El Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero no prosperó el capítulo del manejo del fuego

En una extensa y tensa sesión que duró más de diez horas, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa original sufrió modificaciones importantes, ya que el oficialismo debió retirar capítulos clave para asegurar su aprobación ante la falta de votos.

En simultáneo, en varias ciudades del país, incluida San Juan, opositores a esta ley se movilizaron para manifestar su rechazo. Los senadores sanjuaninos Sergio Uñac y Celeste Giménez (PJ) votaron en contra, mientras que Bruno Olivera (LLA) votó a favor.

La jornada comenzó a las 14:15 y fue presidida por Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encontraba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei. Al comenzar, se decidió enviar a comisión el pedido de dos senadores para sesionar de forma virtual por motivos médicos, evitando así posibles nulidades reglamentarias que requerían dos tercios de los votos.

Los senadores que solicitaron participar de la sesión y votar de manera remota (virtual) fueron Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca). Ambos legisladores presentaron pedidos fundamentados en una justificación médica. Aunque inicialmente habían sido autorizados mediante decretos firmados por Victoria Villarruel (ad referéndum del cuerpo), al inicio de la sesión se decidió por votación a mano alzada enviar dichas solicitudes a la comisión de Asuntos Constitucionales para evitar posibles irregularidades reglamentarias, ya que habilitar la modalidad virtual sin un dictamen previo podría haber requerido una mayoría de dos tercios de los votos.

La sesión fue maratónica y tensa, y tuvo un incidente destacado cuando Patricia Bullrich aludió a la situación procesal de Jorge Capitanich, lo que provocó revuelo en el recinto. También tuvo su contraparte externa. Mientras se debatía, en las afueras del Congreso las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes.

El proyecto fue aprobado en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Una votación similar se repitió para el tratamiento en particular de los capítulos que quedaron en pie.

Previamente, el oficialismo logró frenar un intento del kirchnerismo para devolver el proyecto a comisión; la moción de José Mayans fue rechazada por 38 votos contra 31. Finalmente, el capítulo de Manejo del Fuego se retiró antes de la votación en general al quedar claro que el oficialismo no contaba con los apoyos necesarios de los bloques provinciales.

Lo que se aprobó

El núcleo del proyecto aprobado se centra en diversos puntos. Uno de los más destacados tiene que ver con los desalojos exprés, ya que se establece un procedimiento sumarísimo para casos de usurpación y ocupación. Para inquilinos con contrato que incurran en falta de pago, se dispone una intimación previa de 10 días corridos antes de iniciar la demanda judicial de desalojo. Una vez cumplido el plazo, el trámite judicial debe ser el más breve que prevea la ley.

Otro ítem importante tiene que ver con las expropiaciones. En este proyecto se modifican las condiciones para que el Estado realice expropiaciones, exigiendo una identificación específica del fin perseguido y una interpretación restrictiva de la «utilidad pública». La indemnización se limitará al valor de mercado del bien y daños directos, con un tope del 30% para el lucro cesante, salvo prueba fehaciente de un daño mayor.

También incluye la regularización dominial. La ley tiene una cláusula para facilitar la regularización de inmuebles rurales para agricultores familiares, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años para quienes residan y produzcan en el lugar.

Sin embargo, el oficialismo retiró la reforma de la ley de Manejo del Fuego, por lo que se mantienen los bloqueos de tierras por 30 y 60 años tras incendios. Previamente, también se había dado de baja el capítulo que permitía la venta de tierras a extranjeros.

Cómo sigue ahora

Tras la aprobación en el Senado durante la madrugada, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue girado a la Cámara de Diputados, donde ahora queda la definición final.

La Cámara Baja deberá debatir y votar la versión del proyecto que salió del Senado. Esta versión es considerada un texto «fileteado» o reducido, ya que el oficialismo tuvo que eliminar capítulos enteros para lograr su media sanción.

El Gobierno ya adelantó que no insistirá con la Ley de Tierras (venta a extranjeros) y se han frenado otros paquetes de desregulación tras este traspié legislativo. Tampoco forma parte del texto enviado el capítulo que buscaba modificar la ley de Manejo del Fuego, por lo que se mantienen las restricciones vigentes de 30 y 60 años para el uso de tierras incendiadas.

Los diputados deberán decidir sobre el núcleo del proyecto que sobrevivió, que incluye: la instauración de juicios sumarísimos para desalojos por usurpación y el plazo de 10 días para desocupar viviendas por falta de pago de alquiler; nuevos requisitos restrictivos para las expropiaciones estatales y cambios en el cálculo de las indemnizaciones; y la cláusula de regularización dominial para agricultores familiares mediante la usucapión de 10 años.

Existe una advertencia sobre la previsibilidad jurídica, ya que algunos legisladores consideran que el proyecto, tal como fue redactado, podría ser judicializado por afectar principios constitucionales o de no regresión ambiental.