SUBE vs. credencial: la pulseada entre estudiantes y el Gobierno por el boleto educativo llega a la Legislatura
En medio de una disputa explícita, La Federación Universitaria impulsa un proyecto de ley para convertir el boleto educativo en un derecho permanente y cuestiona la migración al sistema SUBE.
La disputa por el boleto educativo gratuito en San Juan llegó a la Legislatura provincial. La Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) impulsa un proyecto de ley para convertir el beneficio en un derecho permanente dentro del sistema educativo.
En paralelo, el Gobierno provincial lleva adelante una migración progresiva hacia el uso exclusivo de la tarjeta SUBE para validar el boleto. Sin embargo, desde la FUSJ aseguran que la transición fue improvisada y dejó a miles de aspirantes sin el beneficio durante los cursos de ingreso.
En diálogo con La Mecha, el presidente de la FUSJ, Gonzalo Leyes, sostuvo que el conflicto refleja una fuerte desconexión entre el diseño del sistema y la realidad universitaria. Según explicó, durante febrero numerosos estudiantes que cursaban el ingreso quedaron desamparados por la falta de vigencia del beneficio.
Desde el Gobierno, en cambio, defienden el nuevo esquema. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, asegura que el objetivo es avanzar hacia un sistema completamente digital basado en la SUBE, que permita controlar con mayor precisión el uso del boleto educativo.
Según Molina, el beneficio representa una inversión cercana a 800 millones de pesos mensuales, por lo que centralizar su validación en la SUBE permitiría auditar mejor el sistema y evitar irregularidades detectadas en años anteriores.
Para Leyes, sin embargo, la migración forzosa hacia la SUBE es “un desastre”. El dirigente estudiantil sostiene que el Gobierno está descartando un mecanismo que ya funcionaba: la credencial universitaria.
Desde la FUSJ también denuncian que el Ejecutivo intentó deslegitimar el reclamo acusando a los estudiantes de hacer política partidaria. Para el presidente de la federación, ese argumento busca correr el foco de los problemas técnicos de una plataforma que —según afirma— ha mostrado dificultades de carga y registro.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando los estudiantes detectaron que la nueva plataforma obligaba a seleccionar solo tres líneas de colectivo. La medida fue interpretada rápidamente como un posible recorte del beneficio.
Leyes relató que la reacción en redes sociales fue inmediata y que la presión pública obligó al Ministerio de Gobierno a dar marcha atrás. Desde la cartera explicaron luego que se trataba simplemente de un “sondeo” para planificar mejor las frecuencias del transporte.
A esto se suma otro problema: el desfase entre los tiempos administrativos del Gobierno y los calendarios universitarios. Mientras la inscripción al beneficio debía cerrarse a mediados de marzo, las universidades continúan matriculando ingresantes hasta julio.
Ante las críticas por la falta de datos actualizados, Molina responsabilizó a las universidades por las demoras en la entrega de padrones estudiantiles. Leyes, en cambio, interpretó esa postura como una forma de “ir contra la universidad”.
La Federación Universitaria de San Juan sostiene que, antes de que el conflicto se hiciera público, intentó en reiteradas ocasiones abrir canales de diálogo con el Gobierno provincial para abordar los problemas del sistema. Según explican desde la conducción estudiantil, esos intentos no obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades. En ese contexto —señalan— la discusión comenzó a trasladarse cada vez más a las redes sociales y a los medios de comunicación, donde la disputa por el boleto educativo terminó adquiriendo mayor visibilidad pública.
EL PROYECTO DE LOS ESTUDIANTES
En medio de este conflicto, la FUSJ decidió llevar la discusión al plano legislativo. La federación presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el objetivo de transformar el boleto educativo en una política pública permanente.
Los lineamientos principales buscan crear un marco regulatorio más amplio. La propuesta incluye no solo a estudiantes y docentes de todos los niveles, sino también al personal administrativo y de maestranza, reconociendo el rol de quienes sostienen el sistema educativo.
La iniciativa busca transformar el boleto educativo en un derecho garantizado por ley provincial, para evitar que su continuidad dependa de decisiones políticas o cambios de gestión. El objetivo de la FUSJ es establecer un marco estable que blinde el beneficio y lo convierta en una política pública permanente dentro del sistema educativo sanjuanino.
Para sostener ese esquema en el tiempo, el proyecto también incorpora un mecanismo de financiamiento específico. Entre sus puntos centrales propone la creación de un fondo que no dependa exclusivamente del presupuesto provincial y que podría nutrirse, en parte, de un fideicomiso minero financiado por empresas del sector que operan en San Juan.
La idea es generar una estructura que permita sostener el beneficio incluso en contextos de crisis presupuestaria o inflación, evitando que el costo del transporte se convierta en una barrera para acceder a la educación. Dentro de ese marco regulatorio, el proyecto también establece que el boleto educativo tenga vigencia desde febrero hasta diciembre, incluyendo los días sábados para las actividades universitarias.