención federal
La inhibitoria sostiene que el financiamiento del proyecto ascendió a US$198.087.476,50, con un aporte nacional de US$99.043.738,25 y dos créditos internacionales respaldados por la Nación.
Además, reproduce cláusulas del convenio que atribuyen a la Subsecretaría de Recursos Hídricos funciones de supervisión, conformidad para los desembolsos, auditoría y control. Sobre esa base, la defensa argumenta que los hechos investigados podrían afectar recursos nacionales e involucrar actuaciones de funcionarios federales.
A ese planteo, Nasser sumó una denuncia política: “La mediatización de este caso es inaudita, y ni hablar de la politización de esta causa, en el marco de las próximas elecciones de 2027, buscando generar una condena social”.
Rafecas deberá evaluar la competencia después de recibir los informes y escuchar al fiscal federal. Mientras tanto, la Fiscalía sanjuanina enfrenta una exigencia concreta: explicar qué investiga, cómo garantiza el derecho de defensa y qué criterios utiliza para determinar quiénes deben responder por la obra.