Como es arriba, (no) es abajo
Arriba se habla de inversiones millonarias, financiamiento internacional y desarrollo minero. Abajo, distintos sectores reclaman salarios, recursos y respuestas. La tensión entre esos dos mundos marcó una semana clave para el gobierno provincial.
Fue una semana de alto voltaje político. De esas que no abundan en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego arrancó el lunes con una jugada fuerte. Presentó un proyecto para habilitar un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares en los mercados internacionales. La iniciativa fue difundida como una “ley de obras” o de “infraestructura”, aunque la oposición peronista salió rápidamente a cuestionarla y la calificó como un “cheque en blanco”. El argumento no era menor. El texto no detalla un plan de obras, tampoco precisa montos ni plazos. La discusión derivó en un tratamiento exprés y, como se preveía, el jueves la Legislatura la aprobó sobre tablas por 23 votos contra 12. Mientras tanto, comenzaron a multiplicarse reclamos que mostraron otra cara de la provincia. Sectores poco habituales en la protesta pública hicieron ruido durante la semana: taxistas, bomberos voluntarios, porteros de escuelas y trabajadores estatales nucleados en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El desafío que enfrenta hoy el inquilino de Libertador y Paula es achicar la distancia entre esos dos mundos. Por un lado, el de las grandes inversiones mineras y la promesa de un San Juan próspero, acompañado por una relación tan cercana como desigual con la Casa Rosada. Por otro, el de sectores sociales que sienten que tienen el agua al cuello y reclaman que alguien los escuche.
El celebrado “boom” minero sigue siendo, por ahora, una expectativa. Hay más discurso que anuncios y más anuncios que resultados concretos. En el universo del coaching ontológico, tan presente en estos tiempos, existe una idea recurrente: actuar como si algo ya fuera propio hasta que efectivamente lo sea. Algo de eso parece estar haciendo el orreguismo. El problema es que la realidad suele ser bastante más compleja que cualquier manual de motivación.
El RIGI fue aprobado hace dos años y la prometida transformación económica no llegó. La modificación de la Ley de Glaciares tampoco produjo cambios visibles. Hubo una feria minera presentada como una de las más importantes del mundo, pero las inversiones todavía no aparecen. En ese contexto, el reloj político corre cada vez más rápido para Orrego. Tras unos resultados electorales que dejaron interrogantes en octubre de 2025, el gobernador recurrió a sus aliados legislativos para aprobar una norma que otorga amplias facultades al Ministerio de Economía para tomar deuda sin volver a pasar por la Legislatura.
La apuesta es evidente: mostrar obras antes de 2027, cuando la gestión vuelva a ser evaluada en las urnas. Porque si no aparecen resultados tangibles, será difícil sostener el relato de éxito. Más aún mientras busca alinearse con Javier Milei. Hay un riesgo latente: si el Presidente pierde fortaleza política, el vínculo puede terminar convirtiéndose en una carga. Un salvavidas de plomo.
“Actuá como si fuera tuyo hasta que lo sea”. Otra vez aparece esa lógica. Fabián Martín aseguró que el financiamiento podría generar hasta 7.000 puestos de trabajo. Roberto Gutiérrez, por su parte, afirmó que los fondos podrían estar disponibles en agosto si la aprobación avanzaba con rapidez. Como suele decirse en las redes sociales, «guarden este tuit».
Una olla a presión
Orrego tiene una forma de conducir que incluso dentro de su propio espacio comentan en voz baja. Las decisiones importantes pasan por él. Quizás por eso, en ocasiones llega tarde.
Algo de eso parece estar ocurriendo con los reclamos sociales. Mientras concentra buena parte de su atención en la relación con Milei y en las expectativas mineras, corre el riesgo de descuidar lo que ocurre más abajo, donde las demandas se acumulan y empiezan a diversificarse. Existe un malestar económico de fondo. Y, como suele ocurrir, termina impactando también en la política provincial cuando las respuestas no llegan a tiempo.
En la misma semana en que consiguió la aprobación de una ley que lo habilita a buscar financiamiento por hasta 600 millones de dólares, el Gobierno enfrentó al menos cuatro movilizaciones de distinta naturaleza.
La primera ocurrió el lunes. Taxistas y remiseros se movilizaron por el centro sanjuanino en rechazo a plataformas digitales como Uber y DiDi. Los manifestantes denunciaron una competencia desleal y reclamaron que se aplique con mayor rigor la Ley de Transporte para equiparar las condiciones laborales. La protesta incluyó caravanas que generaron demoras en el tránsito y contó con el acompañamiento de conductores llegados desde Mendoza. Además de una regulación más estricta, los trabajadores pidieron mayores controles estatales frente a una actividad cuya rentabilidad, aseguran, se deteriora cada vez más.
El martes fue el turno de los bomberos voluntarios. Marcharon para exigir una normativa provincial que regule su actividad y reclamaron una ley específica que les garantice acceso a obras sociales, capacitaciones y un sistema de financiamiento estable para el equipamiento que utilizan a diario. La protesta atravesó momentos de tensión cuando la Policía intentó detener a uno de sus referentes por el uso de camiones de emergencia durante la movilización.
El conflicto se desactivó tras la entrega de un petitorio a las autoridades provinciales, aunque los voluntarios lamentaron la ausencia de respuestas concretas. Son cerca de 280 efectivos los que continúan esperando que se cumpla una promesa que lleva años sobrevolando la Legislatura: el reconocimiento formal de una tarea comunitaria que hoy sostienen con recursos limitados.
El miércoles llegó el reclamo de los porteros de las escuelas, los trabajadores de maestranza que realizaron un paro acompañado por una multitudinaria movilización. Los manifestantes denunciaron salarios que rondan los 650 mil pesos, la falta de estabilidad laboral y la exclusión de beneficios como el Boleto Educativo Gratuito. También reclamaron una recategorización profesional y mejores condiciones para las licencias médicas, con el objetivo de evitar descuentos que consideran injustos.
La medida de fuerza había sido convocada inicialmente por 48 horas, pero fue suspendida luego de que el Gobierno provincial accediera a abrir una mesa de diálogo. La promesa oficial de no descontar los días de paro permitió descomprimir el conflicto, aunque los trabajadores continúan en estado de alerta. El resultado de las próximas reuniones con el Ministerio de Hacienda será determinante para saber si las medidas de fuerza vuelven a extenderse en toda la provincia.
El Sindicato de Empleados Públicos también se movilizó durante la semana, aunque con una visibilidad menor que la de otros conflictos. El origen de la disputa fue la Resolución 156, una medida del Gobierno que suspendió los descuentos automáticos de las cuotas sindicales y afectó la situación jurídica de la organización. Su secretario general, José Alberto Díaz, calificó la decisión como arbitraria y sin sustento legal. Además, confirmó el inicio de acciones judiciales para intentar frenar el impacto económico que la medida tendría sobre el gremio.
Y como si todo eso fuera poco, el miércoles apareció una preocupación adicional. Las fallas en el sistema impidieron que estudiantes y docentes accedieran al Boleto Educativo Gratuito. Mientras el Gobierno provincial atribuyó los inconvenientes a actualizaciones técnicas vinculadas con la tarjeta SUBE, la Federación Universitaria sostuvo una interpretación muy distinta. Según denunció, detrás de los problemas podría existir una estrategia orientada a restringir horarios y cantidad de viajes disponibles.
Los testimonios de choferes, estudiantes y usuarios afectados alimentaron esa sospecha. Muchos señalaron que se estarían aplicando límites que no contemplan actividades extracurriculares ni las distintas realidades académicas. La situación adquiere mayor sensibilidad en un contexto marcado por el fuerte aumento que registraron las tarifas del transporte durante los últimos años.
Todo eso ocurrió en apenas una semana.
Quizás arriba sea como abajo
Son dos planos que conviven y, al mismo tiempo, parecen avanzar por carriles distintos. Dos dimensiones de una misma realidad que se vuelve cada vez más compleja. Arriba, las expectativas mineras, la toma de deuda y la promesa de obras. Abajo, sectores que reclaman por salarios, financiamiento, regulación o acceso a derechos básicos.
Nadie tiene una bola de cristal para anticipar qué ocurrirá en los próximos meses. Pero la intensidad de estos días dejó una señal difícil de ignorar. La mayoría de los conflictos que emergieron desde esas profundidades apenas encontraron espacio en los principales medios de la provincia, o al menos no ocuparon un lugar central en la agenda. La atención estuvo puesta en la iniciativa oficial y en la victoria legislativa del orreguismo.
Sin embargo, aprobar una ley en tiempo récord no necesariamente sale gratis. Los aliados suelen pasar factura tarde o temprano. Y Orrego difícilmente pueda recurrir al mismo comodín cada vez que necesite resolver una partida complicada.