El agua de San Juan quedó en el siglo XX: la necesidad de reformar su gobernanza
El Noveno Informe del CIGIAA, escrito por Sanna y Battistella cuestiona las normas y organismos con los que la provincia administra el recurso y plantea una reforma integral. La rigidez del sistema aparece detrás de problemas como la distribución del agua, las tierras incultas y la presión sobre el acuífero.
San Juan enfrenta una crisis hídrica que no se explica únicamente por la falta de agua. Para los especialistas Federico Sanna Baroli y Maximiliano Battistella, también existe un problema en las reglas y las instituciones encargadas de administrar el recurso. Así lo plantea el noveno informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido, titulado El fin de los dogmas, que propone discutir una nueva institucionalidad y una nueva normativa para una provincia que lleva más de 15 años atravesada por la escasez.
El diagnóstico parte de una constatación: San Juan continúa organizando buena parte de su sistema hídrico con normas sancionadas hace décadas. La Ley 13-A, que regula el Departamento de Hidráulica, data de 1942. El Código de Aguas (Ley 190-L) fue sancionado en 1978. Ambas normas son anteriores a las reformas constitucionales provincial de 1986 y nacional de 1994.
Para los autores, esas leyes adquirieron con el tiempo un carácter «sacralizado o dogmático» que dificulta revisar reglas pensadas para una realidad económica, productiva y ambiental diferente.
Uno de los puntos centrales del informe es que la disponibilidad de agua no alcanza para explicar cómo funciona el sistema. También importa cómo se distribuye, quién decide sobre ella y con qué herramientas cuenta el Estado para administrarla.
El artículo 127 del Código de Aguas es uno de los principales ejemplos. La norma impide establecer coeficientes diferenciales de riego. En otras palabras, el esquema mantiene una distribución vinculada a los derechos de riego existentes, antes que a las necesidades concretas de los cultivos.
El problema ya fue expuesto en investigaciones anteriores de La Mecha. En el Valle de Tulum existe una importante superficie con derechos de riego que permanece sin cultivar. La discusión, en un contexto de escasez, es qué sentido tiene mantener una asignación rígida del recurso cuando las necesidades productivas son diferentes.
Para el informe, esta rigidez termina convirtiéndose en un obstáculo para una gestión moderna de la red de riego. De allí que una de sus propuestas sea eliminar el artículo 127 y permitir entregas diferenciadas de acuerdo con el tipo de cultivo.
¿Y la minería?
La crítica no se limita al riego agrícola. Según el informe, el Código de 1978 tampoco contempla de manera adecuada usos que adquirieron una importancia creciente en las últimas décadas. Entre ellos aparecen la actividad minera.
El actual Código de Aguas de San Juan, se encuentra obsoleto en lo que respecta a la actividad minera, ya que no la regula conforme a la importancia económica y social que tiene para la provincia en la actualidad. Los autores señalan como un «ejemplo paradigmático» de este vacío legal el hecho de que no existen concesiones previstas para la exploración minera, lo cual obliga a la autoridad hídrica a recurrir a la «figura precaria» de permisos temporarios para suplir la falta de normativa específica.
Esta desactualización también se refleja en la composición del Consejo del Departamento de Hidráulica, donde los usuarios mineros se encuentran excluidos de la toma de decisiones, por lo que el informe propone que una nueva ley debe regular con mayor precisión este uso y garantizar su representación institucional.
Dicho en otras palabras, el Consejo de Hidráulica que es el máximo organismo de toma de decisiones, únicamente tiene representación del sector agrícola a través de sus tres consejeros regantes.
San Juan, la única provincia del país con Consejo de Hidráulica
Otro gran eje del informe es la estructura institucional que administra el recurso hídrico. Sanna y Battistella cuestionan especialmente al Consejo del Departamento de Hidráulica, al que describen como un órgano «hipertrofiado y poco resolutivo». Su composición, con representación igualitaria del Ejecutivo y los regantes, puede derivar en situaciones de bloqueo.
La crítica coincide con un problema que La Mecha publicó hace tiempo y continúa vigente: productores y regantes reclamaron por la subejecución de más de $20.400 millones correspondientes a los presupuestos de Hidráulica de 2024 y 2025. A este conflicto se le suma la nula capacidad de Hidráulica para cobrar los impuestos a los usuarios o controlar las perforaciones ilegales.
Sobre esto el informe es claro y plantea que la tensión entre los sectores productivos y el gobierno continúa sin resolverse por una legislación parchada y un marco institucional obsoleto.
Asimismo el documento presenta una visión crítica sobre la figura del Director de Hidráulica, quien además ejerce como Presidente del Consejo del organismo. A partir de una modificación legal en diciembre de 2015 (Ley 1406-A), se eliminó la necesidad de que el Director sea nombrado con acuerdo de la Legislatura. Esto transformó al Departamento de Hidráulica en un organismo «legalmente débil» en comparación con su diseño original.
Como evidencia de esta inestabilidad, los autores señalan que el Departamento de Hidráulica ha tenido siete directores en los últimos cinco años (periodo 2021-2026).
Los quince puntos para cambiar el sistema
Frente a este escenario, el informe propone quince lineamientos para una nueva legislación hídrica.
Entre ellos plantea crear una autoridad de aguas plenamente autárquica e independiente del poder político; transformar al Consejo de Hidráulica en un órgano de contralor con representación de todos los usuarios; otorgar personería jurídica y capacidad de inversión a las Juntas Departamentales; eliminar el artículo 127 e incorporar la planificación hidrológica por cuenca.
También propone hacer públicos los balances hídricos y ampliar la discusión sobre quiénes participan en las decisiones. El esquema actual está centrado principalmente en el sector agrícola, mientras que el informe plantea incorporar a usuarios mineros, industriales e indígenas.
El planteo de Sanna y Battistella, en definitiva, corre el eje de una pregunta habitual —cuánta agua tiene San Juan— hacia otra: cómo decide la provincia qué hacer con el agua que tiene.
Esa discusión aparece detrás de varios de los conflictos que atraviesan hoy al sistema: desde la rigidez en la distribución del riego y las tierras que permanecen incultas hasta la dependencia del acuífero y los reclamos por la ejecución de los recursos de Hidráulica.
Para los autores, el desafío es abandonar un esquema construido bajo condiciones que ya no existen y discutir una nueva gobernanza del agua para el San Juan del siglo XXI.