Caucete: la Justicia restituyó a los concejales acusados de extorsión
El juez Walter Ramón Otiñano anuló la suspensión de Emanuel Castro y Ramiro Farrán hasta que se aclare la denuncia por extorsión e intimidaciones en su contra.
El Octavo Juzgado Civil de San Juan ordenó la restitución de Emanuel Castro y Ramiro Farrán. Los dos concejales cauceteros de Cambia San Juan fueron suspendidos a principios de noviembre tras una denuncia por extorsión presentada por Cristina García, secretaria del mismo bloque. Específicamente, la funcionaria presentó ante la Justicia chats y comprobantes de transferencias que indicarían que Castro le exigía la mitad de su salario para conservar su puesto. Las acusaciones también alcanzaron a Farrán, quien habría participado de actos intimidatorios en el domicilio de García.
Tras el revuelo que generó la denuncia penal, el presidente del Concejo Deliberante de Caucete, José Luis Giménez, quien responde a la intendenta Romina Rosas, suspendió a los dos ediles opositores. Los acusados presentaron un recurso de amparo para anular la decisión y el juez Walter Ramón Otiñano ordenó su restitución inmediata mientras se investiga el incidente.
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Cristina García acusó a Emanuel Castro de exigirle la mitad de su salario desde diciembre de 2023, cuando asumió como secretaria del bloque Cambia San Juan. En abril de 2025, tras conocerse el caso, se realizó una sesión en la que Giménez propuso generar una comisión investigadora, pero no consiguió los votos necesarios. Además, la denunciante no se presentó a dar su testimonio y publicó una carta en la que aseguraba tener una buena relación con sus compañeros —carta que, luego, García afirmó que escribió bajo coerción—.
El conflicto se dio en medio de un clima de tensión dentro del Concejo caucetero. El 6 de noviembre, el cuerpo legislativo remitió el caso a la Comisión de Asuntos Institucionales —en una sesión que luego fue anulada—. El bloque opositor al rosismo respondió con una denuncia pública contra Giménez en la que se lo acusa por abuso de autoridad.
Tras ser consultado por este medio en noviembre, Emanuel Castro acusó al presidente del Concejo y a dos de sus asesoras legales, Alejandra Quiroga y Miriam Ábrego, de «generar una crisis institucional». Sobre este asunto, Giménez declaró a La Mecha que se trata de una maniobra política y que «quieren tapar lo que está sucediendo con la denuncia penal de Castro».
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Caucete es un recurrente escenario de batallas entre el oficialismo provincial y el peronismo. Su intendenta, Romina Rosas, fue objeto de diversos ataques mediáticos por parte de propios y ajenos. El mismo Emanuel Castro, el año pasado, denunció a la jefa comunal de incrementar en un 40% los cargos políticos entre 2023 y 2024, situación que limitaría la inversión en obras públicas. Marcelo Orrego hizo eco de la acusación y pidió públicamente a los municipios que ajusten sus cuentas.
La situación hacia el interior del bloque peronista caucetero tampoco ha sido la ideal para Rosas. La intendenta no cuenta con la mayoría en el Concejo Deliberante. Además, dos de sus ediles responden, en realidad, a la referenta caucetera Sonia Recabarren y suelen alinearse con el orreguismo.
