Riders Unidos: los repartidores de San Juan se organizan frente a la precarización de las apps
Más de 3.000 sanjuaninos trabajan bajo el mando de un algoritmo que premia la exposición a climas extremos y castiga el descanso. Tras años de promesas políticas incumplidas y una «libertad» precarizada, los trabajadores lanzaron una agrupación inédita en la provincia para negociar seguros y obras sociales por su cuenta.
En la provincia de San Juan, más de 3.000 repartidores de aplicaciones pedalean y aceleran todos los días en un limbo legal. Mientras el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Modernización Laboral —que para muchos solo formaliza la precarización—, los trabajadores decidieron que no podían seguir esperando una regulación acorde. Así nació Riders Unidos, una agrupación que busca conseguir personería jurídica para tramitar sus propias obras sociales y seguros de vida frente al abandono sistemático de las empresas y del Estado.
La calle está dura y el bolsillo lo siente. Cristian Guevara, un repartidor local y referente del sector, explicó a Canal 13 San Juan que la supuesta cobertura médica que ofrecen las apps no tiene prestadores en San Juan. ¿El resultado? Terminan en el hospital público. A esto se suma que la demanda cayó en picada: apenas llegan a los 300 pedidos mensuales, una cifra que ni siquiera roza la canasta básica. Para sobrevivir, muchos estiran sus jornadas hasta 12 horas y suman changas paralelas, desde arreglar celulares hasta dar clases de kickboxing, como en el caso de Guevara.
El modelo de negocio se vende con una gran promesa: ser tu propio jefe. Sin embargo, en la práctica, el algoritmo opera como un capataz invisible e implacable. En plataformas como PedidosYa, los trabajadores están segmentados en ocho categorías de un ranking que se actualiza semanalmente. La trampa es que si rechazan pedidos o no salen a trabajar en los momentos más bravos —como un día con temperaturas extremas, lluvia o en pleno viento Zonda—, el sistema los castiga bajándolos de nivel, lo que significa menos viajes y menos plata.
Esta presión constante deja secuelas en el cuerpo de una fuerza laboral compuesta, en su gran mayoría, por jóvenes varones. El desgaste físico es la norma: rodillas resentidas, espaldas encorvadas y dolores crónicos de muñecas. Además, el riesgo económico es todo suyo. Si se rompe la moto o hay un accidente, la empresa simplemente se lava las manos. No es casualidad que el 80% de los repartidores sanjuaninos esté atrapado en préstamos usureros, endeudándose para comprar repuestos o reponer el vehículo que les permite trabajar.
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Como si fuera poco, la inseguridad dicta las reglas en los barrios. El robo de motos y celulares es moneda corriente, y las zonas rojas del Gran San Juan se convirtieron en territorios prohibidos. En este contexto hostil, las pocas mujeres que trabajan como riders, como Nadia, quien conversó con los investigadores Florencia Ferreyra y Mariano Padín para la investigación «El trabajo de Plataformas de Reparto en el Gran San Juan 2023-25:, quedan doblemente expuestas. Frente a las promesas de los funcionarios municipales que quedaron en la nada, los trabajadores armaron su propia trinchera: grupos de WhatsApp o Facebook que funcionan como radares para cuidarse la espalda, asistirse, vender sus motos o promocionar los emprendimientos que tienen para complementar los ingresos.
La mayoría entra al ecosistema de las apps con una idea fija: es solo un trabajo de paso, un parche temporal para pagar la facultad o zafar de un apuro económico. Sin embargo, la crudeza del mercado laboral en San Juan y la falta de empleo registrado terminan convirtiendo lo transitorio en permanente. Hoy, el promedio de antigüedad de un repartidor en la provincia es de casi tres años, una cifra que duplica la media nacional y rompe con el mito de la «changa eventual».
El Congreso intentó marcarle la cancha a la nueva economía de plataformas con la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, aunque la normativa abre algunos paraguas de protección —como el derecho a rechazar viajes sin represalias, exigir seguros de accidentes y garantizar atención de soporte humano en lugar de un bot—, su letra chica esconde el núcleo del problema. La ley blanquea de una vez y para siempre la figura del «prestador independiente», desligando a las plataformas de asumir un rol de empleador.
En la práctica, esto significa que los trabajadores seguirán pagando los platos rotos: asumiendo los costos operativos, sin un salario mínimo, sin aguinaldo y sin vacaciones pagas. Para los riders sanjuaninos, la ecuación quedó clarísima. Ya sea frente a un algoritmo que los exprime, o ante una ley nacional que formaliza su precariedad, la única salida genuina es la que ya empezaron a construir en las calles al agruparse: la organización colectiva y la unidad desde abajo.
No todo está perdido
El nacimiento de Riders Unidos en San Juan es el eco de una ola de sindicalización que ya sacudió a varios países de Latinoamérica. En Colombia y Brasil, por ejemplo, agrupaciones como UNIDAPP y la Aliança dos Entregadores lideraron paros internacionales masivos —como el histórico «Breque dos Apps»— que obligaron a las plataformas a dar la cara. Esas primeras batallas callejeras consiguieron victorias urgentes para el día a día: desde la instalación de zonas de descanso seguras con baños, microondas y cargadores (conocidas como pit stops) en Colombia, hasta la creación de mesas de revisión humana para frenar los bloqueos arbitrarios de las cuentas.
Toda esa presión también empezó a torcerle el brazo a la legislación de la región. En Chile, la movilización incesante de los riders logró la sanción de una ley pionera que hoy obliga a las aplicaciones a pagar seguros de accidentes y garantizar tiempos mínimos de desconexión. En sintonía, colectivos mexicanos como «Ni un repartidor menos» empujaron reformas para que los trabajadores sean incorporados obligatoriamente al sistema de seguridad social. Un mapa regional que demuestra una sola cosa: la famosa flexibilidad de las apps no tiene por qué ser un sinónimo de desprotección absoluta.