El abogado de Uñac calificó la causa del acueducto: “Es el emblema de la persecución política”

Marcelo Fernández, abogado del senador nacional Sergio Uñac, cuestionó la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y respaldó los argumentos del pedido para que el expediente pase a la Justicia Federal. En una entrevista en Radio Sarmiento, el defensor sostuvo que existe una selección política de los investigados y rechazó que la suspensión de la audiencia de formalización sea atribuida a una estrategia dilatoria de su representado.

“Entiendo que esta causa es el emblema de la persecución política”, afirmó Fernández. Para fundamentar su posición, señaló que hay funcionarios de la actual gestión provincial que intervinieron en la obra y que, según sostuvo, no fueron convocados.

“Existe actualmente un funcionario actual del gobierno actual que tuvo una participación directa en la dirección de la obra del acueducto”, expresó. Aunque evitó identificarlo, cuestionó que esa persona no hubiera sido citada “al menos como testigo”. Se trata de un señalamiento de la defensa, que no constituye una conclusión judicial sobre la investigación.

El planteo coincide con los cuestionamientos del abogado del expresidente de OSSE Sergio Ruiz, Mohamed Nasser Uzair. El defensor identificó al actual titular del organismo, José Luis Beltrán, como uno de los funcionarios cuya ausencia entre los convocados objeta.

Fernández también explicó la ausencia de Uñac en la audiencia del miércoles 14 de octubre. Aseguró que respondió a compromisos parlamentarios que le impedían asistir e incluso conectarse de manera remota. Indicó que la jueza Mónica Lucero tuvo por justificada la incomparecencia y que él había sido designado defensor aproximadamente una hora antes de la audiencia.

Según informó Tiempo de San Juan, la magistrada reprogramó la instancia tras las ausencias de Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, y dispuso que los once investigados comparezcan presencialmente en la próxima convocatoria. Al momento de esa publicación, no había una nueva fecha.

Para Fernández, la audiencia podía continuar con la presencia de los abogados y el registro audiovisual disponible para las partes. Afirmó, además, que Uñac había comunicado por escrito que no realizaría manifestaciones en esa instancia y que aguardaría conocer la imputación formal.

“Ayer podría haberse formalizado la causa”, sostuvo. Desde esa interpretación, cuestionó la postura de la Fiscalía de exigir la presencia de todos los investigados y rechazó que las demoras se carguen sobre las defensas.

Otro eje de la entrevista fue la discusión sobre qué jurisdicción debe intervenir. Fernández dijo compartir los fundamentos del planteo presentado por Ruiz, basado en el financiamiento nacional y las garantías del Estado nacional vinculadas con la obra. Explicó que había conversado con su abogado y anticipó que, de sostenerse esos fundamentos, la defensa de Uñac adheriría a esa posición.

La presentación ya generó una actuación del juez federal Daniel Rafecas, quien el 13 de octubre requirió información sobre el objeto y el estado del expediente provincial. Esa medida busca evaluar la competencia: no implica que la causa haya sido trasladada ni que su trámite esté suspendido.

Respecto de la situación de Uñac, Fernández sostuvo que no corresponde atribuirle responsabilidad penal por su sola condición de exgobernador. Su argumento se apoyó en el carácter autárquico que atribuyó a OSSE y en las responsabilidades de las autoridades que intervinieron en las contrataciones.

“Hoy actualmente nosotros no tenemos una imputación concreta sobre la cual podamos ejercer la defensa”, afirmó. Con la formalización pendiente, la defensa espera conocer qué hechos y conductas le atribuirá la Fiscalía al senador, mientras avanza en paralelo la discusión sobre la competencia judicial.